Sociedad

TRANSPORTE PÚBLICO

¿Qué hacer ante las exigencias y paro de Transportistas de Guadalajara?

Diversas rutas del área metropolitana de la ciudad de Guadalajara mantuvieron un paro de actividades durante cuatro días para exigir al gobierno atienda sus demandas dejando sin transporte a miles de trabajadores y población en general.

Martes 6 de marzo | 18:29

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Diversas rutas del área metropolitana de la ciudad de Guadalajara mantuvieron un paro de actividades durante cuatro días para exigir al gobierno atienda sus demandas dejando sin transporte a miles de trabajadores y población en general.

Se trató de un paro patronal, es decir de una medida de fuerza de los concesionarios del transporte para exigir el incremento de tarifas que perjudicarán a la gente de escasos recursos económica, es decir a la mayoría de la población. En voz de Enrique Galván, vocero de los transportistas, "la tarifa actual de 7 pesos es insostenible debido al incremento del combustible y otros insumos", por eso exigen al gobierno que se libere la tarifa de 9 pesos.

También exigen que el sistema de prepago sea manejado por los mismos transportistas, que haya prórroga para la renovación de camiones y la reincorporación de subrogatarios de la virtualmente extinta empresa para-estatal Sistecozome. Es decir, llevar a su término el proceso de privatización del transporte.
Lo quieren todo a cambio de nada, pues se niegan a cumplir con la renovación de camiones, así como la instalación de seguridad en éstos, que son las condicionantes que exige el gobierno estatal a los concesionarios.

Y no es que el gobierno esté atacando a los dueños de los camiones del transporte público. Actualmente el gobierno continúa con la preparación del sistema ruta-empresa a través de un concurso para que empresarios dueños de flotillas compitan por la prestación del servicio para poco más de 3 millones 582 mil usuarios en la zona metropolitana de Guadalajara, según datos del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado.

Para que no quepa duda, las declaraciones del gobierno sugieren que el incremento del transporte será implementado tarde o temprano con la justificación de que éste mejorará sustancialmente. A pesar de que el gobernador actual Aristóteles Sandoval ha declarado estar en contra de que se vea el servicio como un negocio, en realidad está trabajando para que las empresas del ramo obtengan sustanciosas ganancias lucrando con una necesidad elemental de la mayoría trabajadora.

Toda una estrategia de gobierno

Como decimos aquí, la privatización de los servicios públicos no implica mejora en su calidad, ni que sean más accesibles para el pueblo pobre y trabajador. La prueba es la negativa a renovar la flota camionera y, peor aún, la exigencia de incrementar las tarifas. Pero el gobernador eligió esta ruta y justificó el desmantelamiento del Sistecozome por el enorme endeudamiento que tenía con el mismo erario del estado. Así dentro los funcionarios del mismo aparato estatal hunden una empresa pública con el fin de entregar sus activos a sus amigos de la “iniciativa privada”.

Por eso no se ha explicado que sucedió con la para-estatal Sistecozome y cómo pudo endeudarse tanto con el mismo gobierno estatal ni deslindado responsabilidades de los funcionarios que la llevaron a la quiebra. Cómplices de este plan, los integrantes del Congreso local han dicho no a iniciativas que buscan transparentar y tomar en cuenta la opinión de usuarios y expertos en temas de movilidad.

Sandoval y su gobierno embellecen la propuesta del nuevo modelo, aunque ésta no es integral pues no toma en cuenta incentivar el uso de bicicleta o transportes no motorizados, así como reducir realmente el uso de autos particulares y, como consecuencia, la contaminación.

Además, no existen garantías de que se respeten los derechos de los trabajadores, respeto a un contrato colectivo con un salario que cubra la canasta básica al operar los concesionarios libremente su negocio y tratando a los conductores al margen de toda ley. Situación que no podrá resolverse sin la autoorganización de los trabajadores del transporte en un sindicato independiente y por un contrato colectivo de trabajo aplicable a todo el ramo transportista.

Este sería un primer paso para que juntos, trabajadores y usuarios organizados, tengan voz en el diseño de la ampliación y mejoramiento del sistema de transporte público no contaminante. Medidas adicionales como el establecimiento de la gratuidad del transporte para estudiantes, maestros, trabajadores y adultos mayores también ocupa un lugar muy importante. Pero esto no se podrá llevar a cabo con el parasitario control de los empresarios transportistas sobre este servicio de utilidad pública.

Habrá que organizarse una vez más para luchar por la unificación de todos los trabajadores del transporte y que sean ellos quien encabecen la pelea por la re-estatización del transporte público y que éste sea reorganizado y con tarifas mínimas bajo control de trabajadores y usuarios.






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