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SANTA FE

Seguridad privada: una "changa" para los retirados de la narcopolicía

Una resolución del Ministerio de Seguridad de Santa Fe plantea que las agencias de vigilancia deben contar con personal idóneo para funcionar: sugieren miembros retirados de las fuerzas de seguridad.

Celina Tidoni

Abogada | CeProDH Rosario

Viernes 12 de agosto | Edición del día

La resolución 118 del año 2015 emitida por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, establece que las empresas de Vigilancia privadas deben contar con un Director Técnico Ejecutivo, cargo para el cuál debe contarse con idoneidad. Uno de los criterios del Ministerio para definir esta idoneidad es que sean personal en situación de retiro de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales y “que hubiesen desarrollado en sus respectivas armas, tareas de seguridad”.¿Ponen alguna otra condición para estos retirados de las fuerzas? ¿Qué no hayan formado parte de la dictadura? ¿Que no tengan causas por narcotráfico o violencia institucional? No, sobre eso no hay ni una mención.

Para el Partido Socialista las agencias de seguridad privada se han proliferado en los últimos tiempos por una necesidad de “prevenir el delito”, y para ello se dictó este dictamen ministerial. Al aumento de policías y el pedido de gendarmes y federales al Estado nacional se agrega también la política estatal hacia las agencias de vigilancia. Así lo expresa el gobierno de Lifschiz a través de la Subsecretaría de Control de Fuerzas de Seguridad y Agencia de Seguridad Privada, a cargo de Diego Martín Poretti. Según el diario LA OPINION, al 6 de agosto del 2015 las agencias de seguridad sumaban 8.226 empleados en blanco, con una cantidad similar sin estar registrados, un número más que considerable que se suma a los efectivos estatales.

Cuando hablan de prevenir el delito ocultan cualquier referencia a los propios agentes pasados a disponibilidad por haber sido alcanzados por la justicia. En La Izquierda Diario sacábamos a la luz que al mes de octubre de 2015, 400 efectivos de la policía eran separados de sus tareas por estar procesados en causas judiciales, entre ellas, varias por narcotráfico.

Lo paradójico es que para determinar quienes son aptos para la tarea de seguridad privada, manejan un manual que, podemos decir, va en consonancia con la narcopolicía de Pullaro. Es decir que los mismos sujetos que pasan a retiro en la policía de Santa Fe, en general por complicidad con el narco o la trata de mujeres, tienen un nuevo trabajo en estas agencias. Seguramente allí encontraremos muchos agentes que salen impunes de dicha fuerza, luego de haber reprimido en los barrios y de formar parte de los negociados de Los Monos, pasan a “trabajar” en los barrios privados, cobrando además un segundo sueldo. El Ministerio de Seguridad garantiza estas “changas” con esta resolución que viene desde hace varios años y que fue refrendada en 2015 por el gobierno del Frente Progresista.

La seguridad privada está en constante avance. Sus primeras legislaciones con más peso surgen con el menemismo allá por el año 1999 con un Decreto de Necesidad y Urgencia que, en el afán de privatizar, configuró el marco legal para estas agencias. Allá por el año 2004, cuando la ley antiterrorista iba cobrando más peso junto con el concepto de “mano dura” de las campañas de Blumberg, crecía enormemente su utilización. En la provincia de Santa Fe y en particular en Rosario, el crecimiento de estos “policías privados” es exponencial. Recordemos que entre otras cosas pueden portar armas y cumplen funciones de vigilancia similares a las de las fuerzas de seguridad estatal.




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