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Roberta Jacobson: nueva embajadora de Estados Unidos en México

La creciente deslegitimación del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) parece tener preocupada a la Casa Blanca, quien ha designado como embajadora a una funcionaria “dura” en materia de corrupción y derechos humanos.

Jimena Vergara

@JimenaVergaraO

Miércoles 4 de mayo de 2016 | Edición del día

Fotografía:EFE/LENIN NOLLY

La funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos y Secretaria de Estado adjunta para asuntos del Hemisferio Occidental, es una de las expertas en América Latina del régimen estadounidense. Fue partícipe de las negociaciones que llevaron al deshielo en Cuba y consejera en la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA (por sus siglas en inglés).

Según analistas, la decisión está encaminada a “suavizar y reactivar” la relación bilateral, en un contexto de fuerte cuestionamiento de sectores del establishment estadounidense a la actuación del gobierno mexicano en el caso de la desaparición forzada de 43 normalistas.

La Casa Blanca llama la atención a Peña Nieto

En su discurso en Nueva York, ante las primarias del Partido Demócrata en la Gran Manzana, Hillary Clinton ya había exhortado al gobierno mexicano a resolver el caso de los normalitas desaparecidos en septiembre del 2014, en una operación donde está claramente establecido que participó el Ejército, la Policía Federal y un comando armado.

Una semana después, el exhorto se volvió oficial mediante un comunicado firmado por el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, avalando la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI).

El GIEI, con aval de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizaba en tierra azteca la investigación sobre los hechos en los que desaparecieron los normalistas. Los resultados de la investigación, refutaban letra por letra el informe oficial presentado por la Procuraduría General de Justicia (PGR) frente a lo cual, la administración de EPN decidió dar por terminada su permanencia en el país. Además, los miembros del GIEI acusaron ante la CIDH y la propia ONU el sabotaje permanente de sectores del gobierno contra su actividad.

El llamado de atención sólo consiguió una declaración pública del presidente de México instruyendo a la PGR que tomara en cuenta el informe pericial de los expertos, pero no inhibió la “amable invitación” de Peña Nieto a que abandonaran el país.

Todo pareciera indicar que la administración de Enrique Peña Nieto prefiere, en este caso, desobedecer al “amo del norte” que destapar lo que posiblemente sea una verdadera caja de Pandora para el conjunto de las instituciones del Estado mexicano.

El paradero de los estudiantes guerrerenses que la noche del 26 de septiembre del 2014 fueron emboscados, ametrallados, torturados y secuestrados en una operación coordinada por las fuerzas de seguridad es la punta del iceberg de la descomposición que aqueja a las principales instituciones del país.

Se suma a la crisis, el hecho de que después de más de diez años de militarización, ni la producción, ni la venta, ni el consumo de estupefacientes ha disminuido y las denuncias de graves violaciones a Derechos Humanos por parte de la institución castrense ha aumentado radicalmente.

Al parecer, sectores del establishment estadounidense comienzan a preocuparse seriamente por la crisis política que golpea al ejecutivo mexicano, en un contexto de descomposición de las instituciones del Estado, escándalos de corrupción y múltiples ejemplos de asociación de políticos y narcotraficantes.

Según analistas, a Jacobson “en algunos círculos la ven con recelo, ya que la califican de mujer dura para las negociaciones, y además porque se ha caracterizado por su firmeza en pronunciamientos en materia de derechos humanos y corrupción. Apenas a principios de abril señalaba que Estados Unidos debía apuntalar las discusiones sobre corrupción que ocurren en América Latina, pues de ellas depende la consolidación de las democracias” (Jornada, 2/05).

Más que “firmeza” en materia de corrupción y derechos humanos, Jacobson ha sido una fiel operadora de la agenda de Washington en América Latina, en particular contra Venezuela y Cuba, y aquellos países que en los años previos consiguieron mayores márgenes de negociación con Estados Unidos.

Por ahora, los gestos de Washington pueden tratarse más de un intento de ejecutar una “salida ordenada” del gobierno de EPN a dos años de las próximas elecciones presidenciales que estabilicen la inestable situación, que de un “soltarle la mano” a la administración del PRI. Lo que es cierto es que la “guerra contra el narcotráfico” impuesta por Estados Unidos a nivel mundial, pero en particular a México está demostrando cruentamente su estrepitoso fracaso.

La agenda de Washington

Roberta Jacobson, no es sólo la cara en “Derechos Humanos” de la administración Obama. Es, como dijimos antes, una de las operadoras del NAFTA y encabezó las negociaciones con México para la implementación del Plan Mérida. Desde el 2008, el acuerdo de seguridad entre Estados Unidos, México y Centro América rotulado con este nombre, se basó en la estrategia de militarización que implicó: equipamiento militar al ejército mexicano valuado en millones de dólares y la operación con plena libertad de las agencias de seguridad e instituciones militares de Estados Unidos en México. Desde entonces la DEA, el FBI, la CIA y el Pentágono tienen libre tránsito para realizar operaciones encubiertas en suelo azteca.

La estrategia ha devenido en una proliferación del crimen organizado en franca asociación con los cuerpos de seguridad y el Ejército y una crisis social de proporciones históricas. Como decíamos aquí, la red de tráfico de personas, mercancías, órganos y estupefacientes que opera a lo largo de los 3,200 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, no podría ser posible sin el concurso de un dispositivo binacional coludido con instituciones de ambos países. El principal receptor de marihuana, goma de opio, amapola, anfetaminas, etc., producido en México es Estados Unidos.

El imperialismo estadounidense, que requiere estabilidad en su patio trasero para garantizar las millonarias ganancias que sus trasnacionales obtienen de la inversión de capitales en suelo azteca, basadas sobre todo en el abaratamiento de la fuerza laboral, parece estar teniendo problemas con el monstruo que él mismo gestó. El telón de fondo de las tensiones en la relación México- Estados Unidos son las primarias estadounidenses. De enfrentarse en las presidenciales estadounidenses el derechista antimexicano Donald Trump contra Hillary Clinton, el Partido Demócrata deberá apretar para dar respuesta a la crisis migratoria, la política antidrogas y mantener el llamado voto latino.

Está por verse los giros que dará el imperialismo estadounidense en lo que parece ser una crisis profunda de su estrategia de seguridad basada en la “guerra contra el terrorismo” y la “guerra contra el narcotráfico”.







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