Política

DOBLE VARA Y DOBLE DISCURSO

“Recompensas”: para Bullrich un manifestante vale el doble que varios genocidas

El Gobierno elevó a $ 1 millón la recompensa por el paradero de Sebastián Romero, el joven que tiró pirotecnia en la Plaza Congreso el 18D. Por criminales de lesa humanidad y narcotraficantes ofrece $ 500 mil.

Carlos Platkowski

Abogado CeProDH

Viernes 25 de mayo | 12:28

El Ministerio de Seguridad de la Nación publicó recientemente en su página web la recompensa de $ 1 millón a quien brinde información que conduzca directamente al arresto de Sebastián Rodrigo Romero.

Romero es militante del PSTU y está acusado de haber tirado un artefacto de pirotecnia, sin que haya pruebas siquiera de que por eso haya dañado a alguien, en la enorme movilización del 18 de diciembre que repudiaba el robo a los jubilados y a las Asignaciones Universales por Hijo (AUH).

Fue el día que el oficialismo con la ayuda del PJ Federal hizo ley la contrarreforma previsional y, sobre la tarde de esa jornada, desató una cacería a cargo de las policías Federal y de la Ciudad deteniendo ilegalmente a decenas de personas e hiriendo a otras tantas, algunas de gravedad.

Por la represión de las fuerzas comandadas por Bullrich hubo manifestantes hospitalizados y varios perdieron un ojo por disparos de balas de goma ejecutados a corta distancia.

El programa de recompensa para dar con el paradero de prófugos del Poder Judicial depende del ministerio a cargo de Patricia Bullrich. En él se incluyen a las personas acusadas de haber cometido los delitos más atroces.

La lista abarca a genocidas prófugos, a acusados de violación y de femicidio. Para dar con la captura de alguien que cometió delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico militar, el ministerio de Bullrich ofrece la mitad de lo que ofrece por Sebastián Romero, que usó pirotecnia tirada al aire.

Para este gobierno es más grave haber participado de una manifestación popular en contra del robo a nuestros jubilados que ser un genocida que asesinó, torturó o desapareció personas, y que lo hizo en el marco de un genocidio que dejó 30 mil personas desaparecidas y con más de 400 personas que aún hoy tienen su identidad robada (los bebés nacidos de madres en cautiverio).

El monto de las recompensas ofrecidas por el Ministerio de Seguridad se supone que debería estar directamente ligado a la peligrosidad, el interés del Estado y al tiempo que la persona lleva buscada por la Justicia.

Resulta, entonces, que para este gobierno dar con los genocidas prófugos es mucho menos importante (la mitad de recompensa) que dar con un obrero de la General Motors acusado de arrojar pirotecnia a la Policía.

Si dieran con el paradero de Romero, seguramente sería encarcelado y no obtendría ninguno de los beneficios que tienen los más de 500 represores con prisión domiciliaria. Justicia de clase sin disimulo.

Este dato ya de por sí es escandaloso. Pero el doble discurso de Cambiemos queda aún más en evidencia si se indaga cuánto ofrece Bullrich como recompensa para quienes están acusados de narcotráfico: $ 250 mil, un cuarto que lo que ofrece por Romero.

El Gobierno que dice desvelarse por terminar con el narcotráfico y que usa eso como excusa para pretender modificar la Ley de Seguridad Interior para habilitar que el Ejército cumpla funciones en nuestro territorio, pone un valor bastante menor al ofrecido para alguien que fue parte de miles que resistieron horas los embates de la Gendarmería y la Policía reprimiendo manifestantes.

Otro tanto sucede comparado con quienes están acusados de violar o asesinar a mujeres y se fugaron.

Todo esto representa una ofensa imperdonable para con los familiares de los desaparecidos, pero también hacia las víctimas de femicidios de la Argentina.

Esto demuestra los intereses que defiende el Gobierno. Si los montos de las recompensas son directamente proporcionales al interés que persigue, su máxima preocupación reside en desalentar la protesta y el rechazo a las políticas de ajuste.

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) exige la inmediata anulación de la resolución que ofrece una recompensa para dar con un manifestante. Que encuentren, enjuicien y encarcelen en prisiones comunes a los genocidas.







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