Sociedad

OPINIÓN

¿Qué está pasando con la educación argentina en plena pandemia?

Aún es muy pronto para sacar algunas conclusiones y seguramente más pronto que tarde veremos cómo la pandemia del coronavirus está haciendo añicos la ya endeble situación de la escuela pública en nuestro país. Pero algunos datos extraídos de informes públicos nos permiten empezar a pensar algunos aspectos de la situación de la educación.

Guillermo Fossa

Profesor de nivel terciario

Jueves 30 de julio | 22:47

Aún es muy pronto para sacar algunas conclusiones y seguramente más pronto que tarde veremos cómo la pandemia del coronavirus también está haciendo añicos la ya endeble situación de la escuela pública en nuestro país. Algunos datos extraídos de informes recientemente publicados, uno por la OCDE junto a la Universidad de Harvard y otro por la Universidad Torcuato Di Tella, revelan hasta qué punto en el capitalismo le sigue negando a millones de personas educación y acceso a la tecnología, ambos derechos humanos que deberían ser universales e inalienables; a la vez que, pandemia de por medio, se sigue avanzando sobre derechos laborales de la docencia en nuestro país.

Sin derecho a la educación y escuela expulsiva

Partiremos de la base de que la escuela como institución burguesa es un puntal para la reproducción del sistema capitalista. Para lograr este lugar, la institución escolar ha sido una incansable selectora de sujetos útiles en contraste con otros sujetos descartables e indeseables para el sistema. No por nada el concepto de “escuela expulsiva” cobra gran notoriedad, aunque recién en la década de 1990. Aún así seguimos leyendo en artículos orgánicos al sistema sobre “abandono” y “deserción”. Si miramos la historia reciente, si bien se obtuvieron logros en educación, como la alfabetización de adultos en los ´60 y ´70 o la masificación de la educación media, aún hay características que hacen pensar que estamos lejos de un pleno acceso a una educación de calidad. Cabe destacar que muchos de estos avances, junto con su defensa, son producto más de la militancia y la acción solidaria desinteresada que de un proyecto estatal. Basta ver que recién en 2006, con la LEN, la educación secundaria es una obligación que el estado debe garantizar. Otro dato llamativo es que bien entrado el capitalismo la mujer tuvo que pelear por poder acceder a la educación básica entre otros derechos “civiles”. En Argentina recién en 1926, “tras la sanción de la Ley 11.357 sobre la Capacidad Civil de la Mujer”. Esto parece un gran eufemismo, ya que existe la constante necesidad de mencionar derechos particularmente para las mujeres cuando previo a esto se llamaron “universales”. Como es propio de un eufemismo, a pesar de esto, siempre queda algo por fuera. En este caso, aún no se incluía la patria potestad compartida ni el derecho al voto.

El rol de la tecnología digital en la educación

Pero volviendo al tema de la educación argentina en plena pandemia, es necesario que revisemos el rol de la tecnología en la educación. Es inevitable que hablemos de esto en una situación en la cual no está habiendo presencialidad en la enseñanza, por lo cual la docencia se ha visto obligada a adecuar de forma urgente su contenido a una propuesta íntegramente digital. Si bien hay casos en los que hubo escuelas que ofrecieron recursos no digitales a sus estudiantes (mientras continuaron cumpliendo su rol de contención habitual y a costa del sector trabajador), esto o directamente se vio dificultado tras la necesidad del aislamiento preventivo o implicó un enorme riesgo de contagio. En esta adecuación, la docencia se las vio prácticamente en soledad, teniendo que usar sus propios recursos (celulares, computadoras, servicio de telefonía y/o internet). Como sea, la tecnología digital cobra en este contexto un rol central.

Toda la comunidad educativa acuerda en que el rol de la tecnología digital ha ido ganando terreno cuando se trata de facilitar el aprendizaje y servir de apoyo en la tarea docente. Esto es bastante antes del contexto de pandemia actual. Ahora, sin presencialidad, la tecnología digital, o lo que llamamos TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), es indispensable. En esta situación cuesta menos pensar que estas deberían estar al servicio de facilitar el acceso a la educación. Si hablamos de cuánto la inclusión de las TIC favorece al proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos varios ejemplos a la mano. A través de la tecnología digital se realizan aportes significativos en los procesos cognitivos y se expanden otros: desarrollamos nuestra vida social a través de redes sociales, se facilita en buena medida al acceso a contenido cultural, permite que accedamos a contenido educativo, apoyo en línea y recursos digitales como plataformas, etc. O sea que podemos decir que la tecnología ha ingresado a nuestras vidas de tal forma que nos permite desplegar un buen número de actividades, entre las cuales está el aprendizaje de nuevas habilidades. Pero cuando hablamos de la tecnología como herramienta educativa, pareciera que vamos un paso más allá. Un ejemplo muy sencillo es que una persona que está impe dida de expresarse de forma oral o escrita por su condición (sea permanente o sea temporal), incluyendo un dispositivo digital como una computadora o un celular puede hacerlo sin necesidad de usar sus manos o su boca. Si esto no es inclusión educativa, por favor, díganme qué es. La tecnología sin duda permite borrar obstáculos a la educación, sacando del foco a la persona y poniéndolo en el recurso. Las TIC nos permiten tales desarrollos que nos da la idea de lo importante que es en la actualidad que estemos alfabetizados digitalmente. Por lo tanto, si el acceso a la educación es un derecho y la tecnología facilita el aprendizaje ¿no debería ser el acceso a la tecnología un derecho también? Por supuesto, la pregunta no es ingenua ni tampoco hace falta ser socialista para hacérnosla. Pero no se nos pueden escapar algunos datos: el derecho a la educación es un debate histórico (previo al capitalismo) que sigue vigente; por lo tanto, los logros en educación parecen seguir estando lejos de su universalización; y, entonces, la inclusión de la tecnología digital en la educación no parece ser la respuesta. Cabe preguntarse: con tantos avances: ¿cuál es la traba? ¿no será el capitalismo? Y si lo es, ¿por qué (o de qué manera)?

Entonces, la educación ¿es o no un derecho?

Si nos remontamos a la época fundacional de la Argentina, entre quienes buscaron implantar un sistema capitalista en los comienzos hubo sectores “liberales” que veían en la población gaucha y la originaria un gran obstáculo. En principio, es por esto que se hizo un gran esfuerzo por atraer a inmigrantes europeos a estas tierras y apostar por ellos para construir esa sociedad moderna que tanto se añoraba, en lo posible, a imagen y semejanza de la europea y de la yanqui. Había diferentes visiones. Sarmiento y Alberdi representaron las posiciones más duras con respecto a lo que debía ser el orden y el progreso. Sarmiento, por ejemplo, desdeñó de la cultura gaucha y Alberdi se oponía a la educación de la mujer. Es así como se debatió sobre instaurar a través de la conformación del estado argentino un sistema de educación federalizada y gratuita que homogeneizara a la población en varios aspectos. Podríamos decir que la visión que hegemonizó el debate fue la de un doble adoctrinamiento, simbólico y material con el propósito de hacerse de mano de obra competente. Un solo idioma, respeto al emblema nacional, higiene, ejercicio físico, división de educación por sexo, etc. Y para esto, el estado argentino fue expulsivo desde sus orígenes. Por ejemplo, no se incluyeron en este proyecto ni a pueblos originarios ni a mujeres. Los primeros estaban siendo perseguidos y aniquilados en nombre del progreso. Las segundas no serían incorporadas ni en la educación básica aun (el primer Código Civil de 1869 aún sostenía la incapacidad relativa de la mujer). Sería obligatorio, gratuito y, en principio, laico. Pero cuando fue logrando su propósito principal, que fue el de dotar de mano de obra a su naciente industria, la educación se volvió más un peso que una inversión para el estado burgués. Fruto de enfrentamientos entre sectores de la oligarquía argentina y la Iglesia con sectores liberales, la oferta educativa se fue diversificando incorporándose el sector privado, inaugurando el negocio de la educación básica (media y superior siempre fueron privilegios) y el estado argentino empezó a subsidiar al sector privado para que brindara este servicio. La Constitución de 1853 no terminó de zanjar este debate y para 1930 habría un pasaje gradual del rol principal en la provisión y regulación del servicio educativo a un rol subsidiario.

Y así es como la educación, que nunca se planteó como un derecho universal, seguiría sin serlo al transformarse en un producto con valor en el mercado. Ahora, además de que siguiera habiendo personas sin acceder a un mínimo de educación y además de que el sistema educativo siguió segregando entre personas aptas de las no aptas, también ahora es desigual según la capacidad de consumo, tanto sea cuando se trata de pagar una matrícula escolar como para acceder a avances tecnológicos. La educación, en sus distintos niveles, siempre fue un elemento que en la sociedad argentina se mantuvo en debate y formó parte de amplios sectores que se sintieron comprometidos con la idea de que la educación es un derecho, a la vez que la educación y la escuela se conformó muchas veces como una caja de resonancia para ideas revolucionarias y vieron surgir movimientos que impulsaron al socialismo como único modo de vida sustentable para el ser humano. Y el estado burgués representó de varias maneras el obstáculo y el desvío para acceder a esa visión de un mundo diferente al que promueve el capitalismo.

En la Argentina el saber es una mercancía. Parece una obviedad decirlo, pero esto tiene como consecuencia, además de grandes ganancias para algunos pocos, el impedimento para que un gran porcentaje de la población acceda a educación alguna. El corrimiento del estado burgués en Argentina viene haciendo estragos en la educación pública. Desde 1949 ocurren dos sucesos que favorecerán a la oferta privada de la educación. Se consolidaría el principio de subsidiariedad del estado al sector privado y se comienza a transformar a los Consejos Escolares de la Pcia. de Buenos Aires en centros administrativos locales como antecedente de la descentralización financiera de las escuelas. O sea que buena parte de la oferta privada se sostendrá con el aporte estatal, a la vez que los estados provinciales empezarán a hacerse cargo de sostener la oferta pública. Esto tendrá como consecuencia el creciente debilitamiento de la educación pública en todo el territorio argentino y beneficiará al mercado educativo. Este proceso, en gran medida, está ligado al debate que en la Argentina se llamó “laica o libre”. En resumidas cuentas, la educación confesional, más que nada en manos de la iglesia católica, se abrirá camino a través de la oferta privada, pero con la particularidad de que logra a través de sus influencias, enormes sumas en subsidios estatales. Si queremos señalar a algún choriplanero, tenemos a la Iglesia Católica como la choriplanera más grande del país, ganándole a entidades como Techint o la últimamente tan mencionada Vicentín. Ni siquiera en plena pandemia se abandonan los privilegios de los que más tienen en pos de la mayoría. Parece tan impensable como necesario abrir contenidos digitales para que cualquier persona pueda acceder desde cualquier celular. ¿Por qué no está siquiera en discusión liberar productos tecnológicos para repartirlos entre la población? Cientos de personas mueren por día por COVID-19, otras miles se están contagiando y otras tantas padecen las penurias económicas de no poder trabajar por el aislamiento, mientras las empresas siguen enriqueciéndose y favoreciéndose de este contexto, la iglesia cobra sus cuantiosos subsidios de las arcas del estado y encima honramos deudas ilegítimas. Además de padecer las consecuencias más visibles de la pandemia, la clase trabajadora también seguimos viendo vulnerados nuestros derechos a la educación y a la tecnología.

Lo que deja ver la pandemia del COVID-19 en relación a la educación

A partir de un documento desarrollado por la Universidad de Harvard junto con la OCDE, titulado “Un marco para guiar una respuesta educativa a la pandemia del Covid-19”, cuyo objetivo, dice ser “apoyar la toma de decisiones en educación para desarrollar e implementar respuestas educativas efectivas ante el cierre de centros escolares por la emergencia sanitaria”. Sabemos que no es más que otro documento que pretende invadir la soberanía de países como el nuestro. Pero más allá de la intención del informe y de quiénes están detrás (que por supuesto se favorecen de esto), lo que podemos obtener aquí es, entre otras cosas, que en la Argentina, de lo que va del año con aislamiento preventivo y sin presencialidad: El estado expresa tener como propósito “proporcionar materiales y recursos en línea” (pág. 21) pero menos del 30% de los estudiantes cuentan con una “plataforma eficaz de apoyo al aprendizaje en línea” (pág. 42).

Este último dato no es menor, teniendo en cuenta que la Argentina ha sido pionera en Sudamérica en implementar el Modelo 1 a 1 para entregar computadoras tanto a estudiantes como a docentes y en instituciones educativas con alcance federal a partir del 2010. El Programa Conectar Igualdad sería el nombre que incluiría, además, capacitación tecnológica de docentes, implementación de plataformas digitales, conexión a internet en las escuelas y recursos para llevar adelante esta ambiciosa política pública.

Cabe destacar que los “modelos 1 a 1”, que supuestamente facilitarían el acceso a la tecnología y al conocimiento digital, permitieron no sólo el ingreso de la computadora a la escuela sino que también significó siempre un gran retorno para las empresas de tecnología, como se puede ver que lo fue para IBM con las primeras PC en las escuelas norteamericanas a fines de los ´80. En Argentina portátiles EXO serían distribuidas por millones a estudiantes, docentes e instituciones educativas a partir del 2010. Esto se verá interrumpido en 2015 cuando Mauricio Macri comience su presidencia suplantando el Plan Conectar Igualdad por el Plan Aprender Conectados, lo cual, entre otras cosas, interrumpiría la distribución de computadoras (a pesar de que Macri lo haría con su Plan Sarmiento durante sus gobiernos en CABA), disminuiría la capacitación para docentes en línea, dificultaría la provisión de internet en las escuelas, entre otras cuestiones de gravedad.

Durante la pandemia, lamentablemente, estamos asistiendo a una situación muy particular en donde un sistema educativo desfinanciado y dejado a su suerte está impidiendo que estudiantes de todas las edades no estén pudiendo dar continuidad a su educación. Los sectores más vulnerables son los más perjudicados. Esta situación particular e inesperada de aislamiento preventivo llevó a que no haya dictado de clases presenciales en todos los niveles. Llevó también a echar mano a lo que se pudiera para dar continuidad a la educación. Pero la buena voluntad no alcanza. Si el acceso a la educación como derecho está siendo vulnerado sistemáticamente desde antes de la pandemia, ¿qué podemos pensar que va a pasar durante la pandemia? En realidad, lo que estamos viendo es que esta situación empeora. Así lo dice un estudio reciente realizado por la Universidad Di Tella, publicado por Infobae. Allí se menciona que un 85% de las personas utiliza WhatsApp como método privilegiado para realizar el intercambio docente-estudiante. Según menciona el estudio, la razón de esta opción es que esta aplicación puede funcionar con datos del teléfono. O sea, sin la necesidad de una conexión a internet. Teniendo en cuenta que la Argentina ha distribuido computadoras, ha desarrollado plataformas digitales educativas y ha capacitado docentes en el uso de recursos digitales desde 2010, como mínimo, esta realidad parece una burla. Como docentes debimos ver cómo nos la arreglábamos. Por ejemplo, tuvimos que optar por usar WhatsApp en vez de recursos más sofisticados para dar nuestras clases.

Esto nos indica a todas luces que la pandemia deja al descubierto que para garantizar la educación, no sólo hace falta que la misma sea gratuita, ni tampoco que esté asegurado el acceso a recursos digitales, sino que también haya acceso a servicios tales como internet para docentes y para estudiantes. Esta cuestión fue planteada muy tímidamente con la idea de obligar a las empresas de servicio de telefonía móvil a que liberaran datos para páginas educativas. Poco se logró de esto. Ni hablar de que haya servicio de internet de alta velocidad gratuito en los barrios populares. Menos aún de que haya acceso gratuito a computadoras para dar continuidad a la educación.

Como si fuera poco, “el informe da cuenta de la bajísima incidencia de los materiales y plataformas que lanzaron los gobiernos. Menos de un tercio de las escuelas desfavorables usa los cuadernillos y tan sólo el 2% se conecta a través de plataformas educativas oficiales. En las escuelas favorables, es todavía menor”. La directora del estudio también menciona que de la indagación que se realizó en escuelas tanto públicas como privadas en el área del AMBA se desprende que ya se puede ver un desgranamiento en la población estudiantil y que ese desgranamiento tendrá continuidad a la hora de volver a clases.

¿Qué pasa con la tarea docente?

Hasta ahora sólo venimos hablando del ideal pansófico de Comenio (“enseñar todo a todos”) malogrado en lo que respecta al “educando”. Pareciera muy poco probable que se lleve a cabo tal ideal y nos atrevemos a asegurar que esto es producto de los grandes límites del capitalismo. A casi 400 años de estas ideas y con grandes adelantos tecnológicos, estos límites parecen reducirse a que el capitalismo siempre va privilegiar a las ganancias de unos pocos. Poco va a importar que la mayoría de la población no acceda a algún grupo de derechos como el de la educación. El acceso de derechos de la gran mayoría implica la pérdida de algunos privilegios de la una pequeña minoría. ¿Entonces por qué le importaría al estado burgués mejorar la situación laboral de la docencia?

En plena pandemia lo vemos reflejado en varios aspectos: en el acta a través de la cual se regula el teletrabajo docente no hubo ninguna mejora a la tarea docente en aspecto alguno y salió sólo con el apoyo de los oficialistas de CTERA; también vimos cómo se opta el pago de la deuda a cumplir con un acuerdo paritario con aumento del salario docente como sucedió en Pcia. de Bs. As. en febrero pasado; vimos cómo tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en la Provincia de Bs. As., pagaron en cómodas cuotas el aguinaldo docente y meses antes habiendo intentado pagarnos el sueldo en dos partes; y luego el gobierno de Rodríguez Larreta congela los aumentos salariales de los docentes que estaban acordados para julio. Como si fuera poco, el Ministerio de Educación de la CABA mete de prepo a un perfil bajo el nombre de María Pitton en todas las aulas del campus que provee el INFoD.

Que la deuda y los destrozos de la pandemia la paguen los capitalistas

Como venimos diciendo, no pareciera haber dudas de que la educación debería ser considerada un derecho inalienable para todas las personas. Gratuita, laica y de calidad. Incluso lo podemos ver en la palabrería de instituciones multilaterales y proburguesas como el Banco Mundial, la UNESCO o las Naciones Unidas. Todas estas entidades se encargan de utilizar eufemismos y desviar la mirada cuando constituyen compromisos y se refieren a los distintos niveles educativos, quitándole contenido al derecho de por sí y dándole lugar a la desigualdad a través, por ejemplo, del arancelamiento. Pero si pensamos en la pandemia que estamos padeciendo a nivel mundial, este debate pareciera quedar al descubierto en el sentido de que en el capitalismo, tanto el acceso a la educación como el acceso a la tecnología no estuvieron nunca, menos están ahora cerca de tener un amplio alcance. Ni hablar de que toda la población pueda acceder a estos derechos ni a otros en un sistema en donde se mercantiliza hasta el aire en pos de mejorar las ganancias de unos pocos grupos empresarios.

De esta manera los socialistas no sólo luchamos porque la educación sea pública y de calidad, sino que los recursos tecnológicos estén al servicio del pueblo trabajador. Tanto computadoras de última generación como la conexión a internet. Además, como hemos señalado cientos de veces, basta de subsidiar a la Iglesia Católica. Todo esto garantizará un real acceso irrestricto a la educación, junto a una considerable mejora del financiamiento a la educación, que servirá para el reacondicionamiento de los edificios educativos y la mejora salarial a todo el personal en educación.

Que la deuda y las consecuencias de la pandemia la paguen los capitalistas. Basta de descargar sobre lxs trabajadores los abusos capitalistas.







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