Política

CARCELES Y CORONAVIRUS

Reclamo en las cárceles bonaerenses por las condiciones de detención y derechos elementales

Decenas de personas detenidas en cárceles bonaerenses vuelven a reclamar por sus derechos y los de sus familias. Para variar, el tratamiento de las grandes empresas mediáticas habla de "motines" en reclamo por visitas presenciales, intentando ocultar una realidad imposible de tapar por más manos que se empleen para ello.

Sábado 31 de octubre de 2020 | 18:43

La situación en cárceles y comisarías es de tal gravedad que puede afirmarse con total certeza que se trata de una crisis humanitaria extrema. Hacinamiento, falta de atención médica, torturas, comida inexistente o en mal estado, son algunas de las privaciones y violaciones de derechos que todos los días sufren las más de cien mil personas privadas de su libertad en el país.

Durante esta tarde, personas detenidas en Melchor Romero, Florencio Varela, San Martin y otros penales bonaerenses llevan adelante protestas.

El abogado y escritor Alberto Sarlo, quien participó del documental "Pabellón 4" (http://tv.cine.ar/movie/10609/), y que además es docente de Filosofía y Literatura en el Pabellón 4 de la cárcel de Florencio Varela, uno de los penales donde los presos están protestando, explicó en un posteo de Facebook parte de los motivos del reclamo:

"Están ocurriendo infinidad de reclamos que podrían derivar en masacres en los centros de tortura bonaerense, solicito la difusión del presente posteo para intentar evitar lo que parece inevitable. En los últimos meses hubo infinidad de revueltas atomizadas en los 55 centros de tortura bonaerense. El origen de las mismas se deben a las paupérrimas condiciones de vida en los hacinados establecimientos carcelarios los cuales poseen un cupo de 24 mil personas en donde malviven cerca de 50 mil.

Esta situación en época de pandemia implicó centenares de muertes evitables, muertes de presos que el Jefe del Servicio Penitenciario, Xavier Areses y su incompetente directora de Salud penitenciaria, Sonia Quiruelas, ocultan con facilidad ya que contaron con la connivencia de todo el periodismo nacional y con la cobarde anuencia de la Familia Judicial (este señor Xavier Areses es el mismo Jefe Penitenciario del gobierno de la ex gobernadora Vidal, quien junto con el Procurador General Julio Conte Grand superpoblaron las cárceles que recibieron en 2015 con 28 mil presos y las llevaron a 52 mil cuando entregaron el gobierno en 2019).

Todos estos reclamos fueron aplacados a base de balas de goma y represión como única estrategia de contención que encontró Xavier Areses. Luego de un evento violento ocurrido a principios de esa semana en la Unidad 42 de Florencio Varela, Xavier Areses emitió la orden SIN CONSULTAR CON EL MINISTERIO DE SALUD Y SIN PEDIR AVAL CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA, para que todos los Jefes Penitenciarios de la Provincia autorizaran las visitas a partir de mañana, sábado 31 de Octubre. Todes les preses fueron notificados y miles de familiares gastaron todo el dinero del mes en viajar desde toda la provincia para reencontrarse con sus familiares a partir de mañana. De hecho en estos momentos, miles de familias con mujeres y niños, están durmiendo con mantas en las puertas de los penales, para ingresar temprano. Al enterarse de esta decisión inconsulta de Xavier Areses, el Ministerio de Salud informó la imposibilidad de dichos traslados masivos para evitar mayores contagios y muertes por COVID, por lo cual Xavier Areses no tuvo mejor idea que a último momento SUSPENDER LAS VISITAS".

Cárceles bonaerenses: donde todos los días se violan derechos

Esta situación es una de las tantas que vienen padeciendo quienes están tras las rejas, en su mayoría con prisiones preventivas por fuera del plazo legal y por delitos menores contra la propiedad y venta al menudeo de drogas. Como venimos denunciando en este diario, en las cárceles bonaerenses y de todo el país se violan sistemáticamente los más elementales derechos humanos, a los ojos de funcionarios estatales con cargos de nombres rimbombantes pero que sólo dejan corer las torturas y las muertes.

Un caso ejemplar es el de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires a cargo de Matías Moreno, que viene de protagonizar una actuación escandalosa con las familias de Guernica, escudándose durante la represión tras los escudos de la Policía Bonaerense.

En el día de ayer Moreno hizo vía zoom la presentación del informe sobre "Políticas de Derechos Humanos frente al conflicto carcelario en tiempos de pandemia".
El informe elaborado a partir de denuncias, da cuenta de que “el sistema penitenciario (bonaerense) en su conjunto tiene más de 48.000 detenidos para 24.000 plazas; y las comisarías más de 5.000 para 1300 plazas”. También revelaron que se observó, por la pandemia, un aumento de la cantidad de detenidos.

Para el Subsecretario Matías Moreno se abarcan "todas las problemáticas” al presentar "Políticas de Derechos Humanos frente al conflicto carcelario en tiempos de pandemia"; un análisis la situación en cárceles y comisarías, y las condiciones de detención, en el contexto de la Covid-19.

Además según el informe, 5.465 denuncias por la situación en cárceles y comisarías recibidas por la subsecretaría de Derechos Humanos desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Lo que no dijeron desde la Secretaría, es que harán con esas denuncias, lo que no es difícil de descifrar teniendo en cuenta que todo pasa ante los ojos de funcionarios que miran para otro lado, a pesar de las innumerables denuncias de las personas detenidas, sus familiares y organismos de derechos humanos.

Claudia Cessaroni, es una especialista en el tema cárceles y ex funcionaria del gobierno municipal de Mayra Mendoza en Quilmes, cargo al que renunció hace pocos meses. La abogada ha salido a cuestionar los anuncios y la política del gobierno de Axel Kicillof:

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Los anuncios del Gobierno respecto a la expropiación de terrenos para la construcción de cárceles,las represiones en Guernica y otras tomas donde los que no tienen nada luchan por un techo, son una muestra de cuál es la respuesta estatal ante las luchas por derechos elementales.

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