Política

LA MISERIA CRIMINALIZADA

Superpoblación, hacinamiento y muerte en cárceles, responsabilidad del Estado capitalista

Ante la emergencia penitenciaria y contra su propio discurso, el gobierno impulsará el uso de tobilleras y compra de móviles para traslados.

Martes 9 de julio | 00:03

A fines de marzo el Gobierno declaró la "emergencia penitenciaria" a nivel nacional y por tres años por la superpoblación de las cárceles. En ese momento, el ministro de Justicia Germán Garavano aseguraba que en tres años habían 3.500 presos más, lo que respondía a "las políticas exitosas de seguridad pública".

Hace unas semanas la Cámara del Crimen clausuró la alcaldía del Palacio de Tribunales, cuatro pisos por debajo de donde funciona la Corte Suprema. En Comodoro Py se hizo el viernes una inspección ocular por parte de Gustavo Hornos a cargo de la comisión de cárceles.

Por otro lado, Casación había fallado por la prohibición de alojar internos en Villa Devoto por cuestiones de hacinamiento y como si esto fuera poco, el penal de Marcos Paz no podrá recepcionar nuevos internos, ya que recién en 2 años terminará su ampliación que estaría destinada a recibir a la población que será trasladada del penal de Villa Devoto.

Contra su propio discurso de cárceles llenas como "logro" de su gestión, la idea del Poder Ejecutivo es aumentar la cantidad de tobilleras electrónicas para que los presos y presas de "buena conducta" cumplan arresto domiciliario que puedan tener un régimen domiciliario morigerado, y así liberar plazas en los penales.

Cárceles del Siglo XXI, castigos como en el XIX

El hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención de miles de personas en todo el país es alarmante. El gran crecimiento de la población carcelaria en prisiones federales de Argentina es un problema estructural que castiga a los sectores más empobrecidos y vulnerables.

En la actualidad, las prisiones federales tienen 14.148 personas privadas de libertad, cuando la capacidad total del sistema es de 12.235 plazas y en los últimos cuatro años se incrementó en un 50 % la cantidad de detenidos.

Un informe de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 16 de la Ciudad de Buenos Aires sobre la aplicación de la ley de flagrancia sancionada en 2016, reveló que entre junio de 2018 y junio de 2019 los casos que llegaron a judicializarse fueron en un 90 % por delitos menores.

“Del total de los casos relevados surge que en su mayoría son varones, jóvenes de entre 18 a 30 años, desocupados recientes, o que hacían trabajos en construcción, con primario completo o secundario incompleto, situación de calle o reciente situación de calle, que vivían en provincia, consumidores de sustancias prohibidas, o alcohol, o ambos, con familia disgregada, es decir población vulnerable, pobre o marginal que va en crecimiento. La mayoría son sin armas, robos pequeños, de celulares u objetos que se revenden o comida”, señala el informe

Las cárceles de Vidal

"Desde que Vidal declaró la emergencia penitenciaria y en seguridad, se sumaron 9.000 detenidos. Hoy hay 49.000 personas presas, 3.100 en comisarías, cuando el Servicio Penitenciario Bonaerense tiene 21.000 plazas. La situación es crítica, y genera condiciones inhumanas de detención. ¿Por qué en Nación va a ser diferente?”, denuncia Roberto Cipriano García, de la Comisión Provincial por la Memoria.

Desde ese organismo denuncian también que “los niveles de sobrepolación y hacinamiento llegan hasta el 300 % en distintas unidades carcelarias de la Provincia. Hay un colapso total en el sistema, y hay algo muchísimo más grave: de casi el doble de la capacidad en cárceles y el triple en comisarías". En ese distrito la emergencia se decretó apenas asumió María Eugenia Vidal, pero la situación no dejó de empeorar.

Tan grave es la situación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado bonaerense soluciones rápidas a la “crisis estructural del sistema penitenciario”.

Leé también Hacinamiento y torturas en comisarías: la CIDH reclamó medidas urgentes a Vidal

Cárceles: encierro y muertes responsabilidad del estado capitalista

El hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención, las torturas y muertes en cárceles y comisarías perduran a lo largo de todos los gobiernos, lo que demuestra que es una política del Estado capitalista para someter de manera cruel y hasta arrebatándoles la vida a miles de personas.

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, el 70 % de los detenidos en los penales federales y bonaerenses no tiene condena firme, de hecho una norma para las clases más humildes que padecen un promedio de cinco años hasta hacer efectivo el juicio oral, a pesar de que la prisión preventiva no puede extenderse legalmente por un periodo superior a dos años, y que la tasa de absolución resulta altísima.

El kirchnerismo también es responsable

Datos de la Comisión Provincial por la Memoria muestran que entre 2009 y 2014 en las prisiones del Servicio Penitenciario Federal que alojaban a 10.074 presos murieron 272, de los cuales el 46,3 % fue en forma violenta.

En los penales del Servicio Penitenciario Bonaerense en el mismo período, habían 34.156 detenidos, y se produjeron 707 muertes de presos, de las cuales el 50 % fueron violentas. Nunca en la historia nacional hubo tantos presos (comparado con el crecimiento demográfico que se mantiene estancado) ni tantas muertes por causas evitables.

Según datos de la Correpi, en 2013 el personal policial asesinó a 44 detenidos en cárceles y comisarias, bajo la certificación de “suicidados”.

Detrás de las muertes por ahorcamiento (96 suicidios) e incendio guarece la impotencia de los detenidos, desprovistos de los más elementales derechos para conservar sus mismas vidas, obligados a soportar la humillación de requisas vejatorias a diario, efectuadas inclusive con perros.

En mayo de 2014 se declaró la “emergencia en seguridad”, mientras el discurso de mano dura era agitado por funcionarios del gobierno nacional como el secretario de Seguridad Sergio Berni, experto en las represiones en Panamericana contra los trabajadores de Lear, entre otras, o como el exgobernador bonaerense Daniel Scioli y sus integrantes de gabinete como el "Sherif" Alejandro Granados.

En ese momento fueron abatidos un número récord de personas y habilitados más de 200 calabozos en comisarías bonaerenses, aumentando un 20 % las detenciones, particularmente de los llamados delitos simples (robos, hurtos).

Bajo el mandato de Scioli, la sobrepoblación carcelaria era de casi el 50 %, según el juez Mario Alberto Juliano, titular de la Asociación Pensamiento Penal.

Una salida de fondo, no viene de la mano del Fondo

El crecimiento de la desocupación y la pobreza que golpea a miles de trabajadores, mujeres, niños y jubilados, los recortes en salud, educación, planes sociales, jubilaciones son medidas para cumplir con los "objetivos" que el Fondo Monetario impone y que todos los candidatos salvo el Frente de Izquierda Unidad, ya han adelantado que van a seguir manteniendo, a pesar de las consecuencias que saquean y arrasan con los derechos del pueblo trabajador.

Una salida de fondo para que todos y todas tengamos un trabajo digno, un techo, que la salud y la educación no sean un privilegio. Pensar en resolverlo sin romper con el Fondo es una utopía.

La única salida real es que los millones de dólares que van a manos de los especuladores y los grandes monopolios se destinen a cubrir las necesidades del pueblo trabajador.







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