Política

EDITORIAL

Subsidios a grandes empresas: ¿un Estado Hood Robin?

El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a las grandes firmas, del “Estado bobo” a empresarios vivos. Editorial de “El Círculo Rojo”, programa de La Izquierda Diario que se emite los domingos de 21 a 23 h por Radio Con Vos, 89.9.

Fernando Rosso

@RossoFer

Domingo 17 de mayo | 22:58

  •  La crisis provocada por el aislamiento obligatorio golpea con fuerza a la población en general, pero muy especialmente a los sectores más pobres o de trabajadores precarios. Este domingo por la mañana, nos despertamos con la triste noticia del fallecimiento por coronavirus de Ramona Medina, vocera de la organización La Poderosa y vecina de la Villa 31 o barrio Padre Mugica. Ella fue una de las primeras voces que desesperadamente había denunciado la falta de asistencia en un barrio que hasta el sábado a la noche, sumaba la friolera de 851 contagios. Y también murió allí Víctor Giracoy, coordinador del comedor "Estrella de Belén".
  •  Asistimos también por estos días a una intensificación de las protestas en las calles de personas que pertenecen a ese amplio mundo de los precarizados. El jueves hubo marchas en Buenos Aires y varias ciudades del país. En su mayoría jóvenes hiperflexibilizados y despojados prácticamente de cualquier derecho laboral.
  •  La realidad es que, hasta ahora, ni estos sectores ni aquellos que reclaman por despidos, suspensiones o rebajas salariales sin justificación -o directamente ilegales- han tenido respuesta positiva por parte del Estado. Todo lo contrario, Horacio Rodríguez Larreta sigue ocultando el desastre de las villas y se esconde él mismo en el blindaje que le ofrece el Gobierno Nacional. Y el Ministerio de Trabajo aplica un “siga siga” y (en muchos casos con el aval de la dirigencia sindical) homologa acuerdos que violan impunemente derechos laborales básicos.
  •  Uno de estos acuerdos -que pasó un poco desapercibido- pero que es preocupante es el que firmaron la autopartista General Motors y la química Unilever (con el consentimiento del gremio de los mecánicos, SMATA) para que la primera le “preste” trabajadores que están suspendidos a la segunda que necesita mano de obra. El acuerdo mínimo, compromete a pocos empleados (unos 15), pero abre una ventana a una forma de flexibilización o lo que llaman “multifuncionalidad” no sólo dentro de la misma fábrica o empresa, sino compartido con otras. Es inédito y dinamita cualquier forma de convenio colectivo de trabajo que ampare a los trabajadores.
  •  Otro fue el acuerdo para suspensión de todo el personal de la alimenticia Mondelez-Victoria que, luego de stockearse operando durante toda la cuarentena, cierra por un mes y rebaja el salario. Tan bochornoso fue este pacto, avalado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni y por Rodolfo Daer del sindicado de la Alimentación que hasta fue criticado en la cámara de Diputados por el legislador Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta de la Nación y un componente esencial de la coalición de gobierno. Dijo que fue un error que esperaba que su gobierno corrija, bueno, hasta ahora no se corrigió nada, estos días empezaron las suspensiones.
  •  Sin embargo, quienes no tuvieron muchos problemas para recibir una mano generosa del Estado fueron grandes empresas, entre ellas varias multinacionales a quienes les resultaría imposible demostrar pérdidas sustanciales si hicieran públicos sus balances. Pese a esto, fueron beneficiadas por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El objetivo de este programa que, en esencia, implica que el Estado se haga cargo del pago de la totalidad o parte del salario de más de dos millones de empleados dice en la letra que pretende “dar alivio económico inmediato a aquellas empresas y trabajadores afectados directamente por la caída de la actividad económica luego de las medidas de contingencia implementadas durante la Emergencia Sanitaria”.
  •  El criterio que se toma es bastante peculiar: la variación nominal de la facturación del periodo marzo-abril de 2020 respecto al del mismo periodo de 2019 debe ser 0 o inferior a 0. Esto quiere decir que si facturaron unos pesos menos que el año pasado, aunque eso no implique que hayan perdido, ya pueden acceder a los beneficios del programa.
  •  Como denunció el periodista Ari Lijalad en El Destape, grupos como Techint, Clarín o Viacom (que gerencia Telefe, entre otras firmas) lograron demostrar esa disminución y el resultado es una nueva transferencia de recursos públicos hacia sectores concentrados de la economía.
  •  También las multinacionales autopartistas que operan en el país recibieron el beneficio. Volkswagen (VW) que tiene plantas de Buenos Aires y en el Centro Industrial Córdoba, Mercedes Benz y las empresas Iveco (que fabrica camiones) y CNH que produce maquinaria agrícola, ambas perteneciente a la italiana Fiat. No pude confirmar al día de hoy si la fábrica de automóviles radicada en el barrio de Ferreyra en la ciudad de Córdoba, también estaba incluida en el programa. Es muy probable.
  •  Ya se sabe que Paolo Rocca es el hombre más rico de la Argentina y que lo siguen los accionistas del Grupo Clarín y no hace falta aburrir con cifras. Además, están entre los principales fugadores de dólares, especialmente en el jubileo que vivieron en el último tiempo. En el caso de Clarín está demostrado, además, que es tenedor de bonos de la deuda argentina.
  •  Son parte de la AEA (la Asociación Empresaria Argentina) que milita mayores concesiones a los bonistas (es decir a ellos mismos), el ajuste, las suspensiones, el levantamiento sin contemplaciones de la cuarentena.
  •  Así llegamos a una paradoja: el Estado presente financia a las corporaciones más lobbystas del país en pos de sus intereses particulares más allá de los intereses de la mayoría o del país. Como dijo el periodista especializado en gremiales, Jorge Duarte, en todo este lío, además hay “datito de color: le pagamos dos salarios mínimos al gerente de la empresa de Paolo Rocca”. Está en la nómina de los más necesitados ¿qué duda cabe?
  •  Para que se entienda: no se trata de impugnar que en una situación especial se garanticen los ingresos de trabajadores o trabajadoras; se trata de que eso no oculte que se hace para no afectar ganancias de empresas que podrían costear tranquilamente esos gastos durante uno, dos o cien meses: con toda la guita que fugaron, con toda la que ganaron o con toda la que endeudaron.
  •  Algunos hablan del “Estado bobo” que es “engañado” por empresarios “vivos”, cuando nos habían dicho que se terminaba “la Argentina de los vivos”. No creo mucho en esas explicaciones que se tiran al voleo o que buscan esconder intereses detrás de un juego subjetivo de bobos y vivos. Veo más una clase sobre el Estado, una clase de Estado o un Estado de clase.





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