Sociedad

ESPECULACIÓN INMOBILIARIA

Torrejón de Ardoz: 80 familias luchan por su vivienda contra el poderoso fondo buitre Blackstone

Las familias humildes que actualmente viven en el bloque del número 4 de la calle Juan Gris en Torrejón de Ardoz se han rebelado, como antes lo hicieron otras familias de Vallecas o Carabanchel, ante la subida exorbitada de los alquileres exigidos por el fondo buitre Blackstone-Fidere, su actual propietario tras su venta irregular por parte de la Comunidad de Madrid.

Juan Carlos Arias

Madrid | @as_juancarlos

Martes 10 de septiembre | 17:46

Los vecinos del número 4 de la calle Juan Gris de Torrejón de Ardoz unidos contra Blackstone. Foto: Sindicato de Inquilinos Torrejón

Con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, estas familias han planteado movilizaciones para defender su derecho a permanecer en sus viviendas, manteniendo similares condiciones a las que tenían cuando las consiguieron y eran viviendas totalmente públicas.

Las familias de los 17 portales de la calle Juan Gris en Torrejón de Ardoz se sumaron, ya durante el mes de agosto, una vez cumplidos los contratos con Blackstone-Fidere, a la campaña “Bloques en lucha” que consiste por un lado en no firmar las cláusulas abusivas que les tratará de imponer el fondo buitre y, por otro lado, en no abandonar las viviendas bajo ningún concepto. Es una campaña de lucha que se está desarrollando junto con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y que podría extenderse y unificarse con el conjunto de luchas que se están planteado por el derecho a la vivienda y confluyendo, asimismo, con las campañas de la PAH contra los desahucios y por el derecho a la vivienda sin limitaciones para la población sin recursos.

“Bloques en lucha”

La campaña “Bloques en lucha” plantea que las familias afectadas permanezcan en sus viviendas pagando lo mismo que venían haciendo hasta ahora y, en caso de que la Socimi de Fidere, el fondo buitre que gestiona las viviendas, no lo aceptara, depositar esos pagos en los juzgados. De ese modo tratarían de no ser desalojarlos por estar pagando alguna renta y a la vez luchar por lograr que se renueve el alquiler por parte del fondo, pero solo con las subidas que vienen determinadas por el incremento del IPC, mantenido de este modo básicamente las condiciones contractuales de origen.

Un planteamiento de desobediencia y rebelión frente al fondo buitre basado en la no renuncia a la vivienda, reconociéndole su derecho a incrementar la renta según el IPC, pero no a alterar las condiciones a su antojo. Tampoco se solicita una alternativa habitacional como salida, al menos por el momento, sino que en este caso la lucha se reafirma en el derecho a quedarse y conservar la vivienda que fue concedida en su día por la Administración.

En la campaña también están participando otros bloques de edificios con la misma problemática, como son los del Ensanche de Vallecas y el PAU de Carabanchel, también propiedad de Fidere-Blackstone, que vienen peleando por lo mismo desde el mes de junio pasado, solo que en este caso quién lo vendió al fondo buitre fue el Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella en lugar de la Comunidad de Madrid de Ignacio González, actualmente encausado por corrupción en varios sumarios judiciales, por cierto, uno de ellos con un ático de lujo de por medio. La posibilidad de unificar las luchas en este aspecto resulta claramente esencial de cara a lograr el éxito de la lucha.

El PP y los fondos buitres, sinónimo de corrupción

En diciembre de 2018 el Tribunal de Cuentas emitió una sentencia contraria a la venta de 1.860 viviendas sociales protegidas al fondo buitre Blackstone por parte del Ayuntamiento de Ana Botella, por haberse vendido sin una justificación financiera clara, muy por debajo del precio de mercado y no haberse facilitado la opción de compra para los inquilinos, entre otras graves irregularidades.

Esta sentencia fue posteriormente revocada gracias al voto de dos consejeros nombrados por el PP y los tribunales desestimaron de forma escandalosa las presuntas ilegalidades cometidas por Ana Botella, absolviéndola de toda responsabilidad. Todo ello, además, después de asegurar directamente la alcaldesa en Pleno municipal que las condiciones de las inquilinas e inquilinos no se iban a modificar en ningún caso después de haber enajenado las viviendas públicas al fondo buitre, algo que está claro no ha sido así y que, sin duda alguna, conocía desde el principio Ana Botella, demostrando un absoluto cinismo.

Desde el Ayuntamiento en manos de Botella se sabía que una vez que concluyera el plazo de los contratos, el fondo buitre como propietario de pleno derecho tendría las manos libres para imponer las condiciones que la lamentable ley de arrendamientos urbanos le permite imponer a sus inquilinas e inquilinos.

Subidas de hasta el 100% en los alquileres

Las subidas que se están planteando por parte del fondo buitre en el bloque de la calle Juan Gris en Torrejón de Ardoz implican incrementos del coste del alquiler que pueden llegar en algunos casos al 80%/100% sobre el precio que actualmente están pagando. Ese incremento recaería sobre familias con escasos recursos, con niños y/o enfermos a su cargo algo, evidentemente inalcanzable para la mayoría de ellos y que les abocaría al desahucio y a verse en la calle en situación de absoluta penuria y marginalidad.

De hecho, todas las inquilinas e inquilinos que residen en estas viviendas lograron el derecho a las viviendas en régimen de alquiler en función de su situación de vulnerabilidad, situación que continúan sufriendo en la actualidad, al tratarse de viviendas que eran propiedad del IVIMA.

Por eso esta lucha resulta tan esencial, siendo imprescindible que logren que se mantengan esas condiciones por las que les fueron otorgadas por la Comunidad de Madrid. El derecho a la vivienda de las inquilinas e inquilinos debe prevalecer frente al afán especulativo del fondo buitre y, por ello, la lucha se debe plantear como una defensa en favor de los derechos sociales y democráticos de la clase trabajadora y las clases populares, en este caso como derecho irrenunciable a una vivienda digna a costes aceptables por debajo del 30% de los ingresos de las inquilinas e inquilinos.

Movilizaciones y presión sobre el Gobierno de la Comunidad

En estos momentos y como parte de las movilizaciones se está preparando una manifestación en Madrid a celebrar durante el mes de septiembre para defender el derecho de las inquilinas e inquilinos a permanecer en sus viviendas manteniendo esencialmente las mismas condiciones de origen.

En la convocatoria de la manifestación pareciera existir la intención de lograr mediante la presión en la calle de implicar al Gobierno de la Comunidad de Isabel Díaz Ayuso para que realice algún tipo de mediación con el fondo buitre Blackstone-Fidere, según se ha publicado en algún medio de comunicación. Al fin y al cabo, el origen del problema se sitúa en la venta fraudulenta de estos pisos por parte de la Comunidad de Madrid para favorecer el negocio especulativo de los fondos buitre.

Aunque es necesario exigir a los Gobiernos de turno frente a los abusos de los especuladores, es necesario advertir que nada positivo puede esperarse del Gobierno de la Comunidad de Madrid en manos de Díaz Ayuso, pringada hasta arriba además en un caso de corrupción con bienes inmobiliarios familiares de por medio.

La lucha por el derecho a una vivienda digna y por lograr cambiar las políticas neoliberales de vivienda impulsadas y defendidas tanto por el PP como por el PSOE, que vienen implementándose desde el origen del Régimen del 78 y auténtica razón de la situación lamentable del derecho inexistente a la vivienda en el Estado español, sólo podrá avanzar en forma independiente de los partidos de un Régimen diseñado para favorecer a los más ricos como se ejemplifica claramente en este caso.

La lucha por el derecho a la vivienda

Las políticas y leyes neoliberales implementadas en las últimas décadas por el binomio PP-PSOE, han sido y siguen siendo las causantes de la desesperante situación de los vecinos residentes en viviendas vendidas a fondos buitre; de los millones de desahucios de familias populares y obreras, sobre todo desde el inicio de la crisis de 2008 y hasta ahora; así como de las condiciones leoninas que permiten las leyes hipotecarias y de arrendamientos y sufren los trabajadores y las clases populares, para favorecer sobre todo a los bancos y los grandes tenedores de viviendas, auténticos buitres especuladores. Leyes que solo podrán ser derogadas y sustituidas por una legislación favorable a las clases populares si cambia la correlación de fuerzas en favor de la clase trabajadora y se impone su derogación mediante la lucha de clases.

Por ello, es necesario plantear una lucha continuada que unifique, masifique e impulse una respuesta contundente contra las políticas neoliberales respecto de la vivienda, mediante movilizaciones en las calles basadas en un programa por el derecho a la vivienda como derecho social básico, que termine con los desahucios, en favor de la expropiación de las viviendas vacías en poder de los grandes tenedores, bancos y fondos de inversión básicamente, para poner esas viviendas de manera inmediata a atender las necesidades de vivienda existentes; por el control de los precios del alquiler por debajo del 30% del salario, por la inversión pública dirigida a formar un amplio parque de vivienda pública en régimen de alquiler que permita que nadie que lo necesite se quede sin vivienda, sobre todo los jóvenes que no tienen posibilidad de emanciparse, entre otras cosas, por lo inaccesible de las viviendas.

Un programa que es urgente implementar dado el estado de emergencia social en el que nos encontramos respecto a la vivienda y eso solo se logrará mediante movilizaciones y lucha directa en las calles, sin confiar en intermediarios ni mediadores de ningún tipo al margen de las propias inquilinas e inquilinos movilizados.







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