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Renato Sales niega inconstitucionalidad de Ley de Seguridad Interior

Comisionado de seguridad defiende la ley que protege militarización de México, la “estrategia de seguridad” gubernamental promovida desde Estados Unidos, que ha dejado cientos de miles de muertos, desaparecidos, desplazados y el alza de los feminicidios.

Viernes 22 de diciembre de 2017 | 13:47

Tras la promulgación de esta ley reaccionaria que criminaliza la protesta social, ahora la Suprema Corte de Justicia de México debe evaluar si se enmarca o no en la Carta Magna, para determinar si es constitucional. El plazo para tomar la decisión es de 30 días.

De plano el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, afirmó que la Ley de Seguridad Interior “no tiene visos de inconstitucionalidad”.

Señaló que de acuerdo con el artículo 89 de la Constitución, el presidente tiene la facultad de “hacer uso de las fuerzas armadas permanentes para preservar la seguridad interior y la defensa exterior”.

Por su parte el colectivo Seguridad Sin Guerra, formado por 250 asociaciones de la sociedad civil, ha publicado un comunicado en el que denuncia que la promesa de no aplicar la ley "es una simulación más en este penoso proceso". Afirma también que "El proyecto de ley está revestido de elementos de opacidad que permiten el uso discrecional y permanente de las Fuerzas Armadas para realizar acciones que pueden lesionar derechos humanos".

Es desde diciembre de 2006, hace once años, que las Fuerzas Armadas cumplen labores policiales en cientos de municipios de todo el territorio mexicano. Es parte del legado del sexenio del expresidente Felipe Calderón, del PAN. Pero desde entonces, lejos de terminar con el crimen organizado, éste se multiplicó. Las disputas por las plazas del narco provocan cientos de muertes y desapariciones forzadas. Se han dado a conocer múltiples casos de vínculos entre altos funcionarios públicos, el crimen organizado y el Ejército.

El caso de los 43 de Ayotzinapa sin duda es uno de los más emblemáticos: se evidenció la participación del Ejército y de cárteles del narcotráfico en la masacre de Iguala y la posterior desaparición de los jóvenes normalistas.






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