Juventud

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Se duplicó la violencia policial contra niñas, niños y adolescentes

Según la Procuvin, en el último año de Cristina como Presidente y de Macri como jefe de Gobierno, la Federal y otras fuerzas multiplicaron las torturas a la juventud en la Ciudad de Buenos Aires.

Daniel Satur

@saturnetroc

Martes 27 de septiembre de 2016 | Edición del día

“Una vez que me detuvieron me pegaron en el patrullero”… “Me apretaron las esposas fuerte, yo lloraba porque sentía que no me circulaba la sangre”... “Estoy operado por un problema en los tendones. En vez de hacerme caso me las apretaron más y me pegaron en la espalda”.

“Cuando esa gente se me empezó a acercar el mismo policía les decía que yo robé y la gente me empezó a patear y ellos (los policías) no hacían nada”.

“Nos sacaban fotos, nos preguntaban cosas y nos picaneaban los brazos. También nos acercaban a la cara la picana haciéndola sonar cerca. Escuchaba los gritos de cómo picaneaban y le pegaban a mi compañero en la oscuridad”.

“Me pusieron una remera cubriéndome la cara y también un buzo, no podía respirar, me estaba asfixiando, gritando pedía que lo saquen”.

“Cuando me detuvieron, solamente había policías hombres, me querían revisar y esposar, no había policías mujeres. Ahí vinieron las policías mujeres y me insultaban, diciéndome ‘hija de puta’, ‘negra de mierda’, ‘villerita’, metiéndose en el patrullero”.

Torturas, físicas y psicológicas. Testimonios con tono semejante al de muchos relatos de sobrevivientes de la dictadura. La Policía Federal, la Metropolitana, la Prefectura y la Gendarmería como victimarios. ¿Las víctimas? Niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años. ¿Cuándo? 2015.

Y la invalorable cobertura para los represores por parte de los grandes medios de comunicación, obsesionados siempre por que nada empañe sus cruzadas por la “seguridad ciudadana”.

Botones de muestra

La semana pasada la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) publicó un informe titulado “Violencia policial sobre niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”, al que puede accederse ingresando a la página web del Ministerio Público Fiscal.

El documento reúne las denuncias penales realizadas durante 2015 por víctimas o familiares ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Obviamente (y como aclaran desde la propia Procuraduría) esas denuncias “son apenas una porción que sub–registra el fenómeno”, ya que gran parte de los casos de violencia policial no terminan siendo denunciados ni mucho menos llegan a ser tenidos en cuenta por el Estado.

Sin embargo, pese a lo limitado del registro, el informe sirve para confirmar el modus operandi de las fuerzas de “seguridad” federales y locales, en este caso con el objetivo de amedrentar, criminalizar y controlar a la población joven y pobre.

El doble

Entre 2013 y 2014 el Sistema de Registro y Seguimiento de Intervenciones de la Procuvin había contabilizado casos de violencia policial sobre 199 niñas, niños y adolescentes. El mismo relevamiento respeto al año pasado arrojó, comparativamente, un crecimiento de casi el doble. Entre enero y diciembre de 2015 el Sirsip contabilizó unos 347 casos que involucran a 378 víctimas. Todo, vale recordar, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

De las 378 víctimas, 346 fueron varones y 32 mujeres. A su vez, cuatro de cada diez tenían trece años o menos, siendo el más chico de todos un niño de diez años. Pero las diferencias de género y de edad no implican variaciones en el tenor de los testimonios. Por el contrario, la conducta de comisarios, oficiales y suboficiales de todas las fuerzas es similar en todos los casos, demostrando que la brutalidad uniformada no discrimina.

La de Berni y la de Montenegro

Las torturas, los apremios ilegales y las vejaciones a la juventud por parte de las fuerzas de “seguridad” registrados por la Procuvin ubican a la Policía Federal y a la Metropolitana al tope del tétrico ranking de victimarios.

De los 347 casos registrados la Federal protagonizó 295, es decir casi ocho de cada diez; mientras que la Metropolitana tuvo participación en 45 (12 %); la Prefectura en 27 (7 %) y la Gendarmería en 21 (6 %).

La brecha entre la Federal y la Metropolitana, sin embargo, es mucho menor que lo indican esos porcentajes, ya que hasta el año pasado el territorio cubierto por la fuerza porteña era reducido con respecto al de la fuerza nacional. En ese sentido, pese a los diferentes uniformes y las diferentes “gestiones” políticas a las que obedecían esas fuerzas (macrismo en un caso, kirchnerismo en el otro) los métodos y sus efectos tienen características similares.

Por eso en 2015, mientras Sergio Berni hacía campaña por Daniel Scioli y Guillermo Montenegro batallaba por Mauricio Macri, ni el jefe de la Federal, de la Gendarmería y de la Prefectura ni el de la Metropolitana esgrimían diferencias respecto al accionar brutal de sus subordinados.

Otro dato relevante es que la mayoría de las denuncias se concentra en un puñado de barrios porteños como Retiro, San Nicolás, San Telmo, Monserrat, Constitución, San Cristóbal, Balvanera, La Boca, Barracas, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Almagro y Boedo. Precisamente una de las conclusiones de la Procuvin es que esos barrios de la zona sur “constituyen los territorios de la ciudad donde el ejercicio violento de la fuerza policial local se despliega con mayor intensidad dentro del universo” de niñas, niños y adolescentes.

Infancia castigada

Escuchar o leer relatos de víctimas de violencia policial e institucional es, siempre, indignante. Pero genera más indignación aún cuando quienes protagonizan esos relatos son adolescentes e incluso niñas y niños. Mientras desde las oficinas estatales, nacionales o locales, se llenan la boca hablando de “institucionalidad” y “transparencia”, en la calle la realidad es más que turbia. Ni hablar de la supuesta “década ganada” con los “derechos humanos” del kirchnerismo.

Un puñado de palabras, pronunciadas desde la cruda experiencia de haber sufrido una detención arbitraria, de haber terminado dentro de un patrullero o, peor aún, de haber habitado un calabozo policial; sobra para dimensionar la más que violenta “presencia” del Estado a través de sus fuerzas represivas.

Por una cuestión de procedimientos la Procuvin no detalla nombres y apellidos. Sólo identifica los casos con un número, entre el 1 y el 347. Pero la frialdad de los expedientes procesales no logra aminorar la intensidad de lo que se cuenta.

“Cuando me detuvieron, la policía me bolaceaba y me decían que iba a quedar re preso, me bardeaban, y me apretaron las esposas fuerte. Yo lloraba porque sentía que no me circulaba la sangre”, dice el “Caso 92”.

“Yo les dije que me las habían ajustado demasiado y que me dolían las manos. Porque estoy operado por un problema en los tendones. En vez de hacerme caso me las apretaron más y me pegaron en la espalda”, agrega el “Caso 183”.

“Se bajan del auto dos polis de la Brigada y me apuntan, me tiran al piso y me ponen el fierro en la cabeza y me decían que me iban a tirar, luego me pegan con el arma en la cabeza”, recuerda el “Caso 170”.

“En el momento en que nos detienen escuchamos que tiraron tiros, cuando nos agarraron, nos tiraron al piso, nos esposaron y nos pusieron el arma en la cabeza diciéndonos que nos iban a cocinar”, grafica el “Caso 128”.

Impunidad a como dé lugar

El informe de la Procuvin detalla que “en algunos relatos de los hechos efectuados por las víctimas se denota la preocupación de los miembros de las fuerzas por ocultar su accionar o hacerlo cesar en caso que éste corra riesgo de ser percibido por otros, que eventualmente podrían ponerlos en evidencia y/o reducir su margen de impunidad. Mientras, en otros casos pareciera que los funcionarios apuestan a la visibilidad de los hechos, apelando a la emotividad social punitiva que recae sobre los estereotipos que condensan el perfil de la ‘inseguridad’, promoviendo así cooperación y/o tercerización de la agresión por parte de la sociedad civil, que en muchos casos confluye en estas prácticas en hechos en los cuales la fuerza no solo no inhibe su despliegue, sino que por veces lo habilita”.

Por ejemplo, el “Caso 47” recuerda: “Cuando llegó la policía me pusieron las esposas, me subieron al patrullero y me insultaban. Uno de ellos, que era pelado, me ponía un cuchillito en el cuello y también me pegaban patadas en las piernas y me dieron una piña en la cabeza. Me dijeron que si no hubiera habido gente presente me llevaban ahí a la vuelta y me mataban”.

El “Caso 149”, por el contrario, relata: “De repente miré y vi que había banda de gente. Cuando esa gente se me empezó a acercar el mismo policía les decía que yo robé y la gente me empezó a patear y ellos (los policías) no hacían nada. Yo que estaba esposado no me pude defender”.

Obviamente no podía faltar la referencia al clásico “juguete” de los represores: la picana. El relato del “Caso 55”, si bien es uno de los más graves, no es el único. “Cuando apenas me agarraron fue lo peor, me pegaron con el palo, puños y patadas en el brazo, costillas, espalda, cabeza y en la cara, en casi todo el cuerpo. Me dejaron esposado boca abajo en la caja de la camioneta y nos decían que nos iban a matar. Nos sacaban fotos, nos preguntaban cosas y nos picaneaban los brazos. También nos acercaban a la cara la picana haciéndola sonar cerca. Escuchaba los gritos de como picaneaban y le pegaban a mi compañero en la oscuridad”, graficó el niño o adolescente.

El documento de la Procuración de Violencia Institucional plantea entre sus conclusiones que “se observó en los relatos que las fuerzas de seguridad ponen en escena variados recursos ilegítimos e ilegales de ejercicio punitivo, que se oponen al principio del uso racional de la fuerza y vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son su objeto de destino”.

La constatación de los hechos por parte del grupo de fiscales dedicados a investigar los casos de violencia institucional es palmaria. Pero es difícil que desde la Procuvin puedan responder por qué, a lo largo de las décadas, no hubo gobierno que haya logrado siquiera detener el nivel de brutalidad policial contra el pueblo pobre y, sobre todo, contra la juventud. Ni siquiera el propio gobierno que fundó esa Procuraduría.

Por estos días, en los que las empresas periodísticas (tanto macristas como kirchneristas) se embarcan en la histeria "ciudadana" contra la "inseguridad", justificando cuanta "justicia" por mano propia encuentran en la calle, es preciso mostrar la crudeza de los hechos, donde a cada punto de crecimiento del aparato represivo del Estado le sigue un crecimiento mayor de torturas, apremios ilegales, desapariciones y muertes de jóvenes pobres.








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