Géneros y Sexualidades

DERECHO AL ABORTO

Soledad Deza: "Cada vez que se activa la maquinaria punitiva para castigar un aborto, hay violencia estatal"

Ante la noticia de cuatro jóvenes presas por abortar, reflexionamos con la abogada Soledad Deza sobre el trasfondo de la criminalización de las mujeres. Porqué se las persigue; qué rol juega la justicia; cómo se accede a la ILE; con qué obstáculos se encuentran las mujeres; para qué sirven los protocolos y qué se esconde detrás de todo este andamiaje. "No solamente se van a incrementar los embarazos no intencionales para fin de año, sino que también se van a incrementar los abortos inseguros y la violencia institucional", dice la letrada que asistió a Belén en Tucumán.

Sol Bajar

Editora de Géneros y sexualidades | @Sol_Bajar

Martes 30 de junio | 21:33

Hace unos días, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito, denunció que en el primer semestre de este año hubo al menos cuatro jóvenes presas por abortar, además de mujeres criminalizadas, y también mujeres muertas por acceder a la práctica en condiciones de clandestinidad.

Según informaron, en provincias como Santiago del Estero hay en la actualidad tres mujeres, de entre 24 y 26 años que fueron presas por el "delito" de aborto, aún cuando está contemplado en el Código Penal; aún cuando hay un Protocolo para garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y aún cuando el ministerio de Salud de la Nación publicó un folleto para promover que en medio de la pandemia se pueda acceder a la ILE de manera medicamentosa, con misoprostol.

Este viernes 26 de junio se conoció un cuarto caso en esta provincia: el de una joven mamá de 23 años, que según contaron desde la Campaña Nacional de la región, "no quedó detenida porque la fiscalía decidió no acusar, pero amenazó con hacerlo".

"Mi respuesta es ‘no’"

Santiago del Estero está entre las provincias con mayor tasa de partos en niñas menores de 14 años. Pero como denuncia la Campaña, hay más mujeres de lo que pensamos. Soledad Deza, abogada de la joven Belén en Tucumán, autora de Jaque a la Reina, un libro en el recorre el espinoso camino de las mujeres criminalizadas por la penalización en la provincia que gobierna Juan Manzur, habló de este tema con La Izquierda Diario y señaló que “lo que tenemos que pensar como sociedad, cada vez que se activa la maquinaria punitivista para castigar un aborto, para investigar penalmente un aborto, sea a través de la figura que sea (porque no solamente se lo investiga a través del tipo penal de ‘aborto’, sino que muchas veces se utiliza el ‘homicidio’, el ‘homicidio agravado por el vínculo’ y demás), lo que tenemos que pensar es que hay violencia estatal, es decir, hay un Estado utilizando la herramienta más violenta que tiene, que es el derecho penal, para perseguir punitivamente a mujeres que desafían el mandato patriarcal de maternidad”.

Para Deza, "más allá de las cosmovisiones morales que tenga cada ciudadano o ciudadana sobre la decisión de abortar, el residual que nos tiene que quedar es: ‘¿queremos que una mujer que no está condiciones de gestar, de parir y de cuidar sea castigada con la herramienta más violenta que tiene el estado, que es la cárcel?’. Esa es la pregunta que nos queda, y yo, como feminista, mi respuesta es ‘no’. Me parece que el tipo penal y el poder punitivo del Estado jamás debe estar al servicio de reforzar roles de género, o de habilitar planes de vida moralmente más valiosos que otros para ciertos sectores de la sociedad”, dice.

La legalización de aborto, la maternidad y el derecho a habitar el mundo sin mandatos

La abogada de Belén, la joven injustamente encarcelada por haber sufrido un aborto espontáneo en esta provincia, que fue declarada "pro-vida" durante el debate del aborto, destaca que “esto me lleva al segundo tema: ¿hasta cuando vamos a esperar que nuestro parlamento dé la discusión sobre la legalización del aborto? Lo digo porque parte de lo que pasó en Santiago del Estero, y de todos los casos que no conocemos y que ocurren en otras provincias, tiene que ver con un proyecto que no se presenta y con una deuda con las mujeres y personas gestantes de nuestro país, que es que dejemos de habitar un lugar de ciudadanas "de segunda" dentro de una sociedad donde gestar y parir es lo que nos hace entrar a la categoría de ciudadanía”, reflexiona.

“Son muchas las discusiones que tenemos, que no se reducen a si ‘hay vida o no hay vida’, o a ‘estoy de acuerdo o no’ o es ‘un acto moralmente reprochable o no’. Lo que está en juego es hasta dónde nuestros planes de vida por fuera de los bordes patriarcales caben en esta sociedad donde el poder punitivo se utiliza con un sesgo de clase, con un sesgo patriarcal, pero por sobre todo con un fuerte sesgo de violencia, porque el derecho penal es eso: es la violencia, expropiada a la sociedad por el Estado, para volver a la sociedad un poquito ‘más justa’”.

"Entonces, este tipo de causas, donde el Estado persigue punitivamente una decisión de abortar, o un aborto en el cual no ha mediado la voluntad, porque el caso de Belén expresa eso también, lo que nos muestra es una sociedad patriarcal, machista, y por sobre todo clasista", agrega.

La pandemia, la criminalización del aborto y el aumento en los embarazos que no fueron deseados

“Claramente el contexto de pandemia aumenta los embarazos no deseados”, afirma Deza, y subraya sin dudarlo que eso se debe "a que se profundiza la violencia al interior de los hogares" y, por otro lado, "a que el consentimiento se ve afectado en muchas situaciones de violencia con el propio confinamiento que imponen las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio”.

Al mismo tiempo, destaca, la pandemia aumenta las posibilidades y las condiciones para los embarazos no deseados porque esas medidas de aislamiento social “impiden en muchísimos casos llegar a los centros de atención de salud para hacer una consulta sanitaria vinculada a la anticoncepción o a la interrupción legal del embarazo".

"Entonces, sin dudas, la de pandemia y las medidas sanitarias que se tomen para disminuir los efectos nocivos del covid, y proteger a la ciudadanía, tienen un efecto desproporcionado en las personas con capacidad de gestar. No solamente se van a incrementar los embarazos no intencionales para fin de año, sino que también se van a incrementar los abortos inseguros y, con lo mismo, la violencia institucional que supone esa brecha y esa desigualdad consolidada a partir de un sesgo de género no computado dentro de las políticas sanitarias", refiere.

No es excusa

Para Deza, la criminalización de las mujeres, como en el caso de Santiago del Estero, no debería vincularse con el problema de la aplicación de los protocolos provinciales. "Los protocolos son una estandarización de buenas prácticas clínicas, que tiene como finalidad aunar criterios para que los profesionales de la salud den una respuesta uniforme frente a situaciones que son iguales, y así disminuir los riesgos y los gastos en materia de salud”, dice, y añade que la confusión proviene “a partir del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", que exhortó a las provincias a adherir al protocolo que existe nacionalmente.

Pero esto no es así, dice Soledad, y aclara que esa es una de las trampas que tiene ese fallo que en 2012 se pronunció ante un caso de aborto no punible y por primera vez exhortó a los gobiernos a garantizar el acceso a las causales contempladas en el Código Penal.

“Los protocolos son necesarios para que los profesionales de la salud estén tranquilos acerca de cómo se va a evaluar su buena o mala praxis, pero los derechos que vinculan economía, salud, libertad y dignidad no provienen de un protocolo, provienen de que abortar en casos de embarazos forzados o riesgosos, al ser comportamientos despenalizados, descriminalización desde 1921 son opciones lícitas, y como son opciones lícitas, el Estado, que es garante del acceso a la salud”, es decir, tiene la obligación de garantizar también, “como correlato, para el ejercicio de la autonomía, las prestaciones lícitas de Interrupción Legal del Embarazo”.

"Tenga o no tenga Santiago del Estero un protocolo de ILE propio, el derecho a decidir está vigente en Santiago, y las obligaciones médicas y legales, en el ejercicio de la profesión, frente a una consulta o pedido de aborto, están vigentes”, añadió.







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