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#Son30Mil: repudio a los negacionistas del genocidio

La derecha sigue empeñada en negar el genocidio. El gobierno analiza una ley para penalizar el negacionismo. La izquierda sigue planteando: son 30 mil y fue genocidio, que se abran los archivos de la dictadura en manos del Estado.

Viernes 7 de febrero | 11:21

El debate con los negacionistas no es nuevo. Desde el fin de la dictadura la derecha ha buscado poner en duda la magnitud del genocidio que se perpetró con el golpe cívico militar iniciado el 24 de marzo de 1976. Uno de sus caballitos de batalla fue negar la consigna con que los organismos de derechos humanos y la inmensa mayoría de la sociedad reclamó verdad y justicia por los asesinatos y desapariciones: “son 30 mil”.

Encabezados por los medios, intelectuales y políticos de la derecha, cuestionaron esa cifra e insistieron con la teoría de los dos demonios.

Durante la gestión de Mauricio Macri, el tema volvió con fuerza. Fue a través de las declaraciones del entonces Ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido lanzó una provocación. Semanas antes del 40ª aniversario del golpe de Estado, aseguró que "no hubo treinta mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada". El enorme repudio social hizo que Lopérfido tuviera que renunciar, aunque fue enviado como “agregado cultural” a Alemania.

De aquellos días quedó también un recordado debate en el que el escritor Martín Kohan dejó sin argumentos a Lopérfido.

El PRO no quería retroceder en todo de su política de “reconciliación”, basada en la impunidad a los genocidas y el cuestionamiento a los organismos de derechos humanos.

Como denunció en ese momento Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y referente de CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) “el negacionismo, al negar el número de nuestros desaparecidos, quiere minimizar los crímenes atroces del genocidio para lograr impunidad para los represores pero también para conseguir mayor legitimación en la represión actual”.

La izquierda y los organismos de derechos humanos independientes han enfrentado el negacionismo desde el primer momento. Fue parte de la pelea constante para que se reconozca que en la Argentina hubo un genocidio, un plan sistemático que tuvo un objetivo concreto que fue aniquilar a una generación de trabajadores, jóvenes y militantes que luchaban por cambiar de raíz la sociedad. Para que el Estado, más allá de los gobiernos de turno, responda por el paradero de los desaparecidos y los responsables de esos delitos.

El argumento de los negacionistas no resiste la realidad. Durante la dictadura cívico-militar hubo más de 600 centros clandestinos de detención. Decir que por esos lugares pasaron apenas 8.500 personas equivaldría a decir que, en promedio, por cada uno no pasaron más de 14 víctimas. Algo sencillamente insostenible. El periodista Hugo Alconada Mon publicó una nota, a 30 años del golpe de Estado, donde cuenta que agentes de inteligencia chilenos que actuaban como parte del Plan Cóndor enviaron un cable a sus superiores de la DINA, con nombres de decenas de víctimas en el país y precisando que sus contactos en el Batallón 601 han "computado 22.000 entre muertos y desaparecidos", desde 1975 y hasta "el día presente", poco después del final del Mundial de 1978” (La Nación, 2006). La información era parte de los documentos desclasificados en Estados Unidos en esos años.

En un artículo en este diario, el periodista y exmilitante montonero Miguel Bonasso detalló con números, lugares y fechas el por qué de la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos.

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Hoy el tema ha vuelto a instalarse.

El Presidente Alberto Fernández habría aceptado el pedido de los organismos de derechos humanos en París de impulsar una ley que penalice a quienes nieguen los crímenes del terrorismo de Estado. No están claros los detalles de la misma, aunque desde varios medios aseguraron que se basaría en una ley que rige en Francia para quienes nieguen el holocausto.

Lo cierto es que la mejor manera de terminar con la campaña de los negacionistas es como plantea la izquierda y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia: la apertura de todos los archivos de la dictadura en manos del Estado, de las empresas mentoras del genocidio y de la Iglesia católica. Una decisión a la que se negaron sistemáticamente el Poder Judicial y los diferentes gobiernos democráticos: Alfonsín, Menem, De la Rúa, los Kirchner, Macri. Hasta ahora tampoco lo ha planteado el nuevo gobierno de Alberto Fernández. Archivos que desde 1983 a la fecha permanentemente aparecen a cuentagotas (de acuerdo a la conveniencia de quien los devela) y demuestran que el registro del terrorismo de Estado existe y sigue guardado bajo siete llaves.







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