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TUCUMÁN

Procesan por contaminación a directivos del ingenio Cruz Alta

Tras ser sobreseídos por el juez Fernando Poviña, la cámara ratificó el proceso. Uno de ellos es director ejecutivo de la principal entidad que representa a las patronales de los ingenios. Breve repaso de un historial de impunidad.

Martes 11 de julio | Edición del día

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocó el sobreseimiento dispuesto por el juez federal Fernando Poviña en beneficio de tres altos directivos del Ingenio Cruz Alta, procesados en 2006 por la contaminación de las aguas del Río Salí.

Los cargos habrían sido oportunamente probados tras la realización de muestras sobre los efluentes que la fábrica vertía a un canal que confluía en las aguas del Río Salí. La pericia química ambiental determinó que los deshechos registraban valores altamente tóxicos y que el estado de las aguas y del aire resultaba perjudicial para la salud de los trabajadores y vecinos del lugar.

El procesamiento surge a partir de una denuncia penal promovida en 2006 por el Gobierno de Santiago del Estero contra la firma Arenal del Norte SA (Ingenio Cruz Alta), que entonces era propiedad de la familia Paz Posse. Entre los procesados se encuentran Rodrigo Zalazar Romero, actual director ejecutivo del Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART), Walter Fuentes, y José Ramón Coronel, quienes durante varios años permanecieron en el directorio del ingenio que, desde 2007, pasó a ser propiedad de Jorge Rocchia Ferro (Cía. Azucarera Los Balcanes).

Los imputados incluso se convocaron el pasado mes de diciembre para discurrir sobre la “responsabilidad social empresaria” en la sede de CART, cuyo presidente, Julio Colombres, también se encuentra procesado en dos causas; una por contaminación sobre las cuencas del Río Salí, por el vuelco de vinaza en un río de Monteros, y la otra, en Santiago del Estero por la contaminación del embalse.

Ya en el año 2008, el marco de un “Plan de Reconversión Industrial” (PRI), la justicia de Tucumán ordenó a una docena de ingenios la instalación de filtros de aire en las chimeneas. Una medida básica aunque insuficiente, teniendo en cuenta la contaminación descontrolada de ríos, canales, y arroyos, producidas por el vuelco de la vinaza.

Un año después, 2009 de elecciones, la Secretaria de Medioambiente de la provincia a cargo de Miriam Gallardo Dip, organizó una conferencia de prensa junto al empresario Rocchia Ferro, para anunciar que el 92,4% de los ingenios habían colocado filtros en sus chimeneas y festejando el programa como “todo un éxito”. Dos meses después fue electa diputada nacional por el Frente de para la Victoria.

Pero al año siguiente la Cámara Civil y Comercial III ratificó la sentencia original e intimó a los ingenios a cumplir la reconversión industrial dando plazo por dos años más, hasta 2012. Entre los intimados se encontraba, a no sorprenderse, el poderoso industrial Jorge Rocchia Ferro.

En 2015 el empresario volvió a ser procesado por un juez federal de Santiago del Estero por contaminación de suelo, agua, y aire en la zona de El Palomar, en un caso que se convirtió en escándalo nacional por la aparición de miles de peces muertos en la provincia vecina.

Según consta en la causa abierta habría quedado probado que, a fines de 2012 – principios de 2013, el Ingenio Cruz Alta arrojó 86 millones de litros de vinaza sobre un canal de riego interprovincial. La causa fue elevada a juicio oral y en ella también está implicado José Ramón Coronel, de quien hablamos al principio.

Ese mismo año hubo otro caso, aunque menos resonante, que motivó fue el procesamiento de los directivos del Ingenio Marapa tras la denuncia de la familia de Brian Maidana, un niño de 7 años que sufrió graves quemaduras tras hundirse en barro con cenizas industriales en un predio cercano al ingenio. Uno de los directivos procesados es Alejandro Ramón Poviña, quien sigue desempeñándose como directivo en el ingenio que ahora es propiedad de Emilio Luque y en 2015 fue designado como representante de los ingenios en la mesa del Instituto de Promoción de Azúcares y Alcoholes de Tucumán (Ipaat) por el ex gobernador José Alperovich. Quizás haya que rastrear en el árbol genealógico que cruza a industriales y funcionarios para entender las razones que subyacen a la impunidad con la que se manejan los empresarios de la provincia.






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