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Todo lo que debes saber sobre el juicio a los líderes independentistas catalanes

Este martes el Tribunal Supremo español comienza a juzgar a doce políticos y líderes sociales catalanes acusados por participar de manera activa en el referéndum independentistas del 1 de octubre de 2017.

Lunes 11 de febrero | 16:29

FOTO: Los líderes independentistas catalanes encarcelados. Arriba: Junqueras, Rull, Romeva, Forn y Turull. Abajo: Cuixart, Forcadell, Sànchez y Bassa.

Ante la inminencia del inicio del juicio, te explicamos lo más relevante de un proceso judicial que es continuidad del curso reaccionario del Régimen del Estado español en su intento por aplastar el movimiento democrático catalán. Un juicio que no solo atenta contra la dirección soberanista, sino al conjunto de las aspiraciones por el derecho a decidir de millones de catalanes.

-¿Cuándo empieza el juicio?

El juicio contra los líderes independentistas empezará el próximo martes 12 de febrero. Tras la filtración como posibles fechas para el 5 o 6 de febrero, el Tribunal Supremo hacía pública la interlocutoria y confirmaba esta fecha como inicio el mismo día en que los presos políticos eran trasladados a Madrid.

Según fuentes próximas al Supremo, el tribunal que debe juzgar a los presos y que encabeza Manuel Marchena, estuvo hasta ese día estudiando que pruebas aceptar o desestimar y de ahí ultimar el escrito final de los magistrados.

Además, el tribunal ha denegado posponer el juicio ante la solicitud de las defensas de Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull mediante sendos escritos en los que pedían que se garantice el derecho a la defensa dejando un espacio de tres semanas entre la interlocutoria y el inicio del juicio.

Esta previsto que el juicio se alargue en torno a unos tres meses con sesiones de mañana y tarde los martes, miércoles y jueves. Hay que tener en cuenta que los escritos de las defensas sobrepasan los 1.800 folios.

Lo que si ya se ha producido es el traslado de los nueve líderes políticos que están en prisión por orden del propio Marchena y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El pasado 1 de febrero, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn -presos en la cárcel de Lledoners-, Carme Forcadell -en Mas d’Enric- y Dolors Bassa –en la prisión de Puig de les Basses- eran trasladados en un operativo que consistió en dos fases. Los Mossos d’Esquadra fueron los encargados de llevarlos hasta la prisión de Brians II y una vez allí la Guardia Civil inició el resto de trayecto hasta Soto del Real y Alcalá Meco en un autobús y de forma individualizada entre los propios presos.

Cabe resaltar que durante el transcurso del traslado se produjeron episodios de burla e insultos hacia los presos políticos por parte de agentes de la Guardia Civil, como es el caso de uno de los miembros que iban en los furgones de los GRS de la Guardia Civil, el cual en un tuit de su cuenta personal los acusa de "golpistas ultranaZionalistas".

-¿Quién va a juicio y de que se los acusa?

En total son 18 los dirigentes independentistas que se sentarán en el banquillo de los acusados. A parte de los líderes soberanistas que están en prisión, deberán presentarse ante el Tribunal Supremo los ex consejeros del gobienro catalán Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila.

La Fiscalía acusa a Junqueras, Sánchez, Cuixart, Forcadell, Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forn de delitos de rebelión y malversación y pide para ellos penas que van de los 16 hasta los 25 años de prisión. Cabe recordar que todos ellos llevan más de un año en prisión provisional, a excepción de la presidenta del Parlament (parlamento catalán) que ingresó definitivamente en marzo de 2018. Por su parte, Mundó, Borràs y Vila están acusados de malversación y desobediencia grave, todos con peticiones de 7 años de prisión.

Además, los miembros de la Mesa del Parlament, Anna Simó, Joan Josep Nuet, Ramona Barrufet, Lluís Guinó, Lluís María Coromines y la ex diputada de la CUP, Mireia Boia, están citados ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, acusados de desobediencia grave.

Además de la Fiscalía, se presentan también como acusaciones particulares la abogacía del Estado y Vox. Esta última mantiene una elevada petición de penas de prisión que van desde los 74 años para Junqueras y la mayoría de los ex consejeros por rebelión, organización criminal y malversación, a los 12 que demanda para los miembros de la Mesa del Parlament por organización criminal y desobediencia; pasando por los 52 años para Forcadell, Cuixart y Sànchez por rebelión y organización criminal. Todas las defensas han señalado ya que ninguno de sus representados contestará a las preguntas del partido de extrema derecha durante el juicio.

Por último, al finalizar el juicio contra los 18 acusados, se abrirá la vista oral contra la cúpula de los Mossos d’Esquadra (policía de Cataluña). El mayor Josep Lluís Trapero, el ex director Pere Soler, la intendente Teresa Laplana y el ex secretario general de Interior César Puig están llamados ante la Audiencia Nacional.

Los que no están llamados a sentarse ante el tribunal son los dirigentes soberanistas exiliados como el presidente Carles Puidemont o los ex consejeros, Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, así como Marta Rovira de ERC y Anna Gabriel de la CUP, pese a que todos fueron procesados por el juez Pablo Llarena durante la fase de instrucción.

Los escritos de acusación vinculan al ex vice presidente Junqueras y los demás ex consejeross a la realización y difusión previa del referéndum independentista celebrado el 1 de octubre de 2017. En cuanto a los miembros de la Mesa del Parlament, la Fiscalía y la abogacía del Estado los sitúa como responsables de la aprobación de las leyes de Referéndum y de transitoriedad los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y Òmnium respectivamente, son a ojos de las acusaciones los responsables civiles de llamar a las masas a movilizarse e impedir que las fuerzas de seguridad acataran las ordenes judiciales tanto el 20 de septiembre como el mismo día del referéndum.

-¿Quienes conforman el tribunal y que garantías democráticas hay?

El tribunal que juzgará a los presos políticos y a los demás acusados está conformado por siete magistrados del Tribunal Supremo, de los cuales a la cabeza se encuentra Manuel Marchena. Casi todos cuentan con una dilatada trayectoria conservadora y con algunas sombras que hacen más que dudosa las garantías democráticas que reclaman las defensas de los acusados.

Manuel Marchena es el presidente y juez ponente en esta mega causa. Preside la sala segunda desde 2014 gracias a la mayoría conservadora del Consejo General del Estado. Es un juez muy próximo a José María Aznar y durante sus legislaturas estuvo muy bien situado como fiscal. Como "hazañas judiciales" cabe resaltar que fue el responsable de archivar las denuncias contra el ex ministro del Interior y el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña por revelación de secretos, prevaricación y malversación de fondos.

Andrés Martínez Arrieta y Juan Ramón Berdugo tienen en su "historial" haber absuelto a los agentes de la Guardia Civil acusados de torturar a Igor Portu y Mattin Sarasola por el atentado perpetrado en el aeropuerto de Barajas. En 2019 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por no haber investigado las torturas.

Antonio del Moral es otro de los jueces vinculado al sector más conservador y con fuertes lazos con el Opus Dei. Es conocido también por haber rebajado la sentencia de la Audiencia Nacional a Iñaki Urdangarin.

Luciano Varela tiene en su honor el hecho de ser fundador de Jueces para la Democracia y a la vez participar activamente en el juicio contra Baltasar Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo. Ana María García Ferrer y Andrés Palomo, son los otros dos magistrados que componen el tribunal.

Sin duda, vistos los antecedentes de los magistrados, de los cuales más de la mitad han dirigido o participado en causas de carácter nacionalista, se hace difícil buscar que el juicio a los dirigentes independentistas pueda contar las mínimas garantías democráticas.

De hecho, la interlocutoria del tribunal no acepta la petición de las defensas de que puedan entrar en la sala diferentes observadores internacionales. A parte de International Trial Watch- Catalan Referendum Case, son decenas las organizaciones internacionales de derechos humanos que tenían intención de asistir. El Gobierno y la fiscalía ya se habían pronunciado anteriormente en el mismo sentido que lo hace el tribunal.

En la misma línea, el tribunal ha denegado la citación como testimonios de numerosas figuras intelectuales como Noam Chomsky o Paul Preston propuestos por la defensa de los acusados. De igual forma, el tribunal que dirige Marchena ha desestimado la citación del Rey Felipe VI, amparado por la ley de enjuiciamiento criminal, así como la presencia del presidente Carles Puigdemont.

Todo ello, teniendo en cuenta que el juicio por el 1-O es un paso más en la ofensiva reaccionaria que desde el Régimen del Estado español se viene levantando para descabezar definitivamente a la dirección soberanista y aplastar al movimiento democrático catalán de raíz. Es importante remarcar que para cerrar la crisis catalana en clave reaccionaria, el gobierno del PP, con el apoyo de la Corona, Cs y el PSOE, decidieron poner al frente al Poder Judicial desatando una suerte de "supremocracia" que atenta a día de hoy contra el conjunto de las libertades democráticas.

Un Poder Judicial que, por otro lado, ha mantenido hasta la actualidad sus hilos de continuidad con la judicatura franquista. Hay que recordar que todos los jueces de la dictadura mantuvieron su cargo en la democracia y la mayor parte fueron promocionados o traspasados a un tribunal de nueva creación como es la Audiencia Nacional, sucesor del franquista Tribunal de Orden Público.

-Huelga general y movilizaciones ante el inminente juicio a los presos políticos

Ante el inminente inicio de este proceso judicial que atenta no solo contra los líderes políticos, sino al conjunto de las aspiraciones democráticas al derecho de autodeterminación de millones de catalanes, las diferentes organizaciones independentistas están impulsando una campaña de protesta y manifestaciones en vías a una movilización permanente mientras se prolongue el juicio.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana, las entidades civiles como la ANC y Òmnium, junto a los partidos soberanistas y la CUP, así como sindicatos y otros colectivos sociales y vecinales hacían publicas dos grandes manifestaciones unitarias en protesta por el juicio a los dirigentes independentistas. La primera tendrá lugar en Barcelona el próximo 16 de febrero, tres días después del inicio del juicio. La otra gran manifestación está previsto que se celebre en Madrid el 16 de marzo, un mes después.

Ya el mismo viernes pasado, día en que se efectuaba el traslado de los presos a Madrid, la Assemblea Nacional Catalana convoca concentraciones en las principales capitales catalanas bajo el lema #fakejustice y #makeamove. Además, desde primera hora del traslado hubo un acompañamiento masivo con banderas ‘estelades’ durante el primer tramo del traslado en zonas y puentes del territorio catalán. Cabe destacar que, por su parte, los Mossos d’Esquadra se emplearon con represión hacia numerosos manifestantes en diferentes puntos, en especial en los primeros metros después de salidas desde las prisiones catalanas.

Por otra parte, la ANC presentaba hace ya unas semanas su campaña internacional de denuncia y movilizaciones contra el juicio con manifestaciones previstas para el día que que empiece el proceso judicial en Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Manresa y Vic, entre otros municipios de Catalunya.

Además, está previsto que en otras ciudades europeas como París, Londres, Berlín, Roma, Ginebra o Bruselas se celebren también diferentes movilizaciones durante el transcurso del juicio, aunque aun sin fechas confirmadas.

Y por parte de la Intersindical-CSC se convoca a una huelga general para el próximo día 21 de febrero con el lema “Sin derechos no hay libertad” y coincidiendo con el séptimo aniversario de la aprobación de la reforma laboral del PP y la exigencia de la derogación de la misma. A la espera de que otras centrales sindicales se adhieran, la ANC y Òmnium, así como ERC, JxCat y Demòcrates y la izquierda independentista, entre ellos la CUP y los CDR, han hecho publico el apoyo a la convocatoria de huelga.

Desde la CUP también llaman a la movilización desde el mismo día en que empiece el juicio. En palabras del diputado cupaire Vidal Aragonès, desde la formación independentista "se están planteando concentraciones en centros de trabajo y de estudios para preparar con más fuerza la jornada de huelga del 21".

Y por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR) hacen también un llamamiento de #CamíALaVagaGeneral (Camino a la huelga general), además de preparar numerosas acciones de protesta durante el transcurso del juicio y llaman a estar atentos a las diferentes convocatorias a través de las redes sociales.

Las jornadas de huelga general convocadas y las distintas manifestaciones pueden convertirse en la primera gran acción de protesta masiva, no solo contra el juicio a los presos políticos independentistas y la represión del Régimen del Estado español, sino también para retomar con más fuerza la lucha y la movilización en las calles por la defensa del mandato del 1-O.







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