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CORRUPCIÓN EN EL PSOE

Sentencia del caso de los ERE de Andalucía: retrato de la corrupción “progresista” del PSOE

En plena gestación del posible gobierno de coalición PSOE-UP, salta al tablero político la sentencia del Caso ERE de Andalucía. Una trama corrupta que ataca el epicentro histórico del PSOE, afectando a figuras muy relevantes del partido que se apropiaron de recursos destinados a los parados, en connivencia con las grandes empresas y la cúpula sindical de la UGT. Un escándalo de corrupción que pone en cuestión el “relato” del acuerdo del PSOE-Unidas Podemos como un gobierno de “regeneración progresista” del Régimen del 78.

Juan Carlos Arias

Madrid | @as_juancarlos

Martes 19 de noviembre | 20:17

Los expresidentes Manuel Cháves y José Antonio Griñán, conversando durante el juicio de la pieza política de los ERE en la Audiencia de Sevilla. EFE/ Jose Manuel Vidal

La Audiencia Provincial de Sevilla ha hecho pública este martes la sentencia del caso de los ERE de Andalucía. La sentencia ha supuesto que la práctica totalidad de los encausados, la mayoría ex miembros del Gobierno del PSOE de Andalucía que realizaron prácticas corruptas entre el 2001 y el 2010 por un importe de 680 millones de euros, hayan resultado condenados por malversación y prevaricación continuados. Las penas dictadas han resultado bastante graves: desde los 7 a los 6 años de prisión, hasta penas de inhabilitación para cargo público de entre 15 y 9 años según los casos. El tribunal ha asumido prácticamente en su totalidad las penas que había preestablecido la fiscalía.

Solamente se han visto libres de condena dos de los 21 procesados, el ex interventor general de la Junta y el exjefe de los servicios jurídicos, es decir, los puestos más técnicos dentro de la estructura jerárquica de la Junta de Andalucía y del conjunto de los acusados.

En los casos de Manuel Chaves, la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez o el exconsejero Gaspar Zarrías, han sufrido solamente penas de inhabilitación para desempeñar cargo público durante nueve años por haber considerado el tribunal que han cometido solo uno de los delitos de los que se les acusaba, prevaricación continuada. Mientras tanto, José Antonio Griñán, ha sido condenado a seis años de prisión.

Otros cuatro exconsejeros han tenido penas más duras por haber considerado el tribunal que han cometido los delitos de malversación y prevaricación continuados: Antonio Fernández y José Antonio Viera (Empleo) con 7 años de prisión, Francisco Vallejo (Innovación) también con 7 años y Carmen Martínez Aguayo (Economía) con 6 años de prisión.

La mayor dureza de la pena en este caso es consecuencia de la malversación de fondos, que a criterio del Tribunal se deriva de que en esta fase de aplicación de las subvenciones por los ERE, ya existían informes negativos de la Intervención General de la Junta de Andalucía en los que rechazaba los procedimientos administrativos utilizados en la concesión de las subvenciones por irregulares y carecer de garantías ante la falta de controles administrativos suficientes en las concesiones de las subvenciones, algo que fue conocido por estos cargos de la Junta de Andalucía e hicieron caso omiso de esos informes.

La pena más alta la ha recibido el ex director de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero. Le han caído 7 años y 11 meses. Este fue el famoso y siniestro “personaje” que según declaraciones del que fue su chófer se gastaba la mayor parte de las “mordidas realizadas” por estos ERE que habían llevado a muchos trabajadores al paro, en “cocaína y prostitutas”.

La sentencia todavía no es firme y por lo tanto se entiende que se producirá el recurso correspondiente al Tribunal Supremo. Dado que el Tribunal Supremo ya analizó este caso cuando Chaves, Griñán y otros tres exconsejeros estaban aforados por ser parlamentarios en el Congreso o el Senado, y señaló que no veía indicios de malversación, los acusados podrían tener posibilidades de salir mejor parados finalmente de sus condenas, pudiendo salvarse de la parte o la totalidad de las penas de prisión.

El origen de la trama corrupta del gobierno andaluz del PSOE

Toda la trama corrupta de los ERE se estableció a partir del año 2000 cuando el Gobierno andaluz decide modificar el sistema de ayudas, dirigido sobre todo a grandes empresas en crisis, para dar supuestamente una respuesta más rápida a las necesidades financieras de esas empresas ante su situación de crisis.

Sin embargo, de lo que se trataba en realidad era de lograr que los costes generados por los despidos de los trabajadores que se gestionaban a través de los ERE y que eran aprobados sin ningún problema por la autoridad laboral, gracias entre otras cosas a la participación cómplice del sindicato UGT, fueran en gran parte costeados por los recursos públicos de la Junta de Andalucía.

De este modo los despidos se convertían en un negocio absolutamente redondo para las empresas, puesto que les resultaba un auténtico pelotazo financiero, al ahorrarse una cuantía importante de los costes que esos despidos les hubieran supuesto. Además, otra parte de esos recursos se destinaba a “engrasar” la red corrupta que acompañaba todo el proceso burocrático complejo de gestión de los ERE y que iba de la Junta de Andalucía a las estructuras sindicales y empresariales que se beneficiaban de las subvenciones, mientras por el camino los diferentes “conseguidores”, por lo tanto, iban apropiándose de la mordida correspondiente.

De paso y siguiendo una estrategia muy similar a la emprendida por los diferentes gobiernos de Felipe González, se lograban desviar y evitar posibles conflictos laborales y sociales que pudieran surgir ante la falta de una respuesta estructural del Gobierno andaluz ante las crisis de empleo que se generaba con los despidos. Se paralizaba y neutralizaba de este modo cualquier respuesta de los trabajadores que pasara por la defensa a ultranza del mantenimiento de los puestos de trabajo hasta el final. Algo que, en realidad, solo podía ser viable a través de medidas como la nacionalización de las empresas bajo control obrero y la prohibición total de los despidos, algo que ni por asomo se planteó el Gobierno de Chaves o Griñán. Y, desde luego, tampoco el gobierno social-liberal de Felipe González cuando llevó a cabo la traumática reconversión industrial de finales de los 80 y principios de los 90 que supuso el desmantelamiento de gran parte del tejido industrial existente en el Estado español. Un proceso que se llevó a efecto entre otras razones por las directrices recibidas desde la Unión Europea.

Un papel estelar en todo el proceso, por lo tanto, lo jugaron las cúpulas burocráticas de la UGT en Andalucía que se beneficiaron de gran parte de esas subvenciones, participando directamente en muchos de los procesos de los ERE, dándoles cobertura legal desde el ámbito sindical y paralizando cualquier proceso de contestación que por parte de los trabajadores pudiera surgir ante los despidos que se iban a producir. En ese proceso y bajo el paraguas del asesoramiento legal que la UGT prestaba, el sindicato se quedaba con un “pellizco” importante de cada uno de los ERE que, por otra parte, procuraba que salieran adelante puesto que se beneficiaba enormemente por su aprobación y aplicación.

El PSOE y la corrupción, una vez más

El PSOE ya recibió una condena histórica por corrupción en el llamado caso Filesa. En ese caso se condenó al partido por financiación ilegal, cuyos fondos se destinaron a sufragar la campaña electoral del año 1989. Desde entonces no había tenido ningún caso de condena relevante por corrupción.

La sentencia del caso de los ERE no es un caso más, ya que asciende a las altas esferas del partido. Muchos de los condenados han sido figuras destacadas del Partido Socialista. Algunos de ellos, incluso, han formado parte de los Gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. La corrupción del caso ERE es un verdadero escándalo que echa por tierra el relato de Pedro Sánchez construido sobre la base de la crítica a las corruptelas del Partido Popular.

Manuel Chaves, por ejemplo, fue ministro de Trabajo y Seguridad Social con Felipe González, pero además fue vicepresidente segundo y ministro de Política Territorial y Administración Pública del segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, fue presidente del PSOE entre 2000 y 2012, nada menos que presidente del PSOE andaluz entre 1994 y 2010, además de presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009.

Por su parte José Antonio Griñán fue presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013 y presidente del PSOE entre 2012 y 2014.

Magdalena Álvarez fue ministra de Fomento de 2004 a 2009 en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, además de vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, cargo del que dimitió al ser imputada por el caso de los ERE.

Aunque Chaves y Griñán, expresidentes y líderes históricos del socialismo andaluz, se dieron de baja en el partido en 2016 tras su inculpación durante la instrucción para tratar de cortocircuitar las posibles consecuencias políticas que podrían derivarse para el partido. Sin embargo, lo que no podría borrarse de ningún modo es que ambos gobernaron la comunidad andaluza durante 23 años, el primero de 1990 a 2009 y el segundo tras sucederle desde este año hasta 2013.

Por todo ello, Pedro Sánchez y el PSOE no pueden dejar a un lado las repercusiones políticas que la sentencia les puede acarrear, sobre todo teniendo en cuenta que desde la moción de censura contra Rajoy tras la condena del Partido Popular por el caso Gürtel, Pedro Sánchez ha pretendido erigir su llegada al poder desde un relato sostenido sobre las base de la regeneración democrática y las políticas progresistas, algo muy alejado de un caso de corrupción política como implica el Caso de los ERE de Andalucía. Y tampoco pueden hacerlo los líderes de Unidos Podemos.

¿Gobierno “progresista”? Otro sapo para Unidas Podemos

El posible gobierno de coalición pactado por el PSOE y Unidas Podemos, no sólo no será "progresista" por defender las bases del Régimen del 78, una política reaccionaria contra el derecho a decidir del pueblo catalán y el "equilibrio presupuestario" impuesto por Brusela. Además, podría comenzar marcado por esta sentencia que muestra las estructuras de corrupción que están en los cimientos de este partido, pilar del régimen capitalista español en los últimos 40 años.

La trama de corrupción que ahora se condena no es más que el lado visible de las relaciones indisolubles entre la casta política, los empresarios y la burocracia sindical, con el fin de enriquecerse a costa del pueblo. Ese ADN de la casta política sigue presente en el PSOE de Sánchez, por más lavada de cara que se le pretenda dar, no solo personificada en los “barones” del partido, sino con la defensa general que este partido hace de los intereses de los grandes empresarios y capitalistas.

La sentencia de los EREs es el primer gran “sapo” que se traga Unidas Podemos en este acuerdo de gobierno de coalición, por lo que sus dirigentes buscan mantener “perfil bajo” sobre el tema. Pero por más que lo quieran dejar pasar rápido, para volver a hablar de “gobierno progresista”, el PSOE es el partido forjado por Griñan y Chaves, el de las puertas giratorias y la casta corrupta. Esa es la verdadera “experiencia” del PSOE que Pablo Iglesias quiere unir a “la valentía” de Unidas Podemos.







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