Sociedad

SANTA CRUZ

Represa Néstor Kirchner: conflicto de interés y daño irreparable al patrimonio natural y cultural

Denuncian al subsecretario de Energía Hidroeléctrica Jorge Marcolini. En peligro están el glaciar Perito Moreno, el Macá Tobiano y el patrimonio arqueológico. Las represas “sin grieta”.

Roberto Andrés

@RoberAndres1982

Martes 25 de julio | Edición del día

Miembros de organizaciones conservacionistas, políticas y de comunidades tehuelches se reunieron el pasado jueves para denunciar irregularidades en el estudio de impacto ambiental que habilitaría la construcción de las megarrepresas Néstor Kirchner y Gobernador Cepernic, diseñadas sobre el río Santa Cruz.

Las denuncias son contra el subsecretario de Energía Hidroeléctrica Jorge Marcolini, a quien se le acusa de cometer los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Piden la nulidad del estudio elaborado por Marcolini.

El megaproyecto pondría en riesgo a los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini: “Las represas inundarán áreas prioritarias e irremplazables para la biodiversidad, afectarán a los peces migradores, contribuirá a la extinción a una especie endémica como el Macá Tobiano (declarado monumento natural de la provincia) y sepultarán bajo el agua el enorme valor cultural del patrimonio arqueológico de la Patagonia”, señalaron las organizaciones.

Relacionado: Mirá Matar al río, el documental sobre las represas “sin grieta” de Santa Cruz

Las organizaciones son Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Vida Silvestre, Fundación Flora y Fauna Nativa, Fundación Naturaleza para Futuro y Banco de Bosques, quienes junto a Sergio Nahuelquir, de la comunidad tehuelche Mapu Per Jur, el senador Pino Solanas, el presidente de la Asociación de abogados ambientalistas de la Argentina Enrique Viale y el profesor de glaciología Juan Pablo Milana (Conicet), se reunieron en audiencia pública para denunciar el caso. También estuvo presente, por parte del Frente de Izquierda, la dirigente Ivana Nazer (PO), de Santa Cruz, quien se comunicó por teleconferencia desde las instalaciones del Hospital SAMIC de la ciudad de El Calafate.

Marcolini, juez y parte

En el ojo de la tormenta se encuentra Jorge Hugo Marcolini, quien asumiera el 10 de diciembre de 2015 como subsecretario de Energía Hidroeléctrica, dependiente del Ministerio de Energía y Minería de Aranguren. A Marcolini se le acusa de cometer los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.


Jorge Hugo Marcolini, subsecretario de Energía Hidroeléctrica.

Esto se debe a que Marcolini en su calidad de funcionario público ha sido el responsable de recibir desde el Estado el estudio de impacto ambiental (EIA) que habilitaría la construcción de las megarrepresas. Sin embargo, a su vez, también ha sido el responsable de presentar al propio Estado el mencionado estudio: en un primer momento como jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la consultora IATASA, una constructora de megaemprendimientos industriales, como las represas, y cuya primera versión del EIA fue rechazada por falencias, omisiones y errores técnicos; y en un segundo momento como director de Emprendimientos Energéticos Binacionales (EBISA), una sociedad anónima de capitales estatales, ya que el 99 % de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía, mientras que el resto a Nucleoeléctrica Argentina SA (la compañía que produce y comercializa la energía generada por las tres centrales nucleares del país). Ocurre que al momento de publicar el segundo estudio de impacto ambiental, EBISA no se encontraba inscripta en el Registro de Consultores de Impacto Ambiental perteneciente al Ministerio de Ambiente. A esto se suma que Marcolini posee $ 657.017,53 en acciones de IATASA. También tiene $6.392 invertidos en acciones de Central Puerto S.A., que opera en distintas centrales termoeléctricas del país, y es miembro fundador -con $ 90 mil- de la sociedad Añelo 30-2015, una inmobiliaria, desarrolladora y constructora con un nombre referido al pueblo sobre el que se monta el gigantesco yacimiento de shale gas Vaca Muerta.

Frente a ese conflicto de intereses, los denunciantes pidieron la nulidad del estudio de impacto ambiental hecho por EBISA. “El hecho de que Jorge Marcolini continúe, como subsecretario de Energía Hidroeléctrica, a cargo de la revisión del proyecto ’Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz’, da cuenta de la nulidad de todo este procedimiento. Su falta de independencia y la violación a la Ley de Ética Pública tornan cualquier decisión del Ministerio de Energía y Minería de la Nación vinculada al proyecto hidroeléctrico en cuestión, nula de nulidad absoluta”, señalaron a Infobae, Solanas y Viale días previos a la audiencia pública.

Irregularidades en el estudio de impacto ambiental de EBISA

Uno de los temas de debate en la audiencia pública pasada fue el estudio de impacto ambiental. “Son numerosas las críticas al estudio presentado”, señalaron las organizaciones conservacionistas en un comunicado tras la audiencia. “Pero en principio consideramos que está incompleto, porque no cumple una de las pautas específicas del contrato firmado por el Estado argentino con la República Popular China, en el cual queda de manifiesto que el estudio debe hacerse con las dos represas hidroeléctricas junto con la evaluación de impacto ambiental del tendido eléctrico. Este último está ausente en los informes presentados”, denunciaron.

El propio Ministerio de Ambiente en su Informe Técnico reconoce que no se ha realizado la ampliación del estudio del megaproyecto que incluya la línea de AT de 500 KV, por lo que de proseguir la obra se estaría infringiendo la Ley General de Ambiente.

Uno de los expositores en la audiencia pública fue Juan Pablo Milana, investigador principal del Conicet, doctor en Ciencias Geológicas y profesor de glaciología de la Universidad Nacional de San Juan. Según Milana, los datos del estudio de impacto ambiental de la represa Néstor Kirchner -la más cercana al Lago Argentino, cuyas aguas se sitúan en el Parque Nacional Los Glaciares- se encuentran adulterados, lo que pondría en riesgo a los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini, afectando en consecuencia la biodiversidad en el último río glaciario que corre libre de la cordillera al mar.


Parque Nacional Los Glaciares.

Para el investigador, lo más peligroso del diseño de la represa es la posibilidad de embalsar agua muy por encima del nivel definido como mínimo para el Lago Argentino. Milana también indicó que el estudio reconoce que los caudales del lago Argentino y del río Santa Cruz dependen principalmente del derretimiento de nieves glaciares, pero no analiza el potencial impacto sobre los glaciares: “Es un glaciar de gran fragilidad y ante un evento externo, como lo es modificar la presión del agua en la punta por efecto de la represa, podría provocar un desequilibrio y hacer que colapse. Nadie hasta ahora constató científicamente que eso no vaya a pasar”, declaró a Infobae días previos a la audiencia.

Por su parte, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, dependiente del Conicet, remarcó: “La revisión preliminar del informe de EBISA sugiere que existen importantes inconsistencias y omisiones en la información relativa a los glaciares de la cuenca del río Santa Cruz, lo que consideramos debería ser objeto de un estudio específico”.


Glaciar Perito Moreno.

Según las organizaciones, lo más alarmantes es que si las represas no son operadas de manera precisa, podrían elevar la cota del lago Argentino muy por encima de su altura normal, impactando seriamente sobre el Parque Nacional Los Glaciares. “La empresa responsable de este manejo es la misma que fue sancionada por el Banco Mundial por ‘mala praxis’ y ha sido inhabilitada para adjudicarse cualquier contrato financiado por esta entidad por fraude y corrupción. Que el futuro del glaciar Perito Moreno dependa de esta empresa es inadmisible. El proyecto no garantiza que, bajo cualquier circunstancia, no va a haber impacto sobre el lago Argentino y los glaciares”, afirma Pedro Friedrich de Banco de Bosques.

Efectivamente, la china Gezhouba fue sancionada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por operaciones fraudulentas y mala praxis en diversos proyectos, y es responsable por las desastrosas consecuencias ambientales de la construcción de una represa sobre el río Yangtsé, en China.

Como si fuera poco, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó recientemente un convenio marco de colaboración con Gezhouba. Si bien los detalles del acuerdo están todavía por definirse, este habilita a la utilización de los “recursos humanos, profesionales y técnicos de la UBA para el emprendimiento”. Las otras empresas beneficiadas con el acuerdo son Hidrocuyo y Electroinegienría, esta última propiedad del empresario kirchnerista Gerardo Ferreya, quien junto a Lázaro Báez y Cristóbal López formaban el triángulo empresarial de la ´década ganada´.

Daños irreparables al patrimonio natural y cultural

“Este proyecto es cuestionable por razones institucionales, económicas y ambientales”, denunció el senador Pino Solanas. Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, alertó sobre la falta de garantías sobre el daño ambiental que producirán las represas y el riesgo institucional de llevar adelante un proyecto con un estudio de impacto ambiental incompleto, y solo impulsado por un condicionado contrato con el Estado chino.

Existen numerosos casos en el mundo donde el daño ambiental ha significado la desaparición de especies como delfines, peces migradores y aves acuáticas. Algunos ejemplos mundiales han tenido lugar en China. El delfín del río Yangtze (el tercer río más largo del mundo) sufrió las consecuencias de los emprendimientos hidroeléctricos sobre el río, constituyendo el primer caso documentado de extinción de megafauna. En Argentina se extinguió el Pato Serrucho, una especie de la región paranaense, a raíz de la construcción de la represa sobre el arroyo Urugua-í, en la mencionada provincia.

Hernán Casañas, de Aves Argentinas, destacó la extrema fragilidad del área: “No hay compensación posible para un área tan frágil e importante que se destruye como el estuario del río Santa Cruz”. Según Casañas, “la Administración de Parques Nacionales elaboró un informe diciendo que la mayor parte del río Santa Cruz es un área prioritaria para la conservación. Y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) envió una nota al presidente Mauricio Macri expresando su preocupación por la construcción de las represas y la conservación del Macá Tobiano”.


Macá Tobiano. Foto: Hernán Podevano.

El Macá Tobiano es un ave endémica de la Patagonia Austral. Desde su descubrimiento en 1974 se ha convertido en un símbolo de la naturaleza silvestre y la conservación en la Patagonia. Su población hoy no supera los 800 individuos, lo cual significa que la población decreció más de un 80 % en los últimos 25 años, por lo que podría extinguirse en la próxima década.

“Hace diez años todos los ambientalistas hablábamos del cambio climático y se nos reían en la cara. Hoy está en todos los discursos de funcionarios. Ojalá en diez años no estén todos lamentando las represas”, sentenció Casañas.

Para Andrés Nápoli, de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “toda actividad humana genera impacto en el ambiente. Lo importante es discutir qué impacto estamos dispuestos a soportar como sociedad. Estas represas son inconvenientes porque se puede producir la misma energía con otras fuentes que incluso promoverían mayor y mejor empleo. Además son necesarias políticas de eficiencia energética que podrían desarrollarse con la inversión que van a tener estas represas. Sin embargo, el gran motor de la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz no es la energía que producirán las represas, sino el contrato cerrado con China, que condiciona el futuro de todos los argentinos y argentinas”.

Además, el Plan de Gestión Ambiental presentado en el estudio de EBISA no evalúa alternativas energéticas al proyecto hidroeléctrico en cuestión, a pesar de que el Manual de Gestión Ambiental para Obras Hidráulicas con aprovechamiento energético establece la necesidad de un análisis de alternativas.

Según el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía, las megarrepresas Kirchner y Cepernic no pueden ser consideradas energía renovable, ya que generarán 1310 MW, mientras que la Ley 27.191 establece que “el límite de potencia establecido por la presente ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas, será de hasta cincuenta megavatios (50 MW)”.

Las megarrepresas representan una forma de energía obsoleta en el mundo actual, denuncian las organizaciones. En países como Estados Unidos o la India se están demoliendo represas a fin de que los ríos vuelvan a correr libres y, en otras partes, como Chile o Brasil se han cancelado grandes proyectos hidroeléctricos. Incluso, al contrario de los lagos naturales, los embalses tienden a inundar grandes extensiones de materia orgánica que, en la medida que se va descomponiendo, produce dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Además, reciben de los ríos abundante materia orgánica, y nutrientes como nitrógeno y fósforo; lo que estimula la producción de gases contaminantes.

Representantes de los pueblos originarios de la zona también estuvieron presentes en la audiencia pública. Sergio Nahuelquir, de la comunidad tehuelche Mapu Per Jur, afirmó: “Estamos en total desacuerdo con la construcción de estas megarrepresas, sobre todo en la forma en que se quieren llevar adelante e instalar sobre el río Santa Cruz, ya que no coincide con la forma de vida que tenemos los pueblos originarios, aunque tal vez a una parte de la población no le interesa mucho. Pero algo a lo que no estamos acostumbrados nosotros es a hipotecar, a coartar, a vender o a comprometer el futuro de nuestras poblaciones. La idea de condicionar la biodiversidad no nos parece aceptable”.

Un informe técnico presentado por la Comisión Nacional de Lugares y Bienes Históricos del Ministerio de Cultura explica que las medidas de mitigación contenidas en el estudio de impacto ambiental de EBISA “no guardan relación con la magnitud de la pérdida irreversible de patrimonio arqueológico que provocará la construcción de las represas”. Y no se han completado las tareas de rescate del material arqueológico, un patrimonio cultural que quedará sumergido.


Mano en negativo, en Yaten Guajen. Foto: Marina Aizen.

Las organizaciones denuncian que “las represas sepultarán definitivamente bajo el agua pinturas rupestres y petroglifos estampados con belleza por grupos que habitaron hace casi diez mil años esta meseta esteparia. Un sitio particularmente sensible es el cañadón de Yaten Guajen, que en la lengua tehuelche quiere decir ‘piedra pintada’. Será importante e histórico, pero quedará inundado si se construye el embalse Jorge Cepernic. Se trata de un daño permanente desde el punto de vista arqueológico. No sólo hay dibujos de manos, pies y de fauna en las paredes de las montañas, aleros y cuevas, sino que también hay gran cantidad de material lítico y restos óseos. Los pobladores que allí vivieron eran cazadores recolectores, que se sostenían gracias al guanaco”.

Otro aspecto por el que se cuestionan las megarrepresas es que estas desprecian la generación de empleo sustentable vinculado a servicios turísticos y que pongan énfasis en el paisaje y los valores culturales. Incluso, el proyecto ya no pertenece a la provincia, pues esta solo se quedará con un 12 % de las regalías, lo que representa apenas un aumento del 0,25 % del presupuesto con el que cuenta Santa Cruz.

Tampoco es consistente la oferta laboral y el empleo de calidad que promoverá la construcción de las represas: “Según Marcos Peña dicho proyecto estimulará la creación de 6.000 y 6.500 puestos de trabajo. El pliego de licitación de la obra requiere que un 80 % de esta mano de obra sea satisfecha por trabajadores de la provincia de Santa Cruz”, indicaron las organizaciones conservacionistas. “Sin embargo, la evidencia a nivel internacional es que el porcentaje de contratación de mano de obra nacional (ya que no siempre proviene de la localidad donde se emplaza la obra), en los casos más promisorios es del 70 %, y en diversos proyectos han emergido denuncias sobre conflictividad laboral vinculados a dificultades en el pago y maltrato”, denunciaron.

Un megaproyecto “sin grieta”

Algo que señalaron los denunciantes como “muy llamativo es que todas las voces escuchadas a favor del proyecto correspondieron a funcionarios de diversos organismos nacionales y provinciales, mientras que las personas interesadas, ciudadanos de Santa Cruz y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra de las represas. Cabe preguntarse ¿qué intereses representan y defienden esos funcionarios si se contradicen con las voces de la sociedad civil?”.

“Este proyecto tiene muy escasa oposición política”, declaró Manuel Jaramillo, de la Fundación Vida Silvestre. “Su mejor ventaja ha sido cerrar la famosa grieta. Es por ello que seguramente deberemos esperar que la justicia se expida a favor de la libertad del río Santa Cruz”. Jaramillo también señaló que “no existió consulta previa e informada a los pueblos originarios. Pero se considera que es posible remover o inundar una gran cantidad de sitios arqueológicos que son testigos de su cultura. En este contexto no puede considerarse válido este estudio de impacto ambiental”.

Ivana Nazer declaró por su parte en la audiencia pública: “Dicho proyecto no obedece a un proyecto nacional de desarrollo de nuestra economía (no asegura trabajo genuino, no resuelve la crisis energética, no responde a un plan de industrialización de la provincia, ni reúne el nivel de prioridad en comparación a otros proyectos energéticos del país), por lo tanto el proyecto económico obedece a un interés de resarcimiento de una multinacional y no del mejoramiento de la condiciones de vida del conjunto de la población”. En teleconferencia desde las instalaciones del Hospital SAMIC de la ciudad de El Calafate, Nazer señaló que “quienes dirigen e imponen su agenda en esta situación son los empresarios chinos. Esto corresponde tanto para el mandato de Macri como para el pasado gobierno kirchnerista”.






Temas relacionados

Ecología y Medioambiente   /    Santa Cruz   /    CABA   /    Sociedad   /    Política

Comentarios

DEJAR COMENTARIO