Política

CÓRDOBA

Schiaretti premia al intendente Llaryora: un negocio millonario por la concesión del agua

Al tema del agua, en Córdoba, le falta transparencia. Seis días después de su asunción el intendente Martín Llaryora resultó premiado por Schiaretti. Un Convenio que transfiere titularidad del servicio público de agua potable, le asigna a la municipalidad de la Ciudad de Córdoba una importante suma de dinero que no proviene de la coparticipación, y por ende no beneficia a todos los municipios.

Jueves 19 de diciembre de 2019 | 10:50

No estamos frente a la municipalización ni la privatización del servicio, cualesquiera de estas dos posibilidades implican un mecanismo de doble lectura de la ordenanza que, en términos de democracia burguesa, significarían “transparentar”, quitar el halo turbio que la apresurada cesión de la concesión del agua trae aparejada.

El nuevo intendente manifestó al asumir en el teatro Real que la Municipalidad estaba en problemas para cumplir con el pago de sueldos y aguinaldos. A este primer acto le siguió el del Gobernador, el segundo acto se desarrolló estrenando la enorme mayoría parlamentaria, 52 legisladores sobre 70 responden a la alianza Hacemos Córdoba, dando por aprobado un Convenio que beneficia a un solo municipio, evitando tocar la coparticipación.

La medida consiste en un ingreso no previsto en el presupuesto municipal y redundará en un beneficio con el que el Intendente Mestre no pudo contar, según lo expresado por el Legislador radical Dante Rossi en la sesión legislativa de esta jornada. Nadia Fernández, ex concejal y ahora legisladora provincial de la bancada oficialista, solo pudo interponer como prueba de la buena predisposición del gobierno provincial una nota periodística firmada por Juan Cañas de La Voz del Interior en 2014. Según relata la parlamentaria la nota expresaba que “Meste resistirá hacerse cargo del Agua Potable” y agregó que “no pudieron en esa oportunidad entender las razones de esa resistencia”. Por su parte el legislador Rossi en nombre de la bancada de la UCR se preguntó si además de las palabras escritas por Cañas habían existido proyectos concretos y tan generosos como los que obtuvo en menos de una semana el Intendente Llaryora.

Las legisladoras del Frente de Izquierda Unidad plantearon en la Unicameral la velocidad express del tratamiento del traspaso del agua al municipio y levantaron en el recinto la propuesta de dicha coalición política para que los servicios básicos dejen de ser un negocio en manos de los empresarios amigos del poder de turno: estatizar el agua bajo gestión de los y las trabajadoras, con control de la población.

Durante la jornada de hoy se cumplió con uno de los cuatro pasos indispensables para activar la asignación con la cual se pretende mejorar los números del presupuesto municipal, pronto a ingresar a su segunda lectura. El primer paso fue la aprobación por parte de la Legislatura de Córdoba. El segundo se concretará el viernes 20 de Diciembre y es la aprobación del convenio de transferencia por parte del Concejo Deliberante Municipal, Faltarán dos pasos más para concretar la manipulación de un servicio indispensable para la población cordobesa a manos de gobiernos y empresarios: de acuerdo a lo estipulado en la cláusula segunda del convenio: aprobación por parte del Directorio y de la asamblea de Accionistas de Aguas Cordobesas S.A. y el Directorio del ERSeP.

Concejo Deliberante: viernes 20 de diciembre

La aprobación por parte del Concejo Deliberante tendrá lugar el próximo viernes 20 de diciembre. Laura Vilches, la primera edil de la izquierda en la historia de la Ciudad de Córdoba, manifestará en el recinto su rechazo al turbio convenio de transferencia. Vilches recordó que el Frente de Izquierda ha llevado entre sus propuestas de campaña la estatización de todos los servicios públicos y el convencimiento de que deben estar bajo gestión de los propios trabajadores y contar con el control de los usuarios. La concejal agregó que un servicio vital, como es el agua, determina las condiciones de vida y habitabilidad, lo que marca sin duda la calidad de vida de los usuarios y por eso no puede ser un pingüe negocio para gobiernos y empresarios amigos, sino un derecho. Ingresará al Concejo, de la mano de la edil de la izquierda, la voz de miles de vecinos de los barrios populares, víctimas de estos negociados a espaldas de la población.







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