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Recalificación de una querella y entramado anti-mapuche

Empujados a la huelga de hambre por la persecución del Estado contra la lucha mapuche, finalmente el gobierno debió ceder recalificando la querella. Pero, el ataque no termina, y el Fiscal Abbott afirma que perseverará. Cuenta a su favor con un entramado anti-mapuche y anti-popular.

Viernes 6 de octubre | 09:09

Los 116 días de huelga de hambre a la que fueron empujados los cuatro comuneros mapuche fue un acto valiente y un recurso en última instancia, que afectaba sus propias vidas, en defensa propia, ante un entramado anti-mapuche y anti-popular que es el que organiza la política dominante.

Aun a costa de su propia salud, lograron torcerle la mano dura al gobierno intransigente, que decidió recalificar la querella para evitar la muerte de los cuatro comuneros.

Pero, lo que no hizo es cambiar ese entramado.

Ayer jueves 5 de octubre, irónicamente un día de conmemoración de la vuelta a la democracia por el triunfo del NO, apenas pocos días después de finalizar 116 días de huelga de hambre, tres de los comuneros mapuche fueron trasladados del Hospital Intercultural de Nueva Imperial a la cárcel de Temuco, a la espera del juicio (por el incendio de una iglesia evangélica en Padre Las Casas).

Un abuso que la defensa impugnó obligándolos a llevarlos nuevamente al hospital. Pero también, la muestra, con este abuso, de un entramado que persiste. Veamos más ejemplos.

La renuncia disimulada como días administrativos del subsecretario PS de Interior Aleuy, fue por derecha: rechaza la recalificación. Cree que deben ser juzgados y condenados por el delito de terrorismo.

No fue el único. También en esta triste conmemoración de un supuesto día democrático, el Fiscal Abbott, afirmó que la recalificación corre por cuenta del Gobierno. Que la Fiscalía mantiene esa acusación.

Lo mismo declaró la PDI.

La Gendarmería igual. Según denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la institución carcelera interpuso un recurso, que acogió un Tribunal, para alimentar contra su voluntad a comuneros de Valdivia detenidos en la operación Huracán, que también habían iniciado una huelga de hambre en solidaridad con los cuatro comuneros por el incendio de Padre Las Casas.

Se conocen ya las denuncias, acogidas por ejemplo por el Relator de DDHH de la ONU, sobre los abusos de poder, torturas, violencia psicológica, incluso de niños mapuche, contra Carabineros.

No están solos. Al subsecretario, al Fiscal Nacional, a la PDI, se le suman otros. Piñera. José Antonio Kast.

Si bien Guillier apoyó al Gobierno, no plantea otra política. Beatriz Sánchez no se limita a decir que hay que probar el camino del diálogo, que en realidad es el que ya siguió Bachelet con la mesa presidida por la Iglesia el año anterior, sino que dice que hay otras leyes más “eficaces” para perseguir estos delitos. Lo mismo decía la Nueva Mayoría cuando la derecha la criticaba por no aplicar la ley anti-terrorista.

No son todos. Están los empresarios con su rama forestal. Como denunció el ex sacerdote jesuita Luis García Huidobro, a propósito de las privatizaciones en dictadura, se actualizó el despojo, lo que lo hace un tema del presente: “Lo peor es que el Estado estaba regalando a las forestales lo que no le pertenecía, tal como lo había hecho 100 años antes. El correlato del crecimiento exponencial de las riquezas de los Matte y los Angelini son las historias de violentos desalojos por parte del Ejército de Chile a las familias y comunidades mapuche que llevaban años viviendo nuevamente en estos fundos de Reforma Agraria. Es de este trauma reciente, que está en la memoria de todos los mayores de 50 años en las comunidades entre Tirúa y Cañete (en Ercilla la historia es similar), que se alimenta la fuerza del movimiento mapuche actual, y no solamente, como cree la mayoría, de relatos de hace 100 o 150 años”.

También está la rama de los dueños de camiones, que desde el Sur piden ley anti-terrorista, mayor presencia policial, y hasta militar, y hasta recurren a su memoria golpista con “paros camioneros”.

Y todo ahora lo refuerza el Gobierno con el anuncio del cierre de 30 pasos fronterizos ilegales en La Araucanía, dando por buenas los rumores sobre una supuesta internación de armas, decisión acordada entre Aleuy y la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich, cuestionada por su rol en la desaparición del luchador por la causa mapuche en el país vecino Santiago Maldonado.






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