Política Uruguay

OPINIÓN

Retroceso de las libertades democráticas en Uruguay

La multitudinaria movilización del pasado 27 de junio, con importante presencia juvenil, obliga a poner nuevamente sobre la mesa varios debates que no son nuevos. El rol de las fuerzas represivas, el ataque a las libertades democráticas y la necesidad de la lucha contra el Estado.

Domingo 28 de junio | 20:29

Si bien no escapa al contexto regional e internacional, la fama de “sociedad democrática” y las supuestas credenciales democráticas del presidente Lacalle Pou esconden una avanzada en detrimento de las libertades, principalmente a través de la Ley de Urgente Consideración que tendrá en breve su aprobación parlamentaria.

Aunque internacionalmente, alegres intelectuales liberales como Vargas Llosa se congratulen del “ejemplo uruguayo” y en especial de su gobierno. En realidad, el panorama es de un creciente retroceso de las libertades democráticas.

En el centro está la LUC - Ley de Urgente Consideración -, pero a ella se agrega la creciente presencia de militares en puestos de gobierno - fenómeno que en Uruguay no sucedía desde hace tiempo -, el endurecimiento de las políticas represivas, la defensa descarada de violadores de DDHH durante la dictadura, entre otras cosas.

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En un contexto marcado por la pandemia del Covid 19, Lacalle Pou intenta aprovecharlo poniéndose el objetivo de avanzar no solo en el control social con el aumento de la represión a los sectores populares y el avance de la “legítima defensa”, sino también como lo refleja la LUC en el control político mediante el cercenamiento de varias libertades fundamentales.

Para la foto

Junto a los grandes medios de comunicación, con el Ministro del Interior Larrañaga a la cabeza, se impulsa una política represiva “para la foto”, apelando a las acciones espectaculares e instalando un ambiente de “guerra al narcotráfico”.

El principal resultado es la continuidad de la represión sobre los barrios populares, el aumento de la violencia estatal sobre los sectores más vulnerables y de la violencia social en general. La manifestación explícita de todo esto la podemos ver en las agresiones y abusos del personal policial en varios casos que trascendieron, como el asesinato del perro de una persona en situación de calle. La combinación de esta violencia estatal con el creciente aumento de la miseria social augura tiempos sombríos para la mayoría de la población.

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Junto a esto, y ocultado por los grandes medios de comunicación, avanza la represión contra la militancia social y política. Los ataques a las ollas populares, las amenazas y el espionaje a los militantes sociales se instalan crecientemente bajo la vista gorda de muchos. Si bien son prácticas que nunca dejaron de estar desde anteriores gobiernos, la prepotencia y la escala muestran su tendencia al aumento.

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Defendiendo criminales de lesa humanidad

La lista de desaires contra la memoria histórica que condena los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, ya van formando una larga lista con proyección a continuar. A los dichos del Ministro de Defensa Javier García en defensa de un reo de lesa humanidad recientemente condenado, se suma la reivindicación del ex director de inteligencia policial de la dictadura y responsable de múltiples violaciones a los DDHH Víctor Castiglioni Herrera, aunque a posteriori el Ministro Larrañaga anunció la marcha atrás, dada la protesta de las organizaciones de DDHH.

Partiendo de la política de todo el régimen a favor de la reconciliación, sostenida por los gobiernos de todos los partidos, se profundiza bajo la forma cada vez más descarada de la reivindicación de la represión de la dictadura militar.

La presencia de militares en el gobierno - en algunos casos no exenta de escándalos por lo reaccionario de las posiciones políticas que defienden públicamente - emerge desde el camino abierto del que Manini Ríos supo aprovecharse, gracias a la “reconciliación” promovida por el régimen político y consolidada bajo el gobierno del Frente Amplio, del cual Manini fue comandante en jefe por años y donde se le permitió hacer política descaradamente bajo la vista gorda de los dirigentes políticos responsables en su época.

La impunidad establecida y nunca cuestionada seriamente por ningún gobierno es la matriz de este rebrote reaccionario.

El avance autoritario de la LUC

La LUC se dispone a profundizar y legitimar el avance represivo descrito. Tres ejes marcan su tónica represiva y de retroceso de las libertades democráticas, señalado incluso por observadores de las Naciones Unidas. Por un lado, la “legítima defensa”, que pretende facilitar el gatillo fácil y la profundización de la impunidad al accionar policial. Por otro lado, la amenaza a la libertad de protesta y de reunión, que representa la redacción del articulado referido a los piquetes y la “libre circulación”, lo que significa un ataque directo a este derecho.

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En tercer lugar, se deja las manos libres para los aparatos de inteligencia del Estado, ¿otro homenaje a Castiglioni?, mediante la modificación de la regulación al derecho a la información. Lo que también significa un ataque a un aspecto de la libertad de expresión que es el libre acceso a la información. Estableciendo categorías como información reservada, restringida y secreta, a favor de los servicios de inteligencia estatal.

Ni que hablar del oscuro episodio Argimón-Cristino, con las aseveraciones de la vice acerca de que estamos todos espiados, y dando explicaciones posteriores que oscurecen más el tema, ante la tibia respuesta de la oposición parlamentaria frenteamplista.

¿Ejemplo uruguayo de qué?

El país que pinta el reconocido intelectual Vargas Llosa como paraíso democrático pronto a ser mejorado por su actual presidente Lacalle Pou: “un hombre joven, de principios, amante de la libertad y de las ideas del verdadero progreso”, dista mucho como vemos de lo que realmente pasa y de las intenciones presidenciales. Por supuesto que no le negamos a Vargas Llosa que su admirado presidente es un fiel representante de la hipócrita, elitista, conservadora y también en el fondo represora, agenda de su tribu liberal, a la altura de los intereses mezquinos defendidos por esta centenaria corriente ideológica. Nuevamente los autodenominados “defensores de la libertad” dan cátedra de cómo atacar y cercenar las más elementales libertades democráticas de las mayorías trabajadoras, abrazados a la peor escoria de criminales de lesa humanidad de la dictadura cívico militar.

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Las mayorías populares y trabajadoras, reales protagonistas y defensoras de las conquistas sociales y políticas que se han dado en la historia y de las que gozamos todos, son las que pueden detener este retroceso. El sábado pasado, con las calles del centro de Montevideo colmadas por miles y miles de personas, con una presencia juvenil muy importante, son el germen de la resistencia a estas políticas reaccionarias, y a la vez la punta de lanza para la conquista de una sociedad donde no haya espionaje – ni legal ni ilegal -, ni tampoco criminalización de la protesta ni de la pobreza, y donde se garantice una verdadera libertad de expresión, de reunión y de asociación. Por eso, la manifestación del pasado 27 de junio abre la puerta para remarcar – nuevamente – los límites de esta democracia para pocos – los privilegiados -, y retomar el camino de esos jóvenes que, en los años 70, luchaban por otra sociedad, verdaderamente igualitaria y socialista.

La derrota de la LUC y de los planes represivos y ajustadores del gobierno de Lacalle Pou solo podrá imponerse mediante la lucha organizada y en las calles. Algunos ejemplos iniciales como la jornada de lucha contra la impunidad el pasado 20 de mayo, el impulso de las ollas populares, las acciones militantes contra la LUC, y la movilización el 27 de junio, muestran el camino para lograrlo.







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