Política

REPUDIO

Quilmes: la Suprema Corte quiere premiar a un intendente de la dictadura

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos repudia la intención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense de entregarle una medalla al ex intendente del Proceso y actual camarista de los tribunales civiles de Quilmes Julio Cassanello con motivo de cumplir treinta años como integrante del Poder Judicial.

Miércoles 31 de octubre de 2018 | 15:15

Imagen: Internet

Cassanello fue intendente de la dictadura entre octubre de 1979 y fines de 1982 mientras ejercía la gobernación el General Ibérico Saint Jean y el partido de Quilmes contaba con centros clandestinos de detención tristemente célebres como el Pozo de Quilmes y Puesto vasco en Don Bosco, que integraban el llamado “Circuito Camps”.

Carla Lacorte sostuvo: “Cassanello fue uno de los centenares de funcionarios civiles que ocuparon puestos ejecutivos en el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Como muchos genocidas, los colaboradores civiles de la dictadura también siguen gozando de impunidad por responsabilidad de la justicia y los sucesivos gobiernos y a pesar de la lucha denodada de los organismos de derechos humanos. Más aún, en este como en tantos otros casos podemos observar que un sector muy grande del Poder Judicial fue conformado durante la dictadura. Hace unos años un amplio colectivo de organizaciones repudiamos a este personaje y pedimos su destitución. No fuimos escuchados. Este gesto de la Suprema Corte bonaerense muestra que la corporación judicial sostiene con orgullo su prosapia procesista, que hoy encuentra eco en el negacionismo del gobierno de Cambiemos”.

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La dirigente del CeProDH y el PTS agregó: “Hay que remarcar también que la cámara civil que integra Cassanello se negó por muchos años a hacer efectiva años la indemnización que me correspondía como víctima del gatillo fácil policial, y que hubiera necesitado para evitar que se siguiera deteriorando mi salud, argumentando que sólo correspondía otorgarla ante una sentencia firme en el fuero penal, habiendo jurisprudencia de sobre que sostiene lo contrario. Así intentó hacerme pagar mi condición de militante, como el resto de la justicia quilmeña, y el haberlo repudiado y pedido su destitución”.







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