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Sí, la policía está involucrada en desapariciones forzadas: el caso de Veracruz

Diecinueve policías y mandos fueron detenidos por estar involucrados en desapariciones forzadas. Entre ellos, Roberto González Meza, ex director de la Fuerza Civil estatal durante el gobierno de Javier Duarte (2010-2016).

Bárbara Funes

México D.F |

Viernes 9 de febrero

Se cuenta entre los detenidos Arturo Bermúdez Zurita, quien fue director de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el gobierno de Javier Duarte.

Conocido como el “Capitán tormenta” Bermúdez ya está preso por acusaciones de desvíos de recursos y abuso de autoridad. También José Óscar Sánchez Tirado, ex director de Prevención y Reinserción Social del estado está en la misma situación. A las acusaciones que enfrentan se les suma ahora la de desaparición forzada.

Otro es José López Cervantes, alias “comandante Black”, quien fue comandante de la Fuerza Especial. Los otros 15 detenidos son personal operativo de la SSP son: Cirilo Hernández Ceballos, Crecenciano Vega Domingo, Darío Arroyo Elizondo, Evaristo Sánchez Alarcón, Benigno Neftalí Rivera Acevedo, Carlos Baxin Ortiz, Daniel García Gutiérrez, Domingo Santiago Santiago, Francisco Martínez Santiago, José Óscar Rodríguez Franco, Miguel Jiménez López, Nicanor Ixmatlahua Xotlanihua, Óscar Paul Mendoza Ríos, Silvano Martínez Rivera, y Francisco Méndez Flores.

Se suma el caso de Roberto González Meza, detenido en Playa del Carmen. La fiscalía de Quintana Roo lo entregó a policías ministeriales de Veracruz quienes lo transportaron a la entidad. Se trata de uno de los funcionarios que operaban al servicio de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz hoy detenido por acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Roberto González Meza

El exjefe policial, con formación militar, estaba al mando de la Fuerza Civil de Veracruz, que pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, un cuerpo de seguridad que funcionaba con 2,000 agentes. Era uno de los hombres de confianza de Arturo Bermúdez Zurita, comandaba la fuerza que el terror allí donde iba, y la ponía a las órdenes de la organización criminal que dominara la plaza. Su presencia era sinónimo de levantones y del macabro florecimiento de fosas clandestinas.

Ambos exfuncionarios encabezaban cuerpos de seguridad, los mismos que reprimen protestas sociales, como las de maestros, las de jubilados, las de familiares de desaparecidos. En el caso de González y Bermúdez, fueron acusados de girar órdenes de detención contra distintas personas que eran capturadas sin orden de aprehensión para luego ser torturadas y luego desaparecidas.

Otro exmando policiaco, hombre de Duarte, es Nabor Nava Holguín, exsubsecretario de Seguridad Publica, quien está “desaparecido” según los abogados que llevan el caso de Roberto González.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz en octubre de 2017 emitió una recomendación después de documentar la desaparición de 81 personas, entre febrero de 2011 y octubre de 2016 en ese estado.

Mientras se registraron más de 3,600 desapariciones forzadas, con participación material o intelectual de funcionarios públicos durante el gobierno de Javier Duarte, el organismo sólo reconoció 22 casos.

La indignación de las familias de los desaparecidos, los sucesivos “descubrimientos” de fosas clandestinas –que sólo en 2017 llegaron a 343, con 225 cuerpos–, y el hartazgo ante la impunidad de los funcionarios asociados con el crimen organizado empujaron a la detención de González Meza, y de sus cómplices, quien ya fue ingresado a un penal en Veracruz.

Las detenciones: golpe de efecto de Yunes

Ahora Miguel Ángel Yunes se quiere dar baños pureza con estas detenciones, pero sobre él también pesan graves acusaciones. Este continuador de la militarización de Veracruz –la misma que impulsó Duarte– protagonizó un escándalo por intentar ocultar un reloj valuado en seis millones de pesos.

Cuando fungió como responsable de los penales federales fue la primera fuga del Chapo, en enero de 2001. Fue director del ISSSTE en momentos de desvíos multimillonarios en esa institución. Antes, como secretario de gobierno local de Patricio Chirinos, entre 1992-1997, fue el responsable político de la represión desatada contra indígenas que pedían regularizar sus tierras. Se trata de un político al servicio de los empresarios acostumbrado a la práctica de las torturas, las detenciones arbitrarias y las amenazas.

Además, pesan sobre Yunes, vinculado a los Panamá Papers, acusaciones de enriquecimiento ilícito y relaciones con la red de pederastia encabezada por los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge.

El caso de estos mandos y policías de Veracruz evidencia un secreto a voces: la participación de las fuerzas represivas en las desapariciones forzadas y su asociación con el crimen organizado. Son las fuerzas que sirven a todos los partidos que gobiernan al servicio de los empresarios. Para garantizar su impunidad y consolidar el despliegue de la militarización en México es que Peña Nieto hizo aprobar la Ley de Seguridad Interior.

Para frenar esta ofensiva reaccionaria es necesario poner en pie un amplio movimiento democrático contra la militarización y criminalización de la juventud y la protesta social y por el regreso de todos los militares a los cuarteles.

Marcha contra la Ley de la Seguridad Interior en la Ciudad de México

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