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Trabajadores públicos chilenos en paro nacional contra el gobierno de Bachelet

Los trabajadores públicos iniciaron una huelga tras no llegar a acuerdo con el ejecutivo alrededor del aumento salarial. El gobierno sigue ofreciendo una suma menor a la que piden los trabajadores

Jueves 23 de noviembre | 18:37

El proyecto de ley de reajuste de sector publico ingreso el 27 de noviembre a tramitación legislativa, aspecto que preocupa a las y los trabajadores públicos, ya que el Gobierno de Bachelet insiste en no asegurar una mejorar real a la calidad de vida de las y los principales funcionarios de los servicios públicos del país.

La oferta del Gobierno de la Nueva Mayoría para el 2018 es un reajuste de un 2,1% nominal para los funcionarios públicos, lo que significa un alza real de un 0,3% aproximadamente, aspecto reflejado en un salario promedio de la función pública.

La mesa del sector público (MSP) reaccionó frente a la intransigencia del ejecutivo, y declaró una huelga que cumple este jueves su segundo día.

La paralización también fue convocada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), que agrupan a los trabajadores de los principales servicios públicos chilenos, que reclaman un aumento salarial de un 4,2 %, mientras el gobierno cambió su oferta desde un 1,9 a un 2,1 % de incremento.

Los servicios públicos ya se encuentran paralizados en las diferentes avenidas y calles de Arica a Punta Arenas. En regiones como Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Talca, Puerto Mont, Temuco, entre otras localidades, son los centros de salud municipal, agrupados en la CONFUSAM, donde solo mantendrán turnos de emergencia y urgencia, entrega de medicamentos (para casos de pacientes con enfermedades crónicas).

Las funcionarias de JUNJI adhirieron a la paralización, al igual que diferentes trabajadores de la educación de los establecimientos municipales, del colegio de profesores, y federaciones de asistentes de educación, funcionarios del COMPIM, FONASA, CAPREDENA, ADUANAS, SAG, tesorería general de la república, secretarias ministeriales e intendencias regionales, los servicios asociados a la ANEF, entre otros trabajadores del Estado.

Sectores de funcionarios públicos no descartan pasar de un paro de 48 horas a una paralización indefinida de los servicios del Estado, ya que es un reajuste salarial reducido y las propuestas del Gobierno de la Nueva Mayoría tampoco apuntan a resolver la precarización, flexibilización e inestabilidad laboral, entre otras materias pendientes para los trabajadores públicos. Como muestra la ley de presupuestos del 2018, que seguirá creando trabajadores a honorarios en la función pública.








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