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Sentencia criminalizadora: la Corte confirmó la extradición de Facundo Jones Huala a Chile

La resolución fue por unanimidad de los cinco “supremos”. El lonko de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen será extraditado al país trasandino para ser juzgado por un supuesto incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal.

Viernes 24 de agosto | Edición del día

Este jueves, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmó la resolución del juez federal (subrogante) de Bariloche Gustavo Villanueva para que Francisco Facundo Jones Huala sea extraditado a la República de Chile.

Allí, según la sentencia de la Corte, deberá ser juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal.

Recordemos que el pasado 5 de marzo, en el segundo juicio que trató su extradición, la sentencia del juez Villanueva fue dar curso al pedido de extradición solicitada por el Estado chileno para juzgar a Jones Huala por un delito sobre cuya responsabilidad poco pudo comprobarse. Otro dato importante, que pone de manifiesto la persecución que pesa sobre el lonko, es que el 1° de septiembre de 2016 el juez Guido Otranto declaró nula la extradición en el primer juicio que trato el pedido de Chile en 2014.

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La sentencia de Villanueva fue apelada ante la Corte por la defensa del referente mapuche. Era la última carta posible para que Jones Huala no se convirtiese en el primer líder mapuche extraditado en la historia argentina, sin embargo los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda (en voto conjunto), Rosatti y Rosenkrantz (con consideraciones propias), fallaron contra el lonko.

Los jueces desestimaron los distintos planteos formulados por la defensa de Jones Huala por los que se oponía a la extradición con base en la nulidad decretada en un pedido previo, la insuficiente aplicación al caso de la normativa que rige en materia de pueblos originarios y cuestiones varias vinculadas con el “principio de doble incriminación” respecto de los delitos antes referidos.

Asimismo, los magistrados descartaron el planteo de la defensa por el que la extradición resultaba improcedente por estar referida a delitos políticos o conexos. También desestimaron lo alegado por la defensa en relación a que en caso de ser este extraditado existiría riesgo de persecución por raza y nacionalidad o de que se aplicara una pena cruel, inhumana y degradante. Por su parte, respecto de la pretensión del requerido de ser juzgado en la República Argentina atento su carácter de nacional, señalaron que según la normativa vigente, esta cuestión resulta competencia del Poder Ejecutivo Nacional. Por último, se dispuso que el tiempo de privación de libertad al que estuvo sujeto el requerido durante el trámite de extradición sea computado por las autoridades de la República de Chile como si este lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento.

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El Poder Judicial del país trasandino lo acusa (prácticamente sin pruebas) de haber provocado junto a otras personas el incendio de un puesto en un campo de Valdivia en 2013. También de portar “armas de fuego caseras”. Cabe destacar que todos los acusados en ese causa fueron absueltos por la justicia chilena, ya que no se pudo comprobar que hubiesen cometido el delito del que se los acusaba.

En ese marco, del otro lado de la Cordillera aseguran que lo más probable es que el joven mapuche no sea condenado por los hechos de los que se lo acusa, ya que allí el caso está inmerso en un pantano judicial.

Y no hay que olvidar el escándalo político abierto en Chile alrededor de la llamada “Operación Huracán”, donde un grupo de efectivos de Carabineros está acusado (y ahí sí con bastantes pruebas) de armar causas criminales contra referentes mapuches de la Agrupación Arauco Malleco con las que justificaron sus detenciones.







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