JUBILADAS Y JUBILADOS

Radiografía del sistema previsional, a diez meses de la reforma de diciembre

Pobreza, una pérdida real brutal frente a la inflación, privilegios y reproducción de brechas de género. La consumación del saqueo también estará en el Presupuesto 2019. En las puertas de la reforma regresiva que apunta a subir la edad jubilatoria. Pelear por una Anses gestionada por trabajadores, jubiladas y jubilados.

Lucía Ortega

@LucuRaOrtega

Sábado 13 de octubre de 2018 | Edición del día

Imagen Mariana Nedelcu | Enfoque Rojo

Una mirada a cómo están los jubilados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aquél que involucra a la mayoría de las y los trabajadores del país, muestra resultados preocupantes.

El Gobierno plantea que el gasto social es muy alto y que el déficit del sistema previsional es una carga pesada para el Estado. Que hoy la cobertura de jubilaciones y pensiones alcanza a más de un 90 % de la población adulta en edad de jubilarse (alto en relación con América Latina) y que el gasto en esta partida representa el 39 % del gasto presupuestado para el año que viene.

Sin embargo, lo que Nación destina anualmente a jubilaciones y pensiones no alcanza a 9 puntos del PBI, la media de los países de la OCDE. Y al mismo tiempo, la mayoría de las jubilaciones son de miseria.

Las calles tenían la razón

El gobierno prometió que la ley aprobada en diciembre pasado, a pesar del enorme rechazo popular, preservaría el poder adquisitivo de jubiladas y jubilados. Pero su aplicación (gracias a los votos del peronismo en el Congreso) no sólo significó un robo a los mayores con el cambio en la fórmula de la movilidad previsional, sino que ni siquiera se cumplirá la promesa del gobierno, gobernadores y diputados que votaron a favor: los haberes estarán muy lejos de equiparar a la inflación en 2018.

Esto significa que, cuando se cumpla un año de la reforma previsional en diciembre, para las y los mayores la pérdida de poder adquisitivo alcanzará a más de 11 puntos. Sólo en los primeros 8 meses del año los haberes aumentaron un 11,7 % y la inflación fue de 24,3 %, una pérdida de 10 % acumulada que equivale a $ 3.795 a valores de hoy para quienes están en la mínima, el equivalente al 46 % de su ingreso mensual.

Gráfico 1: Evolución del haber real y pérdida de ingresos para una jubilación mínima

Fuente: Elaboración propia en base a IPC-Indec, REM, RIPTE.

Con una inflación proyectada de 45 % hacia fin de año, la pérdida de haber real llegaría a 11,4 % , o el equivalente a una pérdida de un mes de jubilación ($ 9 mil pesos en diciembre). Esto es así porque los haberes tendrían en diciembre el último incremento anual de 7,8 % (con la nueva fórmula basada en inflación IPC y salarios RIPTE), de manera que en total, las jubilaciones habrán crecido 28,5 % en todo el año, muy por detrás de los precios, los tarifazos y la devaluación.

Las calles tenían razón, había que rechazar la Reforma Previsional de diciembre, así como ahora se impone rechazar el nuevo pacto fiscal de ajuste con los gobernadores y el Presupuesto de 2019 digitado desde Washington por Christine Lagarde.

Pobreza (para muchos) y privilegios (para unos pocos)

La foto del sistema previsional (SIPA) este año muestra situaciones extremas. De una parte, la jubilación mínima (hoy en $ 8.637,13) equivale apenas al 41 % de la Canasta de las y los jubilados/as ($ 21.127 en agosto) calculada por la Defensoría de la Tercera Edad. De igual forma, la Pensión Universal establecida en la Ley de Reparación Histórica (hoy en $ 6.909,71 ya que es el 80 % de la mínima) es apenas un tercio de las necesidades de vida representadas en el valor de la Canasta de Jubiladas/os.

El hecho de que estos haberes sean de pobreza se agrava al mirar cuántos, de los 5,6 millones de jubiladas/os vive con sólo esos ingresos. Las estadísticas oficiales del primer trimestre de 2018 indican que el 42 % de jubilados y pensionados recibe ingresos totales en la mínima o menos, y que una de cada dos jubilaciones otorgadas están en la mínima.

La Reparación Histórica resultó también una farsa. Hace poco más de un año, la cantidad de jubiladas/os en la mínima llegaba a 65 % y hoy bajó a 42 %, pero la mayor parte de aquellos que lograron “salir” de la mínima no lograron mejorar sustancialmente su situación, ya que apenas ganan unos pesos por encima.

Esto se expresa en que los haberes medios también sean también bajos y alcancen aproximadamente a $ 13.224. Tal es así, que cerca de un 70 % de los titulares cobran en total (entre jubilaciones y pensiones) sumas por debajo del valor de la Canasta de Jubiladas/os. Es decir, que las tres cuartas partes de los jubilados son pobres.

Sin embargo, hay un conjunto muy reducido de personas que cobran mensualmente jubilaciones que paga el Estado por montos superiores a $ 200.000. ¿Cómo es eso posible, mientras otro están en la miseria, y si legalmente existen topes en el haber de $ 63.277? Es posible porque hay privilegios para un puñado de jueces, obispos y funcionarios con pensiones graciables, aunque sólo hayan sido presidentes por una semana. Diputados de la izquierda en el PTS-FIT presentaron este año, así como hace dos años, un proyecto para derogar las jubilaciones de privilegio comprendidas en las leyes 22.731, 24.018 y 21.540.

Gracias a estas excepciones y leyes especiales de privilegio, sólo 1.500 personas se llevan mensualmente casi $ 400 millones, el equivalente a lo que perciben 44.641 jubilados en la mínima (es decir, 30 veces más) y un monto que serviría para abonar jubilaciones iguales a la Canasta de Jubiladas/os a 18.000 personas. Señora, señor, esto también sale de sus impuestos.

Por otra parte, así como la desigual distribución de los recursos también se mantiene en la vejez, vale mirar cómo el sistema previsional reproduce las brechas y desigualdades de género. De los datos oficiales se deduce que, en promedio, las mujeres jubiladas y pensionadas perciben haberes un 12 % más bajos que los de los varones.

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Pero igual o más preocupante son las perspectivas para los trabajadores activos. Gracias a la desocupación y la informalidad laboral, el trabajo doméstico no remunerado e invisibilizado y otras inequidades, hoy sólo 2 de cada 10 trabajadores está en condiciones de acceder a una jubilación ordinaria cuando cumple con la edad de jubilación, ya que el resto no reúne 30 años de aportes al sistema.

Para el 80 % que no llega, el sistema les tiene reservada la Pensión Universal de miseria de $ 6.910, y ahora el gobierno se propone recortar dichas pensiones sólo a “los más vulnerables”, quitando lo que de universal pudiese entenderse con dicha prestación.

Presupuesto 2019: el próximo saqueo de los recursos de la Anses

El gobierno de Macri dice explícitamente, en la letra del proyecto de Presupuesto que envió al Congreso, que pretende echar mano de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Allí incorpora cambios sustantivos que terminan de concretar aquello que prepararon cuidadosamente con la Ley de “Reparación Histórica”: la venta de los activos del FGS.

En el detalle denominado “Venta de Acciones y Participaciones de Capital” de Empresas Privadas Nacionales del anexo del Presupuesto referido a ANSES, lo que pretenden obtener el año próximo con la venta de acciones del FGS alcanza un valor de $ 73.661 millones.

Ese es exactamente el mismo valor que acordó en junio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para liquidar el FGS en 20 años, a una tasa de 0,4 % del PBI por año. En el Memorandum de Endendimiento con el Fondo se señala que “por el momento, el valor de los activos de los fondos de pensiones transferidos en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingreso para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones. En particular, el monto se dividirá por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es decir, 20 años. El límite en el importe a reconocer como ingresos será del 0,4 % del PBI por año”.

Pero además, en el Presupuesto 2019 se consigna un nuevo ataque a las y los abuelos. Se trata de otro intento por recortar el gasto en pensiones, degradando cada vez más a los jubilados a la miseria. Así, luego de sacar la moratoria que otorgaba una “jubilación mínima” (ya de monto bajo, hoy en $ 8.637) y reemplazarla por el 80 % de su valor mediante la “Pensión Universal para el Adulto Mayor” (hoy en $ 6.909), también creada por la Reparación Histórica, el gobierno empieza a limitar su acceso.

En primer lugar, elimina la posibilidad compatibilidad de dicha pensión con el trabajo, obligando a quienes no llegan a fin de mes a buscar un trabajo precario e informal. En segundo, lugar habilita a la Anses a hacer “evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales (…) a fin de asegurar el acceso a las personas que presenten mayor vulnerabilidad”.

Por último, el Presupuesto incorpora articulados que reducen las bonificaciones que recibirán los nuevos jubilados, pensionados y beneficiarios de Asignaciones Familiares en las zonas patagónicas por ser zonas desfavorables.

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Tirar abajo el Presupuesto: por el 82 % móvil y ningún jubilado en la pobreza

El problema no es el gasto, sino los recursos. Si existe algún problema de “déficit previsional”, como plantea el gobierno, más que mirar la plata que se destina a jubilaciones y pensiones que como queda en evidencia es más que insuficiente, debe prestarse atención a todo lo que se deja de recaudar a causa de los múltiples beneficios que los gobiernos dan a los empresarios y el pago de intereses de deuda.

Entre ellos, la reciente reducción de contribuciones patronales en la “reforma impositiva” de diciembre pasado, que establece un mínimo no imponible para los empleadores y que quedó intacto en el Presupuesto, confirmando su intención de favorecer a los patrones.

Así también, las múltiples condonaciones, desgravaciones y “blanqueos”, así como la vista gorda a que un tercio de los trabajadores estén no registrados (“en negro”), mientras a los trabajadores y a los propios jubilados se les incrementará la presión impositiva con el impuesto a las ganancias, e incluso el IVA, que gana peso en la recaudación total, siendo el impuesto regresivo por excelencia.

Quieren avanzar en una reforma jubilatoria para elevar la edad de jubilación y recortar más las jubilaciones, a la medida del FMI y la OECD, los organismos internacionales representantes del capital financiero internacional.

Con los sucesivos gobiernos, y ahora con Macri se profundiza, se usaron los fondos del ANSES para pagar deuda y beneficiar a especuladores, cuando son fondos del conjunto de los trabajadores, activos y pasivos.

Por ello debe constituirse una caja única nacional, controlada por trabajadores activos y pasivos, que defienda el 82 % móvil y un haber que nunca pueda ser menor que el valor de la Canasta del Jubilado. Estas demandas de emergencia requieren un espacio verdaderamente democrático para ser discutidas y decididas, que deberá conquistarse con la movilización popular. Una Asamblea Constituyente libre y soberana, en el que verdaderamente se aborden los problemas hacen a la vida de las grandes mayorías: trabajo, salud, educación y nuestro sistema previsional.

El Presupuesto 2019 representa una declaración guerra para jubiladas, jubilados y la clase trabajadora de conjunto. El día que se intente votarlo, hay que redoblar las fuerzas expresadas en las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre del año pasado, para impedir que Gobierno y oposición continúen consumando este saqueo. La lucha es ahora.







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