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PENTA - SQM

Impuestos Internos entrega impunidad a corruptos y empresarios

Hace ya algunos días diversas empresas que fueron investigadas a propósito de los casos Penta y SQM, han sido informadas de la medida que ha resuelto el SII: que se allanen a las multas por infracción tributaria o bien presenten sus descargos en los tribunales tributarios. No habrán querellas penales.

Felipe Flores

Estudiante de Derecho UNAB

Lunes 17 de abril | 08:10

Hace unas semanas se realizó un masivo proceso de notificación a compañías que habían sido relacionadas con pagos irregulares a políticos tanto de la Nueva Mayoría como Chile Vamos, en las causas Penta y SQM. Hasta la fecha el órgano estatal, no les habían manifestado su intensión de querellarse y así comenzar un proceso penal en su contra. Esto quiere decir que mediante esta actuación de SII, dichas empresas disponen de 10 días hábiles para presentar sus descargos o allanarse al proceso de cobros de multa por infracción tributaria.

Según comunicó en una reciente investigación La Tercera, entre las empresas que han tomado cuenta de las llamadas “actas de denuncia” se encuentran: Bci, Eccsa (Ripley), Empresas Copec, Inversiones Siemel, Abastible, Watt’s, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, CorpBanca, Inversiones Caburga e Inversiones Newport, entre otras. Todas ellas, deberían en los próximos días presentarse ante los Tribunales Tributarios Aduaneros,

Según el Servicio de Impuestos Internos, el Fisco lograría recaudar alrededor de mil millones de pesos por medio de las eventuales multas, que van desde el 50% hasta el 300% del perjuicio fiscal generado por cada una de las empresas que declararon de forma maliciosa facturas o boletas falsas que fueron incorporadas a su contabilidad, permitiendo así que rebajaran sus bases imponibles. A pesar de ello, esta operación solo comprende los últimos cuatro años tributarios, lo cual sería desde el año 2012. Esto, puesto que desde aquella fecha, prescribe la acción pecuniaria y por tanto no se puede investigar anteriores actos ilícitos.

Dentro de las sociedades contempladas en este procedimiento, se encuentran las vinculadas a desembolsos recibidos por personeros del ámbito político. Como lo es en caso del ex precandidato presidencial Laurence Golborne, quien según las investigaciones preliminares del Ministerio Público, recibía aportes de Ripley (Comercial Eccsa S.A.), Bci y Watt’s a su campaña.

Es en este mismo sentido, que la compañía Ripley anteriormente habría llevado a cabo un pago hecho a Asesorías Credo Ltda., una de las empresas proveedoras en la campaña de Michelle Bachelet en 2013. De igual manera, las sociedades Inversiones Caburga e Inversiones Newport, hicieron rectificaciones tributarias por pagos efectuados en 2009 a sociedades y personas ligadas a los candidatos presidenciales de ese año: Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Por su parte también aparece en los expedientes un pago realizado a un ex asesor del ex alcalde, Pablo Zalaquett por parte de CorpBanca.

A pesar de lo anterior, la mayor cantidad de empresas que se encuentran en este procedimiento del Servicio de Impuestos Internos, pertenecen al grupo Angelini, tales como: Copec, Celulosa Arauco, Abastible, Forestal Arauco, etc. Cabe recordar que las dos primeras firmas, hicieron pagos en 2012 por más de 200 millones a la empresa de Giorgio Martelli y ex recaudador en la campaña de Bachelet.

Duro cuestionamiento de los persecutores públicos

Ante esta decisión del SII de cerrar sin querellas las investigaciones por pagos a políticos, las opiniones no han estado ausentes. Entre ellas, esta tarde y por su cuenta de twitter el fiscal Carlos Gajardo, quien tenía en su primer momento parte de la investigación de ambos casos, realizo una fuerte crítica al proceso: “El fraude fiscal es un delito muy grave que debe ser de acción pública. Igual que colusión y delitos electorales. Inaceptable que no lo sean”, publicó.

En este mismo sentido, Pablo Norambuena, quien ha trabajado con Gajardo en varias investigaciones, también criticó la decisión, señalando que el Artículo 162 del Código Tributario (que exige que el SII se querelle para poder realizar una investigación) “impide investigar al órgano encargado de perseguir los delitos tributarios, no obstante graves ataques al patrimonio fiscal”, e incluso afirmó que tal disposición legal debiera derogarse.

La impunidad empresarial que se perpetúa

De esta manera vemos como el ordenamiento jurídico chileno, garantiza la total impunidad a los delitos de la casta empresarial y política, en uno de los más grandes casos de corrupción del último tiempo, estando ligados directamente a la asignación de fondos para campañas políticas. ¿Cuál será la respuesta del pueblo trabajador ante la indignación hacia los poderosos, y a la legalidad que se encuentra a su más absoluto servicio?






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