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Teletrabajo: no habrá ninguna protección laboral durante la pandemia

Este jueves obtuvo media sanción en Diputados el proyecto de consenso entre los bloques mayoritarios. Por presión patronal, no entrará en vigencia hasta 90 días después de terminada la cuarentena.

Jueves 25 de junio | 23:25

Foto // Télam

Finalmente se le dio media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley de teletrabajo que se venía discutiendo en las últimas semanas. Un tema importante para millones de trabajadoras y trabajadores que vienen desarrollando su actividad bajo esa modalidad desde que empezó la cuarentena sin ningún resguardo legal.

El texto reconoce algunos derechos: por ejemplo a la “desconexión digital”, o sea la prohibición de que el empleador se comunique con el empleado fuera de los horarios establecidos en la jornada laboral. Además se incluye la obligación de la empresa de proveer los elementos necesarios para garantizar el trabajo. Cosas que parecen elementales, pero que desde que empezó la pandemia se convirtió en causa de despidos o de rebaja salarial “por falta de conectividad” para muchos pibes y pibas de call centers, por ejemplo. También el articulo 14 plantea que los accidentes del hogar son accidentes laborales, y el articulo 6, hace mención a las tareas de cuidados de menores de 13 años, o mayores, y la necesidad de desconexión o reducción de la jornada, cuestión urgente sobre todo para las mujeres que tienen que cuidar a los chicos y trabajar al mismo tiempo.
Vanesa Siley del Frente de Todos, la presidenta de la Comisión de Legislación de Trabajo y miembro informante del dictamen de mayoría, manifestó su alegría por el consenso entre los sectores del empresariado, de los sindicatos y distintos bloques politicos.

Sin embargo, las grandes patronales tuvieron éxito en el lobby. Después de la reunión informativa en la que participaron la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la última reunión de comisión del día miércoles, tuvo novedades.

Siley presentó allí un nuevo borrador con modificaciones que abre la puerta a la flexibilización laboral y favorecen a las patronales. En primer lugar, les evita pagar los costos económicos de esta modalidad de contratación durante los casi cien días de cuarentena y más allá: en el nuevo artículo 19 se plantea que esta ley entrará en vigencia recién tres meses después de finalizado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Los costos seguirán recayendo en los trabajadores y las trabajadoras, que durante toda la pandemia no tendrán ningún tipo de protección. Este borrador tuvo dictamen de mayoría, y es el que finalmente obtuvo media sanción.

En su intervención, Nicolás del Caño del Frente de Izquierda alertó sobre este consenso entre los principales bloques y las grandes patronales: “Todo lo que se dijo en la comisión, de que estaban apurados para legislar y beneficiar a las y los trabajadores es falso, porque las patronales dijeron que no se puede aplicar ahora y entonces se van a seguir abusando. Ya llevan cien días así. Por otro lado, el “pago por objetivos” planteado en el artículo 4 abre la puerta a lo que quieren los empresarios y de lo que se han hecho eco varios diputados y diputadas de Juntos por el Cambio: la ‘promoción del teletrabajo’, que no es más que una forma de atomizar la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras, una reforma laboral en los hechos".

Facundo Moyano del Frente de Todos, por su parte, felicitó a la presidenta de la comisión por el consenso logrado. Sin embargo, planteó: “la ley no soluciona la precarización, nos tenemos que hacer cargo de ese problema, que durante todo el gobierno kirchnerista a pesar del crecimiento no se modificó y se mantuvo en un 30%, aunque después Macri profundizó eso y hoy estamos con un 40% de empleo no registrado”. Además deslizó la posibilidad de plantear una reforma laboral para “aumentar derechos”.

Romina del Plá, del Frente de Izquierda, le contestó en su intervención: “Acá se ha dicho que es necesario avanzar en una reforma laboral. De ninguna manera. Sería en función de avanzar en la pérdida de conquistas.” Y sobre la precarización denunció: “Ese 40% de trabajadores no registrados no salió de la nada. Viene de la complicidad de las direcciones sindicales con los distintos gobiernos que han dejado avanzar a esas patronales.

Si bien la ley terminó contemplando varios de los pedidos empresariales, el consenso con el Frente de Todos no impidió que diputados de Juntos por el Cambio e incluso algunos del oficialismo llevaran la voz patronal al recinto. Martín Medina del PRO, por ejemplo, se opuso al derecho a la desconexión digital: "No se tuvo en cuenta la relación de grupo, de compañerismo. Se evita que un compañero pueda solicitarle una información o un dato a otro". Para peor, sostuvo que la ley "atenta contra la creación de nuevos puestos de trabajo".

Después de la votación en general, que salió por amplia mayoría, se planteó la votación en particular. Ahí, Del Caño y Del Plá insistieron en rechazar el pago “por objetivos”, el retraso en la entrada en vigencia de la ley y que se incluyera entre otras cosas una prohibición de la contratación por monotributo, lo que habilita el fraude laboral. Además, plantearon agregar un párrafo para garantizar la posibilidad de realizar asambleas laborales, para que no queden librados a la voluntad de la dirigencia sindical que viene dejando pasar despidos y suspensiones desde que empezó la pandemia.

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Después de la votación en general, que salió por amplia mayoría, se planteó la votación en particular. Nicolás Del Caño y Romina Del Plá insistieron en rechazar el pago “por objetivos” y el retraso en la entrada en la vigencia de la ley. Además, insistieron para incluir los articulados presentados en el proyecto del Frente de Izquierda que, entre otros puntos, plantea la prohibición de la contratación por monotributo -lo que habilita el fraude laboral-, explicitar las responsabilidades de los gastos en herramientas y materiales de trabajo (computadora, conectividad, silla ergonometrica, servicios, etc.), explicitar los derechos sindicales a elegir y ser elegidos como delegados, la garantía de realizar asambleas unitarias entre trabajadores presenciales y teletrabajadores, para evitar la atomización de los trabajadores y que no queden librados a la voluntad de la dirigencia sindical que viene dejando pasar despidos y suspensiones desde que empezó la pandemia.

Sin embargo, desde el Frente de Todos se negaron a discutir los cambios. “Lamento que Vanesa Siley no acepte discutir estos cambios”, planteó Del Caño. “Hacerlo dejaría en claro el consenso entre Cambiemos y el Frente de Todos, para aceptar los cambios que introdujeron los empresarios”.







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