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CONTRARREFORMAS

Reforma laboral y fiscal: un pacto para atacar a los trabajadores

El gobierno cerró acuerdos clave con gobernadores y la CGT, impulsando un ataque brutal contra los trabajadores, aunque debió retroceder varios puntos. Es posible derrotar sus planes antiobreros.

Lucía Ruiz

Economista UBA

Sábado 18 de noviembre | Edición del día

Esta semana fue clave para los planes del gobierno. Las negociaciones con la burocracia sindical primero y el pacto fiscal con los gobernadores después, sellaron lo que quizás es el momento más importante para el gobierno de Cambiemos, incluso más que los buenos resultados obtenidos en las elecciones de medio término. Es que se trata de la posibilidad de avanzar en uno de los objetivos estratégicos que lo ubicó a Macri en el Ejecutivo en primer lugar: torcer significativamente la balanza en favor de las patronales y en contra de los trabajadores.

Parecería que el gobierno se encuentra en la cresta de la ola, y así, con esta actitud ofensiva salió a disputar con todo luego de las elecciones de octubre. Sin embargo, todavía falta el capítulo más importante. El período tragicómico de tres semanas posteriores al 22-O, con anuncios, declaraciones, amenazas y pactos a puertas cerradas, apenas le sirvió al gobierno para que las leyes tributaria y laboral desembarquen en el Parlamento. El oficialismo tiene minoría en ambas cámaras, pero apuesta al voto del peronismo, el massismo, los apoyos de los gobernadores y de la CGT.

El columnista de La Nación, Carlos Pagni, ejemplificaba este jueves el fervor despertado por los acuerdos al expresar su asombro por el relativo éxito del gobierno en las negociaciones. No sólo porque el pacto fiscal tendría una dimensión histórica (“la Argentina no firma un pacto fiscal desde 1993”), sino especialmente porque “suponía que hoy iba a haber un ruido que no hubo”, en alusión a la escasa oposición encontrada hasta el momento, a excepción del sindicalismo combativo que mostró en las calles su disposición a enfrentarlo.

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Como sucedió hasta ahora, la “oposición” de Massa y el FpV que convalidó todas las leyes de ajuste del macrismo en el Congreso, se prepara para levantar la mano en favor del oficialismo en el Congreso. Nada nuevo puede esperarse de ellos. La verdadera oposición a la ofensiva del capital estará en las calles y en los puestos de trabajo y no puede provenir de otro sujeto más que de los propios trabajadores.

Por qué la reforma laboral es antiobrera

El objetivo de la (contra) reforma laboral es abaratar los costos empresarios flexibilizando la fuerza de trabajo, es decir, las condiciones laborales. Los empresarios, el gobierno, y hasta la burocracia sindical, plantean que no se trastocan los derechos “fundamentales” de los trabajadores y hasta se animan a decir que los cambios no afectarán los salarios. Cada uno de los artículos de la reforma muestra lo contrario. Pero además, ¿cuál otro puede ser el apuro por sancionar esa ley?

Si bien aún no se conoce el texto final del anteproyecto de reforma laboral que acordaron el gobierno y la CGT en el predio de la Sociedad Rural, y que se habría presentado a última hora en el Senado, los borradores difundidos señalan que el gobierno debió retroceder en ciertos puntos muy repudiados por los trabajadores.

Estos puntos son: el “banco de horas”, la contabilización de las horas extra y las comisiones (aunque no otros conceptos) para el cálculo de las indemnizaciones, el concepto de salario que ponía en pie de igualdad a trabajadores y empleadores, las tercerizaciones, que en el nuevo proyecto pasarán a estar eximidas sólo algunas actividades, los plazos de la prescripción del despido que se pretendían reducir de dos a un año, entre los más importantes.

Sin embargo, cada uno de estos aspectos regresivos, en particular el “banco de horas”, podrá ser incluido en los convenios de trabajo sectoriales, como ya ocurre en numerosos casos en la actualidad, y el gobierno seguirá curso a su plan complementario a la reforma laboral de ir “sector por sector”, promoviendo la legalización de la flexibilización y precarización laboral.

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Así también, quedan en pie alarmantes puntos de la reforma que significan un empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo:

• No computa el aguinaldo y los premios para el cálculo de las indemnizaciones.

• Se condonan las deudas de los empleadores que mantuvieron durante años en la informalidad a sus empleados, eliminando toda multa o penalidad.

• Si la empresa continúa teniendo trabajadores no registrados sólo se le aplica una obligación de pagar una proporción de la deuda condonada más intereses. También se modifican artículos de la Ley de Empleo (24.013) que prevén multas por mala o nula registración. El proyecto ahora fija la condena en un 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente (hoy sería sólo $4.430), cuando antes era el 25% de toda la remuneración y el dinero será destinado al Estado, en lugar de beneficiar al trabajador.

• Si el trabajador que no está registrado (“en negro”) intima a la empresa para que regularice su situación y es despedido sin causa dentro de los dos años siguientes, el empleador no realiza ninguna multa, cuando en el artículo 15 de la Ley de Empleo establece que debe abonarse una multa a favor del trabajador. Esto es, se busca bajar el costo de contratar y despedir trabajadores.

• En igual sentido, se derogarán el artículo 1 de la ley 25.323, que establece una sanción en favor del empleado cesanteado si, al concluir su relación laboral, no ha sido registrado o lo está pero de modo deficiente.

• Para los trabajadores que con el “blanqueo” hayan pasado de la informalidad a estar registrados sólo se les reconocerán 5 años de aportes jubilatorios, a pesar de haber estado durante 10, 15 o 20 años trabajando en esa condición y a pesar de que sí se reconozca la totalidad de sus años trabajados para la antigüedad y las vacaciones.

Quedan en pie las pasantías por lo cual los jóvenes (estudiantes y graduados con un año de haberse recibido) podrán trabajar en empresas por un plazo máximo de un año y 30 horas semana. Aunque el proyecto dice que sus ingresos ("estimulo" lo llaman) surgirán del convenio colectivo, establece una cláusula por el cual, si su actividad no está contemplada en el convenio, se la pagará en función del salario mínimo vital y móvil. Los jóvenes trabajadores no sólo cobrarán así una miseria, sino que al cabo del año su despido le cuesta cero pesos al empleador.

Tercerizaciones: se habilita para un conjunto de actividades la subcontratación sin ninguna responsabilidad por parte del empleador principal en el caso de despidos u otras causas. Así, la responsabilidad solidaria por subcontratación establece que el empleador principal deberá controlar a la tercerizada y ambas empresas notificar al gremio de la modalidad de contrato. Esta responsabilidad no será aplicable a los servicios que se contraten para realizar actividades complementarias de limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, gastronomía, servicios médicos de emergencia y de higiene y seguridad en el trabajo, que se efectúen en el establecimiento o explotación. Tampoco será aplicable a los servicios de transporte de personas, desde y hacia el establecimiento o explotación.

• Con respecto al primer borrador, se excluyeron del listado informática y transporte que no sea de personas, es decir, deja por fuera de la eximición a los camioneros.

Indemnizaciones por despido: se quita la exclusión de horas extras y comisiones planteadas en el primer texto, pero excluye de la base del cálculo "la parte proporcional del sueldo anual complementario, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación de desempeño y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador".

Ius Variandi: el empleado puede considerarse despedido si la empresa decide cambiarle formas y modalidades del trabajo, pero ello no implicará su reinstalación inmediata en el puesto de trabajo.

Se mantiene el Fondo de Cese laboral: no se modifica del proyecto inicial la posibilidad de constitución de un fondo que surge del aporte mensual de un porcentaje del salario y que al finalizar la relación laboral será entregado al trabajador en concepto de “indemnización”. Esto significa reducir el monto de las indemnizaciones y disminuir en gran medida los costos laborales por despido. Para los empresarios significa un logro sustantivo.

• La legalización de la precariedad laboral: El nuevo proyecto de ley insta a crear en un plazo de 90 días una comisión para elaborar un proyecto de ley que permita la extensión de la precarización laboral, permitiendo por un lado que un monotributista empleador pueda contratar hasta 3 monotributistas, en lugar de declarar a los trabajadores en relación de dependencia. Y también la creación de “Estatuto Especial para trabajadores profesionales autónomos económicamente vinculados”, es decir, una figura que puede implicar una “vinculación” o dependencia sin que se reconozca relación laboral. En otras palabras, se podría habilitar a que se legalicen las relaciones laborales encubiertas.

Se puede derrotar la ofensiva del macrismo y el consenso burgués

Pero otro importante ataque es para los jubilados. Del borrador original de reforma laboral se eliminó toda una sección muy importante que trata de un fenomenal abaratamiento de los costos laborales a cuenta de los jubilados y de los niños mediante una reducción histórica de las contribuciones patronales. Esta reduce el financiamiento del sistema y pretende ser "compensada" con un cambio en la fórmula de cálculo de las jubilaciones y otros beneficios sociales.

La reducción de contribuciones patronales que estaba en el primer proyecto se eliminó del borrador de reforma laboral para evitar “poner en aprietos” a una burocracia sindical que vería limitada la posibilidad de firmar semejante entrega.

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Ello evidencia que la fortaleza aparente del gobierno en realidad es relativa y se recuesta la traición de la burocracia sindical de la CGT que debió hacer malabares para justificarse, mientras otro sector del sindicalismo se destaca por su increíble pasividad. El gobierno logra pasar medidas anti obreras sin necesidad de dar una gran pelea, por pura capitulación de la dirección de la CGT y por el rol facilitador y consecuente del peronismo.

Los sectores que dicen rechazar estas reformas y se ubican en la oposición, como el sindicalismo detrás de Pablo Moyano y las CTA, deben pasar de las palabras a la acción, votando plan de lucha como impulsa el sindicalismo combativo, para derrotar los planes del gobierno de lograr una mayor explotación laboral que sea "atractiva" al capital.

La clase trabajadora cuenta con un enorme poder para derribar cada una de las reformas antiobreras, tanto la laboral, la tributaria como la previsional. No hay que aceptar ningún avance flexibilizador más, hay que derrotar este ataque de conjunto poniendo en movimiento todas las fuerzas de los trabajadores y el pueblo pobre, abriendo la puerta a pensar una alternativa desde y para los trabajadores. Un gobierno propio que termine con la desocupación, la subocupación, la sobreocupación y el trabajo en negro por medio del reparto de las horas de trabajo y la utilización de la ciencia y la técnica para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y no a la inversa, como intenta hacer reaccionariamente el gobierno de los CEOs.








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