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Red Internacional
La Izquierda Diario

El Concejo Municipal de Rosario votó la ley de emergencia en transporte mientras que entre los trabajadores ya se habla de retiros voluntarios, que no son otra cosa que despidos encubiertos, para los usuarios significa menos frecuencias y un peor servicio.

• La Ley de Emergencia votada por los bloques Creo, Radical, Socialista, Partido Demócrata Progresista, Rosario Progresista, Ciudad Futura-FSP, Unidad Ciudadana, Cambiemos, Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana y Unite-Un Gol para Rosario le da la facultad a la Municipalidad de rediseñar la operatividad técnica y logística del sistema y de renegociar los contratos con las empresas prestadoras por un plazo de 24 meses. Esto significa que desde el ejecutivo pueden modificar líneas, frecuencias, recorridos y contratos sin necesidad de pasar por el consejo. Tras su aprobación, la secretaria de movilidad Eva Jokavonivich planteó a los medios que "donde se veía que pasaban 5 líneas pasará una menos" adelantando que se reduciría el servicio.

• Las empresas del transporte público, que durante todos estos meses dejaron en vilo el servicio y adeudaron salarios, recibieron con la emergencia un "cheque en blanco" para garantizar la rentabilidad y las ganancias. Estas empresas de conjunto reciben 225 millones de pesos mensuales en concepto de subsidios, sin dar garantías sobre el mantenimiento de las condiciones de los trabajadores ni del servicio para el conjunto de los usuarios. Este es el problema de ver el servicio de transporte público como un negocio de unos pocos y no efectivamente como un servicio público y esencial para miles de trabajadores que lo usan cotidianamente.

• Futuros aumento del boleto, eso es lo que puede hacer el intendente Javkin del Frente Progresista y desde el gobierno nacional habilitaron la suba del boleto. Ya se anuncia un posible precio escandaloso de 73,80 pesos, pese a que desde el 2015 lo aumentaron un 1000%. Si se mira la ciudad de Córdoba el boleto va a una suba para enero de 31,9 a 43 pesos y evalúan subirlo a 50.

• La Comisión de seguimiento de la emergencia de TUP, donde la UTA tiene solo un miembro, tiene un carácter consultivo, es decir, que no tiene poder de frenar o evitar cualquier modificación que afecte a los trabajadores o a los usuarios.

• A principios de diciembre realizó su primera reunión, con el Secretario General de la UTA Sergio Copello, la secretaria de movilidad, Eva Jokanovich, la Gerenta General del Ente de la Movilidad, Nerina Manganelli, y la vicepresidenta, Renata Ghilotti; los concejales Fabrizio Fiatti, Germana Figueroa Casas, Pedro Salinas y Eduardo Toniolli, representantes de las empresas prestadoras del servicio (Movi, El Cacique y Rosario Bus).

• Se habla de un rediseño del transporte público. Están en carpeta la unión de las 121, 123 y 140 y la suspensión de la 127 para reforzar la Q, para reducir la cantidad de kilómetros recorridos diarios. Eso es lo que informa La Capital. Lógicamente, a menos cantidad de líneas y recorridos un sector del personal se verá afectado.

• Entre los trabajadores ya se habla de retiros voluntarios, que no son otra cosa que despidos encubiertos. Y para los usuarios significa menos frecuencias y un peor servicio. Distintos medios señalan que se espera a mediados de enero para su implementación.

• Durante el año hubo más de 80 días de paro por ataques al salario y aún no hay solución de fondo planteada por el gobierno nacional, provincial o municipal.

Es necesario estar en alerta para enfrentar en las calles cualquier intento de ajuste por parte del Municipio. Las empresas son muy claras en lo que quieren y es aumentar su rentabilidad a cualquier costo, sin importarles si eso implica tarde o temprano la reducción de los servicios del transporte público del interior del país, con su impacto en las plantillas del personal afectado a ellos.

Es una crisis en el transporte a nivel nacional con empresarios que reciben millones de subsidios por parte del estado y con boletos muy caros. Para enfrentar el ataque que se viene hay que preparar asambleas con las bases de cada línea y taller. La fuerza está: ya se demostró el año pasado con los miles de choferes en la calle peleando por sus salarios.

Si las empresas aducen crisis, que se publiquen los balances contables tanto de los privados como la cantidad de subsidios que los distintos niveles del Estado les otorgaron. Hay una salida: la estatización del servicio. Con impuestos a las grandes fortunas a las Cámaras Empresariales aceiteras como CIARA y CEC* que sólo en el mes de noviembre de este año ganaron 1.734 millones de dólares (18.500 millones en todo el 2020), se podría solventar un transporte público que funcione en base a un precio económico, con un plan racional controlado por comités de choferes y usuarios, garantizando una verdadera integración de todos los barrios y más servicios.

Durante todo este tiempo los tres niveles de gobiernos -nacional, provincial y municipal- aseguraban que los y las choferes son trabajadores esenciales, aunque no les pareció tan esencial que cobren sus sueldos. Cada cosa que se logró en esta lucha no es una limosna que tiran los gobiernos, se la conquistó con la fuerza de los trabajadores.

* CIARA y CEC Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).




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