Política México

MILITARIZACIÓN

Recrudece la violencia: otro foco de incendio del gobierno de Peña Nieto

Cinco militares emboscados en Sinaloa por el crimen organizado. Ecatepec, el municipio más populoso del Estado de México, entre las ciudades más violentas del país.

Bárbara Funes

México D.F |

Miércoles 5 de octubre

En la madrugada del viernes 30 de septiembre cinco militares murieron y 10 más fueron heridos en un choque entre un convoy del Ejército y sicarios, en la entrada al fraccionamiento Espacios Barcelona, sobre la carretera México 15. La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) señaló a los hijos del “Chapo” Guzmán como los autores intelectuales del ataque, para liberar a Julio Óscar Ortiz Vega, conocido como el “Kevin”.

Sinaloa es territorio en disputa entre distintos cárteles. En Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y el Estado de México florece el crimen organizado como hongos bajo la lluvia.

Peña Nieto y la Sedena han visto el ataque como un agravio a su autoridad. Según distintos medios, esto llevará a la profundización de los despliegues militares y la violencia.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), demanda al gobierno de Enrique Peña Nieto garantizar la seguridad del país.
Es así que al sombrío panorama económico y a los roces con la Iglesia, a la humillación con el convite a Donald Trump, Peña Nieto suma otro elemento a la crisis de su gobierno.

Cruce entre crimen organizado y gobierno

Fue con la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se evidenció más que nunca la colusión entre el narcotráfico y los tres niveles de gobierno -municipal, estatal y federal-. Los lazos entre Abarca, exalcalde de Iguala, Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, y los cárteles que operan en ese estado sureño se hicieron visibles. Claro que otros funcionarios, del PRI y del PAN también han tenido sus escándalos por vínculos con el narcotráfico.

Hace poco tiempo, se denunció también la colusión entre la policía de Ecatepec y organizaciones criminales en una nota publicada en El País.

Toda una rama de la economía se desarrolla en las sombras de la ilegalidad: el narcotráfico, la trata de personas, el ordeñe de ductos de Pemex, extorsiones (a migrantes y a pobladores). Son millones y millones de dólares que se acumulan con el aval del gobierno y sus fuerzas de seguridad. Ese dinero se lava, por distintas vías, y pasa a circular en la economía “legal”.

No siempre llegan a acuerdos “de caballeros”, y es entonces cuando las cosas se salen de control. Cuando sectores del crimen organizado y el gobierno se enfrentan, y los empresarios ya no se sienten tan a gusto para explotar a la clase trabajadora y enriquecerse.

Es la “guerra contra el narco”: con los millones de la Iniciativa Mérida se arma y se entrenan a las fuerzas represivas -Ejército, Marina, policía-. Agentes estadounidenses se suman. Es la brutalidad de la militarización.

La espiral de violencia

Durante el sexenio de Peña Nieto, la cifra de personas ejecutadas suma más de 78,000. Proliferan feminicidios, crímenes de odio, desapariciones forzadas y desplazamientos.

Son la clase trabajadora y los sectores populares quienes se llevan la peor parte: expuestos a la violencia de las fuerzas represivas y a la del crimen organizado.
Y mientras los cárteles se multiplican, en realidad la militarización se despliega fundamentalmente para mantener a raya el descontento social. Están listos para desaparecer, ejecutar, torturar. A veces, como medida preventiva antes de que se exprese el descontento. Otras, para acallarlo. Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Tanhuato, Nochixtlán tienen un denominador en común: la violencia de las fuerzas represivas y la impunidad.

Contra la militarización

Luego del ataque contra los militares en Sinaloa, como decíamos al inicio, posiblemente vamos a recrudecimiento de la “guerra contra el narco”. Es decir, más militarización a lo largo y ancho del país. Muy conveniente para el gobierno, las trasnacionales y el imperialismo estadounidense, para garantizar la aplicación de la reforma educativa -y todo el paquete de reformas estructurales- y para avanzar en la liquidación de libertades democráticas elementales.

El gobierno enfrenta una crisis profunda, en un entorno económico internacional que le es desfavorable. Si se mantiene es porque cuenta con el apoyo de sus socios del PRI, del PAN y del PRD, y con la tibieza Andrés Manuel López Obrador, líder del Morena, que apuesta a mantener la “gobernabilidad” para los de arriba. Si Peña Nieto se mantiene es también porque cuenta con el apoyo de los charros de los sindicatos y porque las direcciones que se reivindican “opositoras” no fortalecieron la combativa resistencia magisterial contra la reforma educativa con un paro nacional contra las reformas estructurales. Y es así que los de arriba quieren aprovechar para volver a pasar a la ofensiva para degradar aun más las condiciones de vida de las mayorías.

Ante esta perspectiva, se hace necesario que las direcciones sindicales que se reclaman “opositoras”, como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) revean su posición y movilicen a sus bases. Es urgente que la clase trabajadora, en primer lugar, el magisterio que ha enfrentado en las calles la reforma educativa por cuatro meses, en alianza con los pueblos originarios, las mujeres, la comunidad sexodiversa, la juventud, las organizaciones de derechos humanos y las de izquierda ponga en pie un amplio movimiento contra la militarización que pretende silenciar la protesta social. El primer paso para organizar la lucha contra el gobierno de Peña Nieto.




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