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Ciudad de Córdoba

Se aprobó la emergencia en transporte, contra los trabajadores y los pasajeros

Se aprobó en el Concejo Deliberante en Córdoba sólo con los votos del peronismo. Rechazo de los trabajadores en las calles y de la izquierda en el recinto.

Guillermo Torrent

Asesor legislativo FIT - Córdoba @Guillotadas

Viernes 17 de julio | 21:10

“Se vienen los muchachos” eso decían en los pasillos del Concejo Deliberante cuando se sentían los redoblantes y bombos de los miles de choferes que se movilizaron para rechazar la emergencia en el transporte. Junto con ellos marcharon familiares de la Comisión de Mujeres de UTA, y organizaciones solidarias como el Movimiento de Agrupaciones Clasistas, la Juventud del PTS y otras agrupaciones de izquierda.

La iniciativa fue aprobada sólo con los votos del oficialismo, tuvo la negativa del Frente de Izquierda y del resto de los bloques de la oposición.

La emergencia consiste en darle plenos poderes al intendente para que reforme recorridos y frecuencias, pero lo central de su propuesta pasa por recortar el 12% del salario a los trabajadores. La ordenanza se aprobó con dos proyectos supletorios, que le dan nuevas facultades a dos empresas municipales, la TAMSE y el ESOyP para que puedan ser usados los transportes escolares y ómnibus de turismo como transporte alternativo. El objetivo es que puedan ser usados como rompehuelgas. Llaryora aprovecha la necesidad de muchos sectores populares para sacar el pan de la boca a las familias trabajadoras.

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Recordemos que mediante esta emergencia, el intendente Martín Llaryora busca terminar con un paro de más de 15 días, por falta de pagos, de choferes de transporte urbano de pasajeros. La novedad fue que pasado el mediodía las empresas sacaron un comunicado diciendo que no iban a pagar aduciendo que no llegaban los subsidios. Hipócritamente estos empresarios millonarios, en su comunicado, se ubican a la par del sufrimiento de los trabajadores, a quienes deben alrededor de cien mil pesos a cada uno.

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El Frente de Izquierda había presentado un despacho en minoría, que planteaba básicamente la estatización del servicio bajo control de usuarios y trabajadores. En su alocución, la concejala Vilches señalo que esta medida se tomaba en medio de una huelga con mil quinientos choferes movilizados que reclaman que hace 45 días no cobran. También reclamó por los casi 100 trabajadores en negro.

La concejala agregó: “es parte de un chantaje contra los choferes que piden que se respeten sus derechos laborales” y cuestionó la legitimidad de las medidas, que son puestas en discusión, que era una democracia de cartón ya que no les importa la opinión de la población. Responsabilizo de la emergencia a las empresas y al municipio, tanto al gobierno actual como anteriores, señalo que el negocio realizado por las empresas es millonario.

Vilches desmintió que la caída del corte de boleto no viene con la pandemia, sino que viene desde antes por la crisis económica. La responsabilidad de esta situación también la tiene Llaryora que como diputado le voto todas las leyes a Macri, y que el principal socio político del intendente, el gobernador Schiaretti quien acompaño la gestión de Macri y actualmente lo hace con Alberto Fernández.

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La edil del Frente de Izquierda detalló los subsidios que las tres empresas percibieron ininterrumpidamente: 2600 millones de pesos entre 2017 y enero de 2019, ERSA recibió en el resto del país, excluido AMBA 350 millones de pesos, como mínimo. También dio cuenta que el gobierno no dio respuestas a los pedidos que realizó en mayo sobre el uso de estos subsidios. Pidió que no le mientan a la población y a los trabajadores. Señaló que este proyecto de emergencia va directo al fracaso y que, desde el gobierno están preocupados por la empresa, no por los trabajadores y los usuarios.

Agregó que el esfuerzo no es entre todos, que lo hacen los trabajadores que llevan 45 días sin cobrar. Quisieron instalar que el boleto se iría a 236 pesos de aprobarse la emergencia.

Para esta emergencia no les importa la opinión de vecinos y choferes. Laura Vilches explicó que ella acompañaría un proyecto que salga del debate entre vecinos, trabajadores, organizaciones que pelean por los derechos de las mujeres, especialistas de la universidad y todos aquellos que realmente están interesados en tener un buen servicio.

Durante su intervención recordó a Dayana Moyano, quien fue víctima de un femicidio debido a que se tuvo que bajar a diez cuadras de su barrio por que los colectivos no entraban por el mal estado de las calles al terminar su recorrido.
Describió las condiciones de los trabajadores del transporte que en pocos casos sobreviven a su jubilación debido a las condiciones insalubres que tienen, mencionando especialmente a las trabajadoras trolebuseras afectadas por estas malas condiciones.

Defendió su proyecto de estatización integral con una gestión de usuarios y trabajadores, con la conformación de una comisión investigadora para saber que hicieron las empresas con los subsidios ya que hay sospecha de múltiples formas de fraude.

Planteo que el paquete de ordenanzas tiene por objetivo usar carneros para quebrar la huelga y el mantenimiento de trabajadores en negro.

Señalo que le daba orgullo la movilización de los choferes, que en 2017 sufrieron un duro golpe luego de la acción mancomunada del municipio, la provincia, medios de comunicación e incluso la iglesia, citando a Clausewitz señalo que era el derecho a la resurrección de los vencidos. Planteó que en última instancia todas las maniobras leguleyas que realiza el oficialismo se basan en el miedo a la clase trabajadora organizada.

Les comparto la intervención que acabo de realizar para rechazar el proyecto de emergencia del intendente Llaryora....

Publicado por Laura Vilches en Viernes, 17 de julio de 2020

El oficialismo, en una pobre intervención, a tono con lo que fueron las comisiones, planteó que la situación del transporte se debe a la caída de pasajeros debido al Aislamiento Social dispuesto por el gobierno nacional. Señalaron que en Junio de 2019 se trasladaron 13 millones de personas, mientras que en junio de 2020 un millón y medio. A pesar de haber recibido las empresas 1884 millones de pesos en 2019 y 1115 millones en lo que va de 2020 señalaron que esto hacía que fuera inviable para las empresas. Luego se dedicaron a leer los artículos de la ordenanza de emergencia. En tanto, para el cierre del debate, el jefe del bloque oficialista, Juan Viola reprochó a la situación que encontraron en el municipio debido a las gestiones de Cambiemos. No pudo responder a ninguno de los cuestionamientos del Frente de Izquierda.

El Concejal Quinteros, de Encuentro Vecinal, se opuso cuestionando el programa de emergencia planteando que el municipio informa sus medidas primero a los medios antes que a los concejales. Señaló que le habían prometido la respuesta de las 52 preguntas que hizo al secretario de movilidad urbana antes de la sesión, solo llego una planilla. También se refirió a que no hubo respuesta al pedido de Vilches sobre la cantidad de subsidios recibidos por las empresas en estos últimos años. Planteó que era un proyecto invotable y se trataba de un cheque en blanco para el intendente.

La concejala Olga Riutort rechazo la propuesta del oficialismo reclamando que la votación se haga en doble lectura. Culpó de la situación en la que se encuentran las empresas en el cambio que hizo Macri en el otorgamiento de subsidios. En su planteo que no hay claridad sobre las medidas que se van a tomar, y que la emergencia se va a mantener mínimo hasta 2022. Señalo que algunas de estas medidas deberían haberse tomado al principio de la huelga, contratando choferes para que sean usados como carneros contra la UTA.

Los concejales que responden a los distintos sectores de Cambiemos, quienes durante dos gestiones bancaron el modelo de Ramón Mestre, se centraron principalmente en cuestiones reglamentarias. Lo mismo que hicieron cuando se trató la reducción de la jornada laboral de los empleados municipales. En general tenían acuerdo con la emergencia, pero tenían diferencias con los plazos, señalaban que debía ser sólo por el tiempo que dure la pandemia. Llegaron a plantear que el municipio debía hacer un convenio con el banco provincial y la cámara de constructores de bicicletas para que den créditos a tasa cero para comprar bicicletas. Un verdadero planazo. Más grave fue el pedido de la aplicación de la ley de servicios esenciales, mediante la cuál se prevé el uso de la fuerza pública para que se levante la huelga.

Los choferes, en tanto, en la calle plantearon el rechazo a los planes de Llaryora y prometieron continuar con el plan de lucha







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