DEBATE

Qué nos dicen Sánchez y Mayol del Estado y la propiedad privada

Los debates en torno a ambos conceptos son ineludibles en política. “Un Estado más robusto”; “que el Estado sea el mejor empleador”: expresiones de Beatriz Sánchez en el debate radial del Frente Amplio. “Reducir el derecho de propiedad”, es la apuesta de Alberto Mayol, por eso cabe la idea de una expropiación con pago del 20% de empresas estratégicas y la nacionalización de SQM.

Juan Valenzuela

profesor de filosofía - Partido de Trabajadores Revolucionarios

Jueves 29 de junio

No se trata de cuestiones caducadas en tanto problemas político-estratégicos: las posiciones que se asumen en torno al Estado y la propiedad privada son determinantes para delinear a las corrientes de pensamiento. En el reciente debate radial Sánchez/Mayol, estos temas se trataron en abundancia.

Frente Amplio v/s Neoliberalismo

Las posiciones políticas de ambos están en contraposición con la corriente neoliberal que no concibe un Estado actuando en la economía y desarrollando una orientación empresaria en la línea de lo propuesto por el segundo o un plan nacional de inversiones como señalara la primera, sino que un despliegue espontáneo del mercado y una interacción de individuos que compiten y que son consumidores y/o propietarios, eso mismo que en Chile se muestra como una privatización completa de los medios de vida.

Este contenido político del Frente Amplio -que antes del 2011 o tal vez del 2006 podía parecer excéntrico-, hoy es sensato para el sentido común de amplios sectores que ve como la privatización de la salud, la educación y los fondos previsionales, sólo acarrea miseria e incertidumbre crónicas. Resulta audible la idea de que “el Estado intervenga más en la economía”, que cobre impuestos como dice Sánchez o que incluso nacionalice SQM como plantea Mayol. Ya no goza de buena salud el Chile neoliberal tan pujante en la década de 1990 ni sus consensos. Y si bien es cierto que el 1% de Mayol según la CADEM sea menor al 9% de Beatriz Sánchez es por otro lado significativo que una candidatura que se proclama abiertamente de izquierda tenga la visibilidad que tiene y que sea el Frente Amplio el que esté apareciendo en los medios como la oposición a la derecha que en el último debate presidencial televisado “se sacó los ojos” para la risa de miles de televidentes y para el ridículo destacado de Ossandón. Pero la crisis de la Nueva Mayoría es tan palpable como su ausencia de las franjas televisadas.

Lo inimaginable para el Frente Amplio

Lo que no imagina el Frente Amplio es un Gobierno de Trabajadores. ¿Cómo imaginar ese objetivo? Como un Estado basado en el ejercicio directo del poder de millones de trabajadores y trabajadores, estudiantes, jóvenes y mujeres, a través de órganos de representación directa conformados por delegados electos y revocables desde cada centro laboral, educacional o territorial. “Gobernar con los movimientos sociales”, en las coordenadas frenteamplistas, es incorporar a estos actores a la administración del Estado actual reformado. Un Gobierno de Trabajadores es el gobierno de millones a través de organismos de representación directa anclados en los centros laborales y educativos y con delegados obreros, profesores, pobladores, estudiantes, mapuche.

Ante la propuesta del Frente Amplio no está demás abrir la pregunta acerca de los límites que tiene una política que pretende “gobernar los movimientos sociales al Estado”, cuando en este Estado existen organismos como el Tribunal Constitucional con la capacidad de impugnar cualquier ley que no se atenga a los grilletes de la Constitución de 1980 o unas fuerzas armadas en las que persisten los hilos de la “familia militar”. Los sectores más privilegiados de la sociedad se enojarán y actuarán si un conglomerado “ajeno” como el Frente Amplio empieza a ganar peso en “zonas” del Estado.

No se puede derrotar la voluntad del empresariado con amabilidad o en un terreno puramente judicial. Las forestales tienen dos millones de hectáreas y Carabineros actúa como su destacamento privado de seguridad, denunció Beatriz Sánchez. ¿Cederán su poder, una tajada de un 20%, como propone Mayol, empresarios como los Matte y los Angelini, protegidos por Carabineros en la Araucanía? La clase empresarial, la burguesía, es una clase social que se enriquece a puntos tan brutales como los que reveló la reciente encuesta de Desigualdad Económica y Social del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): el 0,1 de la población en Chile concentra el 19,5% de los ingresos. Es una clase poderosa que controla como títeres a los políticos de la Nueva Mayoría y el Chile Vamos. Cuenta con el aparato estatal como herramienta de dominio. Eso incluye no sólo instituciones representativas sino también fuerzas militares y represivas. Por eso, resulta bastante cuestionable la idea de conducir las expropiaciones y la nacionalización de SQM por vía judicial como indica Mayol.

Proponerse combatir el poder de los empresarios y sus políticos no es una tarea simple. La clase dominante no se dejará expropiar “en paz” ni siquiera el 20%, de las empresas estratégicas, ni siquiera una sola empresa: SQM, acostumbrada, así como está, a privilegios exorbitantes en Chile y con todo el aparato Estatal a su servicio.

Por eso, la construcción de una alternativa política claramente anticapitalista y anti-empresarial es una necesidad vital. Las campañas impulsadas por el PTR apuntan en ese sentido: la nacionalización del cobre y de todos los recursos naturales bajo gestión de los trabajadores y que todo parlamentario/a gane como un profesor/a. Nuestras vidas valen más que sus ganancias. Se trata de poner en el centro las necesidades de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores, jóvenes y mujeres, y no los intereses de un puñado de ricos. El capitalismo no merece existir porque nos condena a una existencia miserable.






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