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SOFOFA arremete contra pueblo Mapuche y pide mano dura al Gobierno

El gremio empresarial que agrupa a la gran industria del país, le exigió al gobierno de la Nueva Mayoría responder ante el conflicto en la Araucanía, aseverando públicamente que se está “causando un grave daño al país” y que las autoridades deben “hacer respetar la Constitución”. La reaccionaria entidad arremete una vez más.

Miércoles 11 de enero | 23:56

“Se está causando un grave daño al país y se incrementa el riesgo de extender su amenaza a más sectores del territorio nacional”, se afirma en uno de los párrafos del inserto que publicó el gremio empresarial SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril) en distintos medios de comunicación.

La entidad que agrupa a la gran industria del país, arremetió con todo contra el pueblo mapuche que hoy en día vive una dura criminalización y represión por parte del Estado chileno, sus autoridades, la policía, distintos medios de prensa, y ahora la clase empresarial. Es cosa de ver lo ocurrido con la machi Francisca Linconao, quien tomó la drástica decisión de optar por la huelga de hambre para visualizar la criminalización que estaba viviendo debido al polémico caso Luchsinger- Mackay; o el caso del menor de edad Brandon Hernández, quien recibió más de 100 perdigones por parte de Carabineros.

Ante las críticas que se desataron luego de la publicación, desde el gremio fabril aseguraron que “nuestra responsabilidad fue con los empresarios de la zona para que todo el país se entere de lo que pasa”. Es más, el polémico inserto fue claro en exigir más “mano dura” de parte del Gobierno contra el pueblo Mapuche, haciendo alusión a los últimos enfrentamientos que se han desatado en la región: “hacemos un llamado urgente al Gobierno a cumplir con su deber fundamental de respetar y hacer respetar la Constitución”, plantearon desde la SOFOFA.

¿A qué se refiere dicha entidad con “hacer respetar la Constitución”? Considerando la profunda crisis que se está viviendo en la Araucanía, específicamente en comunidades mapuche, y al observar los últimos casos de violencia, claramente la represión y presencia policial tienen mucho que ver con esta reaccionaria exigencia. Nada dicen del encarcelamiento durante meses de Linconao, ni de los violentos allanamientos en comunidades mapuche, y menos de la represiva militarización en territorios mapuche. Hablan de “violencia” solo cuando no se refieren a su propio actuar reaccionario.

El gremio continúa afirmando que “urge tomar medidas inmediatas y excepcionales, haciendo uso de todas las facultades que contempla nuestro ordenamiento institucional, a fin de identificar, detener, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos, así como adoptar las medidas que permitan prevenir su futura ocurrencia”, e instala la exigencia al Gobierno de considerar tres “condiciones básicas” para buscar soluciones en la región del sur: 1) “evitar toda ambigüedad en el compromiso con la paz social, especialmente el otorgamiento de beneficios a los responsables de la violencia”; 2) “fortalecer el principio de la integración social como el fundamento que sustente el diálogo”, y 3) que el gobierno “asuma su responsabilidad de aplicar políticas públicas eficientes en áreas claves como la salud, la educación y el progreso económico en una zona que sufre un estancamiento inaceptable en todos estos temas”.

Los empresarios de más de 39 empresas industriales, agrupados en la SOFOFA, tratan de ubicar al pueblo mapuche, y sus históricas reivindicaciones, contra los trabajadores y habitantes de la Araucanía. Sin embargo, son justamente ellos los que permiten que miles de trabajadores y trabajadoras lleguen a duras penas a fin de mes; son ellos los encargados de defender el mísero sueldo mínimo, las precarias condiciones labores y de vida, el subcontrato, entre otros perjuicios contra el pueblo trabajador. También son los que explotan a los obreros forestales, muchos de ellos mapuche, y los que destruyen día a día el medio ambiente con sus diversos proyectos millonarios, por los que tantos territorios ancestrales han sido arrebatados.

El pueblo Mapuche tiene total derecho a su autodeterminación como nación, y a la exigencia de que el Estado devuelva los territorios arrebatados; es urgente el fin a la militarización de la zona y comunidades, y exigir la liberación de todos los presos políticos mapuche hoy encarcelados; como también la expropiación de los territorios mapuche de las manos de los empresarios y latifundistas de la zona, con el objetivo de que estos sean puestos bajo control de trabajadores y comunidades mapuche, sin ninguna intervención por parte de la clase empresarios y sus proyectos.

La clase trabajadora y el pueblo mapuche son potentes aliados, y deben tener claridad que el enemigo está representado por ese mismo empresariado que jugó un rol crucial y reaccionario en la Dictadura Militar, y que se enfrentó duramente contra el pueblo trabajador. Hoy en día, el mismo gremio que arremetió contra los trabajadores en el conocido “paro patronal” de 1972, golpea al pueblo mapuche y lo criminaliza aún más.






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