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¿Qué hay detrás de la puja con la SAT?

La municipalidad junta firmas para la intervención de la empresa; el directorio de la SAT pide más fondos. El legislador Colombres Garmendia, accionista de la antigua privatizada Cía. Aguas del Aconquija.

Lunes 25 de septiembre | Edición del día

Tras la derrota de la alianza Cambiemos para el Bicentenario en las elecciones primarias de agosto, el intendente capitalino Germán Alfaro ha decidido ponerse la campaña electoral al hombro juntando firmas para la intervención de la Sociedad de Aguas del Tucumán (SAT). Después de todo, su esposa va segunda en la nómina de diputados que encabeza José Cano y, de repetirse el resultado de agosto, quedaría fuera de juego.

Desde entonces se han hecho públicas decenas de denuncias a través del principal diario de la provincia, que ha instalado el tema en la agenda de la campaña obligado a la empresa a tener que responder públicamente.

Pero el propio directorio de la compañía reconoce que el 40 por ciento de los usuarios de la red “sufre” por los cortes de servicio, falta de presión, y pérdidas de los desagües cloacales que se replican por toda la provincia. Sólo este año se habrían registrado más de 2.000 denuncias ante la Municipalidad.

Tras 21 años de concesión, la empresa promete resolverlo a condición de nuevos desembolsos de dinero por parte de la provincia.

Recordemos que la SAT, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, administra desde 1996 los ingresos que percibe por el cobro de tarifas y subsidios directos del gobierno provincial. Y si hablamos de tarifazos debemos decir que el gobierno provincial viene autorizándolos al unísono con el macrismo, con aumentos que en agosto del año pasado llegaron al 1000%.

Sin embargo el 47 por ciento de los hogares de la provincia no están conectados a la red cloacal; y el 60 por ciento de los hogares no tiene acceso a una boca de tormenta o alcantarilla. Esta información es la que arroja el último censo nacional; desde entonces las obras avanzaron poco y nada.

Colombres Garmendia, de los dos lados del mostrador

Los problemas con las empresas que administran este servicio público tienen larga data. La administración de la SAT lleva 21 años, pero antes que esta empresa el servicio de distribución de agua potable y administración de los desagües cloacales había sido privatizado y concedido a la Compañía Aguas del Aconquija SA, una subsidiaria del grupo de multimedios francés Vivendi. Junto con la privatización se autorizaba un aumento del 100% en las tarifas.

La multinacional francesa tuvo a cargo el servicio entre 1994 y 1996, cuando el servicio entró en colapso y durante veinte días la población estuvo privada de agua potable. Según el relato del momento, salía agua negra de las canillas. Este incidente es el que habría dado lugar a un acuerdo para la mutua recisión del contrato.

Inmediatamente la empresa inició un juicio indemnizatorio por 170 millones de dólares que, en 2010, culminó en los tribunales internacionales del Ciadi con sentencia favorable. Una completa estafa, más aun teniendo en cuenta el pedido de recusación contra uno de los miembros del tribunal por estar directamente vinculado al Grupo Vivendi.

El estudio de abogados que representó a la multinacional francesa es esta estafa a la población fue Colombres Garmendia & Asociados, de la familia del legislador macrista Alberto Colombres Garmendia.

Lo que hasta ahora ningún medio de comunicación había dado a conocer es que tras el fallo favorable a la empresa, y a modo de recompensa, Ignacio y Alberto Colombres Garmendia pasaron a formar parte del directorio de la Compañía Aguas del Aconquija como directores titulares "clase A", por el privilegio de su participación accionaria.

Digamos de paso que para ese entonces, noviembre de 2011, Alberto ya estaba cumpliendo funciones en la legislatura de la provincia.

Por eso la campaña anunciada por el intendente Germán Alfaro no puede menos que generar fundadas sospechas. De mínima, sería una ingenuidad pedirle al mismo gobierno provincial que intervenga una empresa de la cual es accionista mayoritario.

Apertura de los libros de contabilidad de la empresa

Ni la intervención del gobierno provincial o de la legislatura, ni una nueva concesión a otra empresa privada, serán una salida a estos problemas crónicos que aquejan a la población. Mucho menos seguir subsidiándola como pretende la empresa.

Es necesario una auditoria pública e independiente del gobierno provincial y municipal, exigiendo la apertura de todos los libros de contabilidad de la empresa para determinar el destino de los millones de pesos que percibe mensualmente, y la estatización de este servicio público escencial bajo control de un comité formado por obreros y usuarios, los únicos interesados en dar una solución inmediata y efectiva al eterno problema de las redes cloacales y el acceso al agua potable.






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