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MILITARIZACIÓN

Según la Corte no hay impugnaciones contra Ley de Seguridad Interior

A pesar del riesgo que implica la recién aprobada Ley de Seguridad Interior en materia de derechos humanos, las impugnaciones y recursos jurídicos contra ésta brillan por su ausencia.

Yara Almonte

Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM

Miércoles 3 de enero | 14:10

El nuevo período de sesiones del máximo tribunal de justicia del país, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estuvo plagado de reconocimientos sobre el gran y “progresivo avance en materia de seguridad jurídica y de resolución de controversias entre autoridades” que según el gobierno coloca a la SCJN y al sistema jurídico mexicano a la altura de los más avanzados del mundo.

En palabras de Aguilar Morales, presidente del Consejo de la Judicatura Federal, es necesario que haya seguridad para poder aplicar el derecho y que éste se vuelva una realidad. También aseguró que desde la promulgación de la Ley de Seguridad Interior el pasado 21 de diciembre, nadie ha presentado acción de inconstitucionalidad alguna.

Esto a pesar de que varios personajes, así como integrantes de la Barra de Abogados, de la Asociación de Abogados “Ignacio Burgoa” y del Colegio de Posgraduados de Derecho, han declarado en los medios sus intenciones de presentar recursos jurídicos contra la LSI y de que este martes integrantes del Consejo Nacional Ciudadano presentaron un amparo contra ésta en Monterrey.

En este año jurídico recién iniciado, algunos de los temas a tratar serán los alcances del fuero militar, las facultades de los tribunales locales para destituir los fueros de funcionarios locales, así como las acciones de inconstitucionalidad generadas por la impugnación de normas locales que resultan contrarias.

También se abordará la validez de la ley reglamentaria del artículo 6to de la Constitución referente al derecho de réplica.

Lo cierto es que esta ley reaccionaria tiene como principal objetivo legalizar la presencia de los militares en las calles y criminalizar la protesta social. Más allá de si se interponen recursos legales o no, es necesario enfrentar este nuevo ataque del gobierno de Peña Nieto y sus socios en las calles y poner en pie un amplio movimiento democrático contra la militarización.

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