Política

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Se reactiva la causa por la Masacre de Avellaneda

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Miércoles 8 de abril de 2015 | Edición del día

La causa que debía investigar a los responsables políticos del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fue cajoneada. La lucha de familiares amigos y compañeros, junto a organismos de derechos humanos, logró reactivarla.

Los políticos que se mantienen impunes, hoy “destacados” candidatos y funcionarios del massimo y el kirchnerirmos, son los que planearon la masacre que se cometió bajo el gobierno del presidente Eduardo Duhalde y el gobernador bonaerense Felipe Solá. Para este plan criminal, que tenía por objetivo doblegar a los movimientos de desocupados, contaron con el servicio de ministros y funcionarios. Juan José Álvarez, exsecretario de Seguridad Interior de la Nación, semanas antes planeo la estrategia represiva y posteriormente asumió públicamente la justificación de los crímenes.

Alberto Santillan, papá de Darío, conversó con La Izquierda Diario sobre la reapertura de la causa y afirmó que “El fiscal Miguel Ángel Osorio pidió en el año 2010 archivar la causa”. Alberto expresó su firmeza por continuar con la lucha por llevar presos a los responsables intelectuales del crimen de su hijo. “Solo dos verdugos están detenidos, y a casi trece años no han citados a los responsables políticos que ordenaron la masacre”.

El papá de Darío recuerda la conferencia de prensa que dio el entonces secretario de Presidencia, Aníbal Fernández, cuando éste sostuvo que “No hubo provocación; hubo una vocación formal de que sucediera lo que sucedió. Yo lo sé hace 20 días y hace 20 días (los piqueteros) vienen diciendo ‘vamos por un 19 y 20 de diciembre’”.

Pero la denuncia de Alberto Santillan va más allá y dice: “En la causa estos funcionarios están imputados por homicidio simple, y no encausado en que fue un crimen cometido por el Estado. Es decir un crimen de lesa humanidad”.

El padre de Darío acierta cuando señala que fue un crimen perpetrado por el Estado. Vale recordar quiénes son el resto de los funcionarios que organizaron la masacre y que aún no fueron procesados. Jorge Vanossi, exministro de Justicia, junto al exministro del Interior Jorge Matzkin y Alfredo Atanasof ex Jefe de Gabinete también instalaron la versión oficial de que los manifestantes se habían matado entre ellos. Vanossi, incluso, impulsó una acusación contra las organizaciones de desocupados en la Justicia federal. El fallecido ex jefe de la Side Oscar Soria y el vicejefe Oscar Rodríguez tuvieron contactos ese mismo día de la masacre con uno de los autores materiales, el comisario Fanchiotti. Quienes además hablaron de las "balas piqueteras" para explicar las muertes, justificar la represión y comenzar con la causa legal levantada contra los movimientos de desocupados. En los meses previos Soria ordenó la infiltración a los movimientos piqueteros y armó la versión, que hicieron pública, que estas organizaciones estaban infiltradas por la FARC de Colombia. Sostenía, además, la existencia de grupos armados dispuestos a tirar al gobierno de turno. Álvarez y Matzkin lo expresaron en conferencias de prensa los días 26 y 27 de este modo: "Los piqueteros se mataron entre ellos", y no dudaron en mostrar a estas organizaciones de lucha en subversivos cuando sostuvieron que “esto no es un hecho aislado sino de un exponente de esta nueva amenaza subversiva". También está implicado en pergeñar esta masacre Luis Genoud, quien era funcionario de Seguridad provincial en ese entonces, y que actualmente ocupa un sillón en la Corte bonaerense.

Con la consistencia que le dio los más de 13 años de lucha, el padre de Darío expresa su odio por tanta impunidad: “Darío y Maxi pelearon por todos, eran solidarios y estuvieron dispuestos a poner el cuerpo por cambiar las cosas. Pero a ellos los mataron, mientras que los asesinos gozan de fueros y se mantienen impunes”. Asimismo, Alberto no olvida el contexto social y político en que ellos peleaban.

El 26 de junio de 2002 distintas organizaciones de desocupados, sociales y partidos de izquierda se movilizaron en las inmediaciones del puente Pueyrredón para reclamar, frente a la crisis social y la desocupación creciente: aumento del salario y de los subsidios para los desocupados, más alimentos para los comedores populares y solidaridad con la fábrica ceramista Zanon. Un fuerte operativo policial los cercó. La sangrienta represión fue ejecutada por efectivos de la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.

Decenas de heridos y dos jóvenes asesinados: Darío Santillán, de 22 años, y Maximiliano Kosteki, de 21 años, militantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Este desalojo dejó un saldo de 33 heridos. A Darío las balas lo alcanzaron cerca de la estación Avellaneda. Una cámara del canal 7 filmó el momento en que dos policías provinciales dispararon sobre los manifestantes. También existen varias fotos que registraron lo sucedido y echaron por tierra la versión oficial, que además sirvieron de evidencia durante la investigación que llevó a cadena perpetua al los responsables materiales: el comisario bonaerense Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta.

Alberto tiene muchos ejemplos para demostrar que se trato de un crimen de lesa humanidad: “Ellos enviaron y prepararon cuatro fuerzas de seguridad para perpetrar la masacre. Debajo del puente estaban los buzos de la Prefectura. Increíble. Tenían un plan”. Y recuerda que ese plan contempló el desalojo, un día antes, de algunas salas del Hospital Fiorito, “previendo todo lo que podía pasar trasladaron a los pacientes” para atender eventuales heridos.

El papá de Darío concluyó reivindicando la lucha de su hijo: “Darío y Maxi tenían muchas convicciones. Tenían mucho para dar. Estos políticos corruptos no le llegan ni a los talones”.







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