Política

LESA HUMANIDAD

Se cumplen seis años del asesinato político de Silvia Suppo

Desde el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo colocaron un mosaico por la memoria frente al local comercial donde ella vivió, trabajó y soñó.

Constanza Villanueva

Abogada del CeProDH

Martes 29 de marzo de 2016 | Edición del día

Fotografía: Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo

Por la mañana, frente al negocio donde trabajaba, se colocó una baldosa que decía: “Aquí soñó y vivió Silvia Suppo, militante peronista testigo en causas de lesa humanidad. Aquí fue asesinada el 29 de marzo de 2010. Verdad y Justicia. Baldosas por la Memoria”. El próximo domingo a las 17, en el Parque de los Eucaliptos, se realizará una jornada pidiendo por la investigación del asesinato político donde confluirán murgas y teatro por la identidad, entre otras actividades.

Marina Destéfani, hija de Silvia, declaró a este diario: “Hoy a seis años seguimos exigiendo que se investigue el móvil político del crimen de Silvia. A seis años, luego de que la causa se desdoblara y fuera una parte elevada a juicio, seguimos reclamando que se investigue y condene a los policías que participaron en la "investigación" del crimen por la cantidad de irregularidades y delitos cometidos durante la instrucción como torturas y ocultamiento de pruebas. También exigimos la destitución de Juan Jose Mondino, actual coordinador de seguridad de Rafaela, quien fuera el jefe de policía de la ciudad durante el asesinato de Silvia y bajo cuya responsabilidad la policía cometió todo lo denunciado. El hecho de designar a un comisario como coordinador de seguridad de una ciudad habla por sí mismo del concepto de seguridad que se maneja y con el cual no coincidimos porque tiene claros componentes clasistas, criminalizantes y estigmatizantes. A 40 años del golpe genocida seguimos cuestionándonos sobre el rol del estado y sobre todo de las fuerzas de seguridad en relación a la protección y garantía de los derechos humanos de ayer y de hoy”.

Según datos aportados por Marina, de los policías implicados en las irregularidades, la mayoría tuvieron ascensos dentro de la misma estructura policial y por fuera de la misma, con cargos políticos. “Amaya, el mismo que desapareció el video de la terminal, fue ascendido de Subjefe a Jefe de la URV. Se retiró y fue premiado con un cargo político en Esperanza. Aunque parezca un chiste, quedó a cargo del control de las videocámaras de la localidad vecina. Giménez, quien estaba a cargo de la investigación y fue participe del armado, de las torturas y de las declaraciones ilegales de Sosa y Cóceres, en el juicio dijo textual "no conozco el protocolo de investigación". Fue ascendido y hoy es Jede de la Policía de Investigaciones. Flores, que participó de las declaraciones ilegales de Sosa y Cóceres, arruinó pruebas y torturó a otros pibes como Vázquez para que se auto incriminen en el hecho, fue ascendido a Jefe de la Comisaría 6 de Frontera. Así como torturó pibes en el 2010, fue condenado a 6 años hace menos de 15 días, por torturas y vejaciones en reiteradas ocasiones. Es el responsable de la crucifixión en San Francisco. Está detenido cumpliendo la condena, pero fue beneficiado con la prisión en Rafaela”.
Finalizando, Marina agregó: “Los únicos que se beneficiaron con el asesinato de Silvia Suppo, fueron los policías que arruinaron la escena del crimen, que cometieron todas las irregularidades que se denuncian con la misma coherencia desde hace 6 años, los distintos niveles del estado y en sus distintas funciones fueron cómplices de este hecho. A ellos también los vamos a seguir denunciando”.

Seis años de impunidad

En abril de 2015, un Tribunal cuestionado por familiares, amigos y organismos de Derechos Humanos, condenó a Rodolfo Valentino Cóceres y Rodrigo Ismael Sosa, de 26 y 22 años, como "coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y para procurar impunidad". Prisión perpetua, sin salidas. Marina Destéfani denunció que esa condena era para mantener y garantizar la impunidad de los responsables más altos. La familia de Suppo, junto al Espacio Verdad y Justicia, exige que el juicio sea declarado nulo.
En 2010, a pocas horas de los hechos, el gobierno provincial de Santa Fe declaró que el asesinato de Silvia había sido consecuencia de un robo común, garantizando un manto de silencio e impunidad. Hoy sus familiares, organizaciones de mujeres, de derechos humanos, y de la izquierda siguen reclamando el esclarecimiento y el castigo a todos los responsables.







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