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¿Quién prohíbe el Misoprostol en Mendoza?

En las próximas semanas pierde estado parlamentario la media sanción para derogar la Ley 8.116 que prohíbe la venta de Misoprostol en toda la provincia

Miércoles 18 de noviembre | 17:33

En el 2018, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) emitió la resolución 946/18, que permite la venta de Misoprostol en las farmacias del país.Sin embargo para que esto suceda en Mendoza se tiene que derogar la Ley 8.116, sancionada en el 2009, que prohíbe el expendio y/o suministro y/o fraccionamiento de cualquier medicamento que contengan el principio activo Misoprostol.

Contra estos argumentos científicos, en Mendoza, se sancionaba la Ley 8.116 el 11 de noviembre del 2009. Dicha ley fue propuesta por Abel José quien en ese entonces era senador por el radicalismo, mientras que la provincia estaba gobernada por el peronismo con Celso Jaque a la cabeza. Entonces entre peronistas y radicales decidieron prohibir la venta de Misoprostol, bajo recetas, en las farmacias por considerarlo un medicamento peligroso.

En la 8.116 queda clara la alianza entre los partidos mayoritarios de la provincia con instituciones como la Iglesia Católica en una cruzada contra los derechos de las mujeres y personas gestantes. Porque la imposibilidad de acceder a la droga para la practica segura de un aborto medicamentoso generan que las mujeres y personsa gestantes terminen en el mercado ilegal, poniendo la vida en juego.

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La oportunidad de tratar, por primera vez, en el Congreso de la Nación el proyecto por aborto legal seguro y gratuito, propuesto por la Camapaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, llegó en el 2018. Después de haberlo presentado 8 veces consecutivas, la primera vez que se presentó fue en el 2005 durante la presidencia de Nestor Kirchner, también se presentó en los dos gobiernos de Cristina y finalmente en el gobierno de Macri que habilitó el debate en el Congreso.

Con lo que no contaban la casta política y las cúpulas religiosas era que el movimiento de mujeres venía haciendo una experiencia organizadas en las calles desde el 2015 con el primer grito de #NiUnaMenos. Y la marea verde le arrancó la media sanción para el IVE en la Cámara de Diputados de la Nación, en las facultades, en los trabajos, en las escuelas y en las calles.

En nuestra provincia, con la fuerza de la marea verde organizada en las calles, se presentó un proyecto para derogar la Ley 8.116 que con 26 votos a favor y 21 en contra se consiguió la media sanción en la cámara baja.

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Algunos argumentos para votar en contra de este proyecto fueron los dichos por el diputado peronista Daniel Rueda quien dijo que adhería al rechazo de la ley porque veía en ella un avance a la práctica de abortos “¿Para qué quieren la venta en farmacia si el mismo prospecto dice que el paciente debe estar internado para usarlo? Le voy a decir para qué: para producir abortos clandestinos” Y para finalizar pidió que se archivara el proyecto.

Los argumentos del diputado del PRO Pablo Priore que dijo, “Los mismos que hoy acuden a los abortos clandestinos son los que van a acudir al Misoprostol de forma más fácil. La gente pobre no aborta. Estamos tratando de facilitar el aborto ilegal”. En consonancia su compañera la diputada Hebe Casado dijo que “No podemos legislar para la ilegalidad. Si no vamos a legalizar los robos, los asesinatos.”

Mailé Rodriguez Abalo diputada por el PTS en el Frente de Izquierda respondió a estos argumentos “Se nos ha tratado a las mujeres de asesinas, haciendo analogías con delitos del asesinato o robo por reclamar el derecho a tener un medicamento para tener las mínimas condiciones de seguridad para realizar interrupciones del embarazo”.

En las próximas semanas se termina el año legislativo y con él pierde estado parlamentario la media sanción para derogar la ley, que duerme hace 2 años en la Comisión de Salud del Senado de la provincia. La insistencia del reclamo y la persistencia de la lucha no provienen de un capricho, sino de la necesidad de tener que alzar la voz por las que ya no pueden hacerlo. Por eso decimos #NIUNAMENOS por abortos clandestinos. “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”

Sólo el movimiento de mujeres organizado en las calles podrá conseguir todos sus derechos. Cómo queda claro no se puede depositar confianza en los gobiernos, en los diputados y senadores de turno que son funcionales a los intereses de la Iglesia, católica o evangélica, otorgándoles peso en la salud y en la educación pública. La disputa está clara, o se está con las mujeres y personas gestantes o se está con los dinosaurios.

Es el momento de que la marea verde regrese a las calle, exigiendo a los centros de estudiantes, sindicatos, organizaciones políticas y sociales que se pongan a la cabeza para defender el derecho democrático de las mujeres y personas gestantes a la interrupción voluntaria del embarazo bajo cualquier circunstancia y buscando todas las alternativas posibles para la reducción de riesgos, a los que nos condena la clandestinidad.







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