Sociedad

CARCELES Y PANDEMIA

Superpoblación carcelaria y Covid -19: una combinación explosiva

La extensión mundial del Covid -19 desnudó más profundamente las condiciones a las que arrojan a los presos de las cárceles en Argentina, visibilizadas por las protestas en los úlitmos días.

Agustina Espinola

Estudiante de Derecho UNLP

Valentina Busi

Estudiante de sociología /UNLP

Miércoles 29 de abril | 20:49

Foto| Enfoque Rojo

La realidad que se vive en las cárceles no es una novedad. Como denunciamos en distintas ocasiones desde La Izquierda Diario, la superpoblación, la falta y calidad de los alimentos, las dificultades para acceder a un buen sistema de salud y recibir buenos tratamientos, la ausencia general de higiene y la falta de insumos, son una constante histórica que sufren las poblaciones carcelarias.

En las cárceles bonaerenses la superpoblación supera el 120 % y las condiciones de hacinamiento en los lugares de detención son inhumanas. En las diferentes penitenciarías bonaerenses se encuentran alojadas más de 45.500 personas, cuando la capacidad es para 22.000.

Actualmente en las cárceles federales permanecen privadas de su libertad 14.148 personas, cuando la capacidad total del sistema es de 12.235 plazas. En los cuatro años de macrismo se incrementó en un 50 % la cantidad de detenidos.

La mayoría de los detenidos se consideran culpables una vez condenados frente a la ley, proceso por el cual más del 50% de los presos aún no pasó, por ende, están con prisión preventiva, y además, dato no menor, esta cantidad importante de presos se encuentran ahí por delitos menores contra la propiedad.

La prisión preventiva que debería ser una herramienta excepcional, en la práctica se usa frecuentemente contra los sectores más pobres y es dictada con suma rapidez, antes de conocer si le son atribuibles los delitos que les imputan.

COVID-19: ¿Qué pasa con las personas privadas de su libertad?

Los detenidos denuncian que ante el coronavirus no tienen las más mínimas condiciones para poder evitar el contagio y que no cuentan con elementos básicos como lavandina, jabón, alcohol, medicación ni alimentación adecuada.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio se implementa con fuerzas de seguridad en las calles, lo que implica el control de la población para circular. Y en este caso significa, el fin de las visitas al familiar que se encuentra en la unidad carcelaria, consecuentemente la falta de provisión de la mercadería y de los elementos de higiene más básicos.

En medio de una pandemia mundial, las condiciones mínimas de salubridad no están garantizadas para la población carcelaria, ahora ni siquiera a través de la visita de familiares y amigos.

Los motines y las huelgas de hambre, reclamando mejores condiciones de vida en cárceles como la de Devoto, Varela y Olmos han sido noticia en las últimas semanas.
Esta situación encontró su punto máximo el 24 de abril, cuando en el penal de Devoto se realizó un motín al momento de que se conociera que un agente penitenciario diera positivo al Covid-19.

Los representantes de los presos vienen exigiendo que se haga efectiva la resolución firmada por el juez Víctor Violini, donde se otorga el permiso de prisión domiciliaria a 2.300 presos detenidos en penales del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esta medida se viene dilatando y los jueces de ejecución penal no la están llevando a cabo.

Se tienen que otorgar ya estos permisos para que las personas que pertenecen a grupos de riesgo, embarazadas, mujeres con hijos y mayores de 60 años puedan cumplir con la prisión domiciliaria, y de esta forma se evite el ingreso del virus a los penales, que ya fue confirmado en varios casos. La superpoblación, y el desarrollo del virus en cualquier penal puede ser una combinación explosiva.

El gobierno es responsable

Mientras que por un lado el gobierno no toma medidas urgentes para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, la Justicia también actúa en la misma sintonía. No pasó desapercibido cuando Julio Conte Grand, procurador del Poder Judicial bonaerense, dijo que aquellos abogados que defienden a los presos son unas "miserias humanas". Tampoco pasan desapercibidos los privilegios de clase que otorgan a los genocidas. El 70% tiene prisión domiciliaria. Durante la pandemia hubo más de 100 milicos solicitando este privilegio. También, no sobra decir que las celdas y pabellones dónde habitan los presos comunes no tienen nada que ver con las condiciones privilegiadas de los genocidas.

En la Provincia de Buenos Aires el presupuesto destinado a las cárceles nunca fue prioridad, desde Scioli hasta Vidal, y desde ella a Kicillof, se fue destinando cada vez menos plata el “basurero” del sistema capitalista.

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Es por esto, entre otras cosas, por las cuales las condiciones paupérrimas de vida a las que son arrojados los presos, tienen responsabilidad estatal. En las cárceles bonaerenses ya son más de 1.200 los presos en huelga de hambre. Los reclamos además de urgentes son más que razonables: piden elementos de higiene como jabón y lavandina, que la atención médica y sanitaria en los penales sea la que corresponde y que se ejecute la resolución de la Cámara de Casación bonaerense para que las personas detenidas que pertenecen a grupos de riesgo obtengan medidas alternativas de detención, como reclamo también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido, es correcto querer construir una realidad más justa e igualitaria, pero esto no se puede llevar a cabo si pasan hechos aberrantes que no denunciamos. Por ejemplo, una situación de desidia total, es que la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se haya presentado varios días después de que iniciaron los reclamos para participar de los controles de salud realizados a los detenidos.

Tarde, claramente. Todo el periodo anterior, la Secretaría de Derechos Humanos estuvo ausente para preservar la vida e integridad de las casi 45.000 personas hacinadas en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Estas situaciones deben ser denunciadas y, al mismo tiempo, se tienen que exigir al gobierno cambios urgentes en las condiciones a las que son arrojadas las personas privadas de su libertad.

Las condiciones paupérrimas de las cárceles cada vez se profundizan más a medida que la crisis en curso también se agudiza. En este sentido, lo sucedido en los últimos días en la cárcel de Varela no es menor, la situación ya había dejado a un muerto en el día de ayer, Federico Rey. Este joven murió y otros 40 detenidos fueron heridos mientras reclamaban condiciones dignas. La versión oficial fue que se trató de un enfrentamiento entre reclusos, pero los compañeros de Federico aseguran que lo mató un guardia cárcel.

La igualdad ante la ley no es la misma para todos

El sistema penal, definitivamente, no sirve para ninguno de los propósitos que se le asigna en la letra de las constituciones y en los tratados internacionales. Lo único que avanza es la degradación de la vida de los sectores más golpeados de este sistema y el control social con el fortalecimiento de las fuerzas represivas.
De no tomarse medidas urgentes para garantizar la salud de las personas detenidas ante la pandemia, estamos en las puertas de un crimen social.

En este mismo sentido la Justicia también juega un rol donde se beneficia a una clase social a costa de vulnerar los derechos de la otra. En Argentina la Justicia todavía no condenó a la mayoría de los genocidas de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, mete en cana a las mujeres por abortar, y vulnera las condiciones de vida de los trabajadores, pero mientras tanto, beneficia a los gobiernos de turno y a los empresarios.

De esta forma se puede ver cómo, ante la ley, no somos todos iguales. En el sistema capitalista en el cuál vivimos existen dos clases sociales antagónicas, una minoría que tiene los medios de producción y una inmensa mayoría que está obligada a trabajar, cada vez en peores condiciones, para poder sobrevivir. Aunque el Estado se presente como “neutral”, esto no es así, sirve para mantener el orden establecido, resguardando la acumulación de ganancias de la minoría “dueña del mundo”, e imponiendo la dominación sobre la mayoría “desposeída”.

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Los estados capitalistas mantienen este orden por medio de sus normas, aplicadas por el Poder Judicial. Entonces queda claro por qué a los pasillos de las cárceles las recorren los hijos de los obreros, metidos en ese agujero por no haber podido tener las posibilidades de llevar una vida digna, o por lo menos, con un plato de comida siempre esperándolos en casa; y no, los empresarios nacidos en una cuna de oro, que se encargan de robar a mansalva, estafando, evadiendo impuestos o enriqueciéndose con métodos fiscales hasta ilegales.

Los jurados de la Justicia encargados de dictar las leyes tienen que dejar de ser elegidos por la minoría capitalista que los hace legislar en pos de sus intereses, y tienen que pasar a ser elegidos por voto popular. Al mismo tiempo, los jueces tienen que empezar a cobrar, al igual que el resto de los funcionarios públicos, el salario que cobra un/a docente con 20 años de antigüedad, no estar más exentos de impuestos y dejar de tener jubilaciones de privilegio.

Esto se trata de sacarle el poder de decidir a una casta privilegiada, que está dispuesta a todo con tal de sostener las injusticias de este sistema.
De no ser así los delitos de “cuello blanco” seguirán siendo perdonados, mientras que a los “olvidados” por el sistema y por los distintos gobiernos, se los meterá en cana como trámites exprés, sin siquiera, estar sentenciados.
Y de esta forma los gobiernos seguirán, no solo arrojando a este inmenso sector a condiciones inhumanas dentro de estas instituciones, sino que también, los estarán condenando a una muerte segura frente a la pandemia en curso y los contagios que empezaron a aparecer en las distintas cárceles las últimas semanas.







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