Política

CÓRDOBA

Sobre el “aumento” del salario de los presos

Estamos en la campaña electoral hacia las P.A.S.O. y pareciera que determinados candidatos de la derecha más rancia, están dispuestos a decir cualquier barbaridad para generar polémica con el gobierno.

Leticia Celli

Abogada | CeProDH

Domingo 2 de agosto de 2015 | Edición del día

Hace algunos días surgió una discusión porque se dio a conocer que el aumento al salario mínimo vital y móvil implicaría que “los presos cobren más que los jubilados”.
Esto implica por un lado, un desconocimiento grande respecto de la realidad de los hechos y del derecho y/o por el otro, que estos sectores opinan que una persona que esta privada de su libertad debe considerarse que es un esclavo, que no tiene ningún derecho ni garantía consagrado en la constitución ni las leyes de la argentina, es decir promoverían que volvamos a una sociedad semifeudal, donde si quiera se respete el principio de esta democracia burguesa de que “todos somos iguales ante la ley…” por el cual se iguala a quienes no tienen nada, de los que tienen todo el poder económico.

Dentro de este orden establecido, todo trabajador que pone su tiempo al servicio de un empleador, que puede ser privado o el Estado, tiene derecho a obtener una retribución “justa” y otros tantos derechos que no son respetados ni a los trabajadores que no están privados de su libertad, por ejemplo la mitad de los trabajadores en la Argentina cobra menos de $6.000 pesos mensuales -la mitad de lo que está la canasta básica familiar-, el 40% está en negro, etc.

Quienes cuestionan que los presos cobren por trabajar, que quieren decir que lo que producen, que deriva en bienes o servicios, se le debiera regalar a los patrones o al Estado?.

Vale la pena aclarar que la población carcelaria en Argentina está integrada por un 70% de presos que tienen entre 18 y 34 años aproximadamente que en el 60% de los casos están presos sin condena firme, lo cual es completamente inconstitucional y violatorio de cualquier garantía básica, y la mayoría está detenida por delitos contra la propiedad menores y por infracción a la ley de drogas.

Los detenidos que supuestamente cobran son los que tienen la posibilidad de trabajar que en la Argentina es alrededor del 20 % de la población carcelaria, es decir alrededor de 20.000 detenidos.

El artículo 120 de la ley 24.660 (la ley nacional de ejecución de las penas privativas de la libertad) establece que: “El trabajo del interno será remunerado, salvo los casos previstos por el artículo 111. Si los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a entidades de bien público, el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo, vital y móvil. En los demás casos o cuando la organización del trabajo esté a cargo de una empresa mixta o privada la remuneración será igual al salario de la vida libre correspondiente a la categoría profesional de que se trate”.

Asimismo es erróneo decir que cobran ese monto(ahora supuestamente superior al monto que cobran los jubilados) ya que el artículo 121 de la misma normativa dispone que: “La retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente: a) 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia; b) 35% para la prestación de alimentos, según el Código Civil; c) 25% para costear los gastos que ocasionare en el establecimiento, y d) 30% para formar un fondo propio que se le entregará a la salida”.

Es decir, el que tiene la suerte de trabajar y la fortuna de cobrar el fondo-porque entre medio está toda la corrupción del sistema penitenciario- que generó trabajando, es necesario decir que hoy por hoy eso implicaría que se llevaría, al salir en libertad, poco más de $1.500 pesos mensuales, con todas las deducciones que tienen.

Los candidatos de Massa y Macri que han dicho estas barbaridades-como otras- está claro que quieren volver atrás con derechos y garantías básicas. Pero, al candidato del supuesto proyecto nacional y popular nada se le escuchó decir sobre este tema… Es consecuente con que las cárceles de Scioli en Buenos Aires son las que mas presos tienen sin condena, con que las violaciones a los Derechos Humanos y torturas son moneda corriente en las mismas, como lo denunciamos en esta nota.

El monto que cobran los jubilados es una burla y nadie puede discutir lo contrario, lo mismo que el monto en sí del salario minimo vital y móvil, ambos ni siquiera se acercan al monto de la canasta básica familiar, que según aproximaciones de trabajadores del INDEC ronda los $ 14.000. Está claro que para los hijos políticos de Menem esto no es una preocupación o ¿piensan resolver el problema sacándole míseros $1500 pesos mensuales a los veinte mil presos que trabajan?!!

Toda una charlatanería barata que lo único que intenta hacer con esta y otras cuestiones, conjuntamente con los medios de comunicación hegemónicos y adictos al poder político, es generar un “sentido común” de derecha, que le sea afín para los planes de ajustes que preparan para el pueblo trabajador y pobre después de Octubre.

Lo que no declaran quienes dicen estas aberraciones además, es que cobran como funcionarios políticos, entre $ 50.000 y $80.000 pesos mensuales, con el argumento de que su trabajo es de mucha importancia… como si el de los docentes que tienen a cargo la educación de los niños, o los trabajadores de la salud que salvan vidas, etc, etc, no la tuvieran. Obviamente nunca alzan sus voces cuando se suben las dietas en las cámaras de diputados, senadores, legisladores, etc. Nunca se pone en cuestión lo que ellos cobran, ahora sí se sienten con mucho derecho a hablar cuando se discute el salario de los trabajadores, y ahora de los presos.

El planteo por nuestro compañero Nicolas del Caño y todos los legisladores del PTS en el Frente de Izquierda de que “todo funcionario político cobre lo mismo que una maestra”(y lo hecho, donando el resto de sus dietas a las luchas de los trabajadores), intenta desandar estos “sentidos comunes”, y poner en evidencia que los partidos patronales hacen negocio con la política, que se constituye en una casta, que nada tiene que ver con la realidad de la mayoría de la población en la Argentina que no cubre ni la canasta básica.







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