Política

ENTREVISTA

“Que aumenten los decomisos de sustancias no dice nada del mercado de drogas”

Luciana Pol, miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), habla con La Izquierda Diario sobre narcotráfico y las consecuencias de la guerra contra las drogas, que impulsa el macrismo.

Sábado 19 de agosto | Edición del día

Solo en nuestro continente mueren más de 150.000 personas por año, como consecuencia de las políticas de guerra contra las drogas. En nuestro país el Gobierno instala la amenaza del narcotráfico y el “Plan Argentina sin drogas”. Los decomisos de sustancias ilegales no hablan del mercado de las drogas.

La política de guerra contra las drogas que promueve un mundo sin sustancias, no solo es irrealizable, sino un fracaso estrepitoso que llevó, en las últimas cuatro décadas, al avance de cárteles narcotraficantes (integrados por delincuentes comunes, junto a políticos, jueces, empresarios y fuerzas policiales). Este negocio mafioso se cobra la vida de ciento de miles de personas en el mundo.

La administración macrista acude a estas recetas para reforzar la agenda securitaria. El mismo día que asumía la presidencia, en su discurso inaugural del 10 de diciembre de 2015, Macri destacó que el objetivo de su Gobierno era “derrotar el narcotráfico", sosteniendo una teoría sobre que éste ha crecido de manera alarmante en nuestro país.

El 14 de enero de 2016, el Gobierno prorrogó el decreto que establece el “Operativo Escudo Norte” para controlar las fronteras a través de las Fuerzas Armadas. El 21 de enero de 2016 declaró la Emergencia de Seguridad que habilita el derribo de aviones y el aumento del presupuesto para esta cartera.

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Ese mismo mes, el presidente de Francia, François Hollande, visitó nuestro país. Ambos mandatarios se comprometieron a fusionar esfuerzos en el combate contra el terrorismo y el narcotráfico. Al tiempo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajaba a Washington para reunirse con el responsable de la DEA, Chuck Rosenberg, para “reforzar el trabajo sobre el narcotráfico”. A partir de este encuentro se reabrió una oficina de la DEA en el norte del país.

En marzo 2016, en la apertura de las sesiones legislativas el presidente sostuvo que Argentina es el tercer exportador del mundo de cocaína y que la lucha contra el narcotráfico requería de nuevas leyes.

En marzo de ese año, el presidente Barack Obama, de visita oficial en nuestro país, pactaba con el mandatario argentino “trabajar juntos para combatir al crimen organizado y el tráfico de drogas”. El alcance de este acuerdo permite que miembros de las Fuerzas de Seguridad viajen al país del norte a “formarse” con agentes del FBI.

En mayo de 2016, a través de un decreto, Macri ordenó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), enfrentar los delitos complejos como lo son el terrorismo y el narcotráfico. Para esto destinó una nueva partida de dinero para “seguridad”, esta vez para la Agencia.

En noviembre los cultivadores fueron amenazados con el peso del Código Penal. La ley 27.302, publicada en el Boletín Oficial, anunciaba que el que sin autorización siembre o cultive plantas, o guarde semillas recibirán una condena de 4 a 15 años de prisión.

La Izquierda Diario habló sobre este y otros temas con Luciana Pol, investigadora y miembro del Equipo de Política Internacional del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CELS).

Los cárteles de narcotráfico se han extendido a varios países de Latinoamérica. En estos países la política que se aplica es la “guerra contra las drogas”, donde además postulan un mundo sin drogas. ¿Cuál es tu evaluación sobre la eficacia y/o consecuencias de esta política?

  •  Si observamos los últimos diez años han ingresado más sustancias al mercado, han bajado los precios, y ha aumentado el consumo y el tráfico.

    Al mismo tiempo que los objetivos del sistema no se alcanzan, se registran consecuencias negativas en derechos humanos, en daños sociales, en aumentos de la violencia, sobre todo en zonas involucradas en la producción y tráfico de sustancias orgánicas, como es la hoja de coca.

    Se producen fenómenos inauditos, militarización de los territorios rurales y de barrios enteros. Particularmente en América Latina vemos daños a la población campesina, que recurre al cultivo y producción de sustancias ilícitas, como en Perú, Colombia, y Bolivia, como forma de supervivencia.

    Por otro lado, un número creciente de mujeres, en un estado de alta vulnerabilidad, son usadas como correo de drogas, que llenan las cárceles de América Latina, y de otros países del mundo. En nuestro continente, la mayoría de las mujeres presas, están relacionadas con las drogas. Esto lo vemos también en Europa y Estados Unidos.

    Entonces, vemos un sistema que actúa de una forma muy problemática en la práctica. Pensemos que siempre se habla del fracaso de la “guerra contra las drogas”, pero hay que pensarlo como un sistema altamente exitoso, porque se ha naturalizado al punto de que todos opinan que estos es lo que hay que hacer. Cuando en realidad ha provocado más daños que resultados.

    Para ponerlo en contexto, según un informe de la oficina de drogas y delitos de Naciones Unidas hay en el mundo hay 250 millones de consumidores de drogas, de los cuales, solo un 11 % (27 millones) son considerados consumidores problemáticos. Para solucionar el problema de salud de 27 millones de personas, se pone en práctica una maquinaría policial, militar, con despliegues de helicópteros, radares, aviones.

    Se gasta en el mundo unos 100 mil millones de dólares por año en lucha contra las drogas, con la particularidad que el 95 % de este dinero es destinado a seguridad y solo el 5 % a la salud pública.

    Esto provoca muchos cuestionamientos a este régimen internacional, a sus principios, en particular a esta idea de la prohibición absoluta, y de las consecuencias que trae la penalización del consumo.

    En 2016 se adelantó la reunión de la UNGASS, prevista para 2019, a pedido de algunos países de Latinoamericanos para que se analicen todas las opciones posibles para salir del fracaso de la “guerra contra el narcotráfico”. Incluso, muchos de los que apoyaron el adelanto de esta reunión, como expresidentes y personalidades de la cultura, se pronunciaron a favor de la regulación del comercio. Vos participaste de esta reunión, ¿qué se discutió allí?

  •  Quienes comienzan a cuestionar esto son los países afectados por las altas tasas de violencia, como Colombia, México, Guatemala, que piden al sistema internacional, que se realice una cumbre mundial sobre las drogas.

    En esta cumbre no se alcanza todo lo que se esperaba, por lo menos de los países que promovían este debate y que tenían el apoyo de países centrales como Suiza, Holanda, Noruega, Portugal. Países que han tratado el problema de las drogas con políticas diferentes, como también lo hiciera recientemente Uruguay. Países que se han alejado de la convención internacional.

    Se logra introducir la noción de compatibilizar la obligación de respetar los derechos humanos y se sugiere aplicar tratamientos de disminución de daños, políticas que han sido por décadas muy controvertidas. En la UNGASS se avanzó en reconocer estos tratamientos como válidos y recomendables, pero los países miembros no están obligados a aplicarlos. Otro tema que se introduce es la dificultad al acceso de medicamentos en los tratamientos del dolor, que por el régimen de drogas, ciertas sustancias están prohibidas y miles de personas en el mundo no pueden acceder a estos tratamientos.

    Lo que no se logró en esta cumbre es cuestionar la penalización del consumo. Esto ha sido reconocido incluso por el alto comisionado de Naciones Unidas que evalúa como una barrera para el acceso a la salud. Alguien que tiene un uso problemático con las drogas, lo primero que tiene que reconocer, cuando va al sistema de salud, es que ha cometido un delito.

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    Muchos de los que participaron de la cumbre expresaron que ésta fue un fracaso, porque no se habló de regular el comercio.

  •  A nivel mundial no existe consenso sobre cambiar la política actual de “guerra contra las drogas”. Hay países como Indonesia, Filipinas, China, Rusia, Irán, que hoy, a través de la vía legal condenan con pena de muerte, o ilegal a través de ejecuciones, a personas involucradas en la venta de drogas. Estados Unidos tampoco está abierto a la discusión, porque tiene muchas contradicciones internas, a pesar que varios estados están avanzando en la regulación del mercado cannábico, pero por otro lado es el país que promovió la “guerra contra las drogas” y la exportó al mundo.

    Todos estos países han actuado para impedir que se lograse un cambio.
    El régimen de drogas actual sirve para otros objetivos geopolíticos como el control poblacional, como lo hace Estados Unidos sobre la población negra que siempre ha sido perseguida por su relación con las drogas, cuando no registra tasa más altas que las de la población blanca.

    En la apertura de las sesiones extraordinarias de 2016, Macri dijo que Argentina es el tercer proveedor mundial de cocaína, sin embargo Naciones Unidas no incluyó a nuestro país en la lista de países de riesgo. ¿Por qué crees que el presidente de la Nación hace una aseveración tan falsa como absurda?

  •  Estas declaraciones les reditúan para plantear la Emergencia en Seguridad y porque, como en todos los países, utiliza la amenaza del narcotráfico para justificar políticas de mano dura. Lo paradójico de este Gobierno es que instala al narcotráfico y la amenaza en alerta roja, pero en este tiempo no produjo un diagnóstico serio sobre el tema, que permita aplicar políticas con más seriedad que una consigna que dice “guerra contra las drogas”. Llama la atención que ponga la amenaza en un nivel tan alto y al mismo tiempo se actúe con tanta negligencia, sin informes que den cuenta de cómo van actuar ante el delito más complejo.

    Argentina es un ejemplo excelente sobre al altísimo valor que se les da a consignas fáciles, como “paco cero”, “guerra contra las drogas”. Numerosos dirigentes han ganado con estas consignas, Argentina no es el único país donde este tema juega un papel tan central.

    Por otro lado, plantear políticas de mano dura es muy redituable, esto hace que el sistema se siga reproduciendo, incluso en países como México que dice cuestionarlo, sin embargo, internamente, continúa usando a las Fuerzas Armadas, modificando el régimen penal, sin afectar al narcotráfico.

    En Argentina tenemos fiscales, como Federico Delgado, que producen múltiples informes en los que dan cuenta que el 70 % de las causas penales son por consumo. Esto quita tiempo y recursos de la Justicia federal, que podrían destinarse a las redes más complejas. Entonces en vez de encarcelar mujeres en el norte del país, microtraficantes, se podrían montar sistemas de investigación sobre quiénes las contratan, que en muchos casos son los mismos que las delatan para que sean apresadas por la Gendarmería.

    Si el Gobierno interpreta que estamos en una situación de emergencia, cosa que todavía falta demostrar, esto debería estar acompañado por mayor información, tanto en el ámbito penal, judicial como de salud pública. Esta es la característica más saliente: fuertísimos niveles de alarma que no se ven justificados por información seria.

    ¿Por qué no avanzan contra las organizaciones narcotraficantes y solo van contra el consumidor?

  •  En Argentina, como en otros países, existen fuertes relaciones entre las fuerzas de seguridad y las redes complejas de tráfico. Por ejemplo en el conurbano bonaerense, la venta y circulación de sustancias prohibidas está regulada, ilegalmente, por parte de las fuerzas policiales locales; o en provincias como Córdoba y Santa Fe, donde toda la cúpula policial estaba involucrada en redes narco.
    Esto no se da solo con el narcotráfico, sino que la Policía está envuelta en delitos complejos como la trata de personas, el juego clandestino. Estos son rasgos, casi constitutivos, de las fuerzas de seguridad.

    Si bien el tema de la llamada “inseguridad” está a diario en todos los noticieros, la campaña mediática contra la “inseguridad” aparece en determinados momentos. El caso del crimen de un chofer de colectivo, muy repudiable, fue usado para esta campaña de la que se sirvió el Gobierno para volver a las razzias y atestar los barrios con policías. En paralelo a esto se montaba otra campaña mediática, esta vez más “exitosa”. La ministra de Seguridad aparecía ante las cámaras después de haber decomisado “toneladas” de alguna sustancia ilegal y afirmaba, pareciendo olvidar lo que dijo Macri en la apertura de las sesiones legislativas, “estamos ganando la guerra al narcotráfico. Y que para estos, Argentina ya no es negocio”. Los grandes decomisos, ¿muestran que el Gobierno implementa una política efectiva para combatir el narcotráfico?

  •  El problema de cómo se mide el avance de la lucha contra el narcotráfico es otro de los grandes debates. Los decomisos y las detenciones no hablan del mercado de drogas, hablan de la actividad estatal, de la actividad de la Policía.

    Que haya aumentado los decomisos, no nos dice nada de este mercado. Solo si se ha bajado la oferta, se aumenta el precio, estaríamos hablando del mercado de drogas.

    No extraña que en este momento de campaña se den a conocer noticias de alto impacto mediático.








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