Política

CAMPS, ETCHECOLATZ Y COMPAÑÍA

¿Qué fue y cómo funcionó la tenebrosa Brigada de San Justo?

Desde antes del 24 de marzo de 1976 se destacó como centro clandestino de detención. Con el golpe se integró al “Circuito Camps”. Cuatro décadas después, parte de sus criminales son juzgados en La Plata.

Daniel Satur

@saturnetroc

Andrea López

CeProDH Zona Norte del Gran Buenos Aires

Martes 11 de septiembre | Edición del día

La Brigada de San Justo fue un importante centro clandestino de detención y torturas ubicado en la calle Salta 2.450 de esa localidad del oeste del conurbano bonaerense. Actualmente en ese predio funciona la sede de la DDI La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Entre marzo de 1976 y agosto de 1978 pasaron por ese centro clandestino 101 personas identificadas con nombre y apellido y otras nueve individualizadas sólo con nombre de pila o apodo. De esa lista, en el juicio que se está desarrollando actualmente en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata se juzgan delitos de lesa humanidad solo por 84 víctimas, de las cuales 31 continúan desaparecidas.

Formaba parte del denominado “Circuito Camps”, una red de más de treinta centros clandestinos del conurbano bonaerense, y dependía de la Jefatura de Policía y del Primer Cuerpo de Ejército, ambos bajo el mando de los exgenerales Ramón J. Camps, primero, y Ovidio Pablo Riccheri después.

A cargo de la Brigada estaba directamente la Dirección General de Investigaciones (Dippba) que dirigía Miguel Osvaldo Etchecolatz, uno de los veinte genocidas que están siendo juzgados actualmente.

También la Brigada estuvo ligada funcionalmente al Plan Cóndor desde antes del golpe genocida del 76. Y centralizó el funcionamiento de todas las comisarías de la zona que operaban de forma clandestina, como las de Gregorio Laferrere y la de Villa Insuperable.

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Sus víctimas

La mayor parte de las víctimas fueron trabajadoras, trabajadores y estudiantes combativos, militantes sociales, políticos y sindicales de la zona oeste del conurbano que sufrieron la desaparición forzada, la privación ilegítima de la libertad, torturas, la apropiación de hijas e hijos, homicidios como parte del plan sistemático de exterminio que llevó adelante la dictadura (cívico-militar-eclesiástica) al servicio del empresariado.

Mercedez Benz era una de las empresas más importantes de La Matanza. Fue una de las tantas que participó directamente del genocidio. Todos los obreros que integraban su Comisión Interna continúan desparecidos.

Héctor Ratto fue operario de la automotriz alemana. Estuvo desaparecido durante 19 meses, luego de ser secuestrado dentro de la fábrica el 13 de agosto de 1977. “A la noche vino el gerente y me dijo que había venido a buscarme una gente de civil. Permanecí un rato en la oficina del gerente, Tasselkraut, en donde había dos personas de civil que se identificaron como policías. Escuché que les daba el domicilio de Diego Núñez, otro trabajador que secuestraron ese mismo día”, recuerda.

Ratto y Juan José Martín son los únicos dos trabajadores de Mercedes Benz secuestrados que sobrevivieron a su cautiverio. Este último estuvo desaparecido en la Brigada de Investigaciones de San Justo.

En esa época el jefe de la Brigada era Rubén Luis Lavallén, el mismo que se apropió de una hija de desaparecidos y fue jefe de seguridad de Mercedes Benz. Uno de los sobrevivientes de los secuestros en la fábrica lo reconoció como quien lo torturó en la Brigada de San Justo.

En los llamados Juicios por la Verdad que se realizaron en La Plata a fines de los años 90 Rubén Pablo Cuevas, exgerente de Mercedes Benz, reconoció que la empresa cooperó con los militares. Entre otras cosas, aseguró, la empresa donó equipamiento neonatológico al hospital militar de Campo de Mayo, donde funcionaron el centro de detención y la maternidad clandestinos más grandes del país.

Allí nacieron más de 200 niños en cautiverio que fueron apropiados y cuyas madres fueron asesinadas.

Centro clandestino antes del golpe genocida

La Brigada de San Justo, junto a otras dependencias policiales y militares, ya era utilizada como centro clandestino de detención durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón.

Hay pruebas de detenciones durante marzo y abril del 75 (un año antes del derrocamiento de la viuda de Perón), donde en el marco del Plan Cóndor la dictadura uruguaya, en conjunto con las policías Bonaerense y Federal, llevaron adelante una redada contra el MLN en Argentina deteniendo a unas 35 personas.

Algunas de las víctimas de aquel operativo, luego de ser secuestradas y torturadas en la Brigada de San Justo, fueron condenadas por el Poder Judicial ordinario en el marco de la “ley antisubversiva” (promulgada en octubre del 74) y luego, en dictadura, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional encabezado por Jorge Rafael Videla.

Las pruebas indican que la Brigada de San Justo no solo era un centro clandestino de detención de “registro” de detenidos, como dijo la resolución de elevación a juicio del proceso que de inició recientemente en La Plata.

Un dato contundente lo demuestra. En 1975 fueron secuestrados en ese centro clandestino la madre, el padre y la abuela de María Victoria Moyano Artigas, hoy querellante en el juicio. “La Brigada de San Justo tuvo una relación directa con el Plan Cóndor ya en el 75, cuando mis padres y mi abuela fueron secuestrados y torturados en ese lugar, pese a ser refugiados de Naciones Unidas (ACNUR)”, relata Vicky a La Izquierda Diario.

Para la nieta recuperada y militante del CeProDH “deberían estar imputados todos los funcionarios de la época. También Isabel Perón, que coordinó con la dictadura uruguaya y las del Cono Sur la implementación del Plan Cóndor”.

Moyano Artigas recuerda que la Brigada de San Justo “estuvo relacionada con la maternidad clandestina de Pozo de Banfield, donde los genocidas se apropiaban de bebés nacidos en cautiverio. Entre ellos Paula Logares, María José Lavalle Lemos y yo”.

Vicky fue apropiada por un comisario, Paula por un subcomisario y María José por un sargento. Todos participantes de la Brigada de San Justo. “Sin embargo, en este juicio no hay ninguna imputación por apropiación de niños, en el marco del Plan Sistemático de robo de bebés”, denuncia María Victoria.

El juicio

El juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en este centro clandestino de detención se esta desarrollando en La Plata.

María Luz Santos Morón, abogada querellante en el juicio por el colectivo Justicia Ya! La Plata e integrante del CeProDH, escribió en este diario, sobre el juicio, que “la imputación que se debate es completamente limitada, porque no se investiga la actuación de este centro clandestino de detención durante los años previos, siendo que comenzó a funcionar desde mucho antes del golpe del 76”.

La letrada a su vez recuerda que dos de los jueces del tribunal, Alejandro Esmoris y Pablo Vega, meses atrás absolvieron nada menos que a Juan José “Pipi” Pomares, integrante reconocido de la banda paraestatal CNU de la ultraderecha peronista, por crímenes de lesa humanidad. Y que Esmoris y Nelson Jarazo (el tercero) a su vez absolvieron al represor Alejandro Duret en Mar Del Plata en 2009 y en 2016 lo liberaron en otras causas con el recurso del “2x1”.

Por eso que el colectivo Justicia Ya! La Plata viene reclamando la unificación de este juicio con otras causas conocidas como las de Pozo de Banfield, Quilmes e Infierno (Lanús) que se encuentran elevadas a juicio en el mismo Tribunal. El planteo fue rechazado por los jueces, lo que reafirma que la justicia a cuenta gotas es una política de Estado. Además, producto del retardo de justicia, una decena de represores murieron impunes en este o fueron apartados por “cuestiones de salud”, una maniobra para garantizar mayor impunidad después de 42 años.

El próximo miércoles no habrá audiencia por el paro de judiciales. Las audiencias públicas se reanudarán el miércoles 19, en el TOF N° 1 de la ciudad de La Plata de calle 8 entre 50 y 51. Es necesario para presenciarlas ser mayor de edad y concurrir con DNI.

Mirá el documental Milagros no hay. Los desaparecidos de la Mercedes Benz







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