Sociedad

BUENOS AIRES

Precarización laboral y despidos de guardaparques en Reserva Natural de Pilar

Responsabilizan a Gabriel Lagomarsino, subsecretario de participación ciudadana del Municipio de Pilar, y a las autoridades de la ONG Patrimonio Natural, Marina Lemos y Graciela Capodoglio.

Domingo 15 de abril | 14:14

A fines de marzo, el guardaparques Andrei Chtcherbine de la Reserva del Pilar fue despedido sin previo aviso ni motivo. A poco tiempo de ser padre, tanto él como su compañera, que también se desempeñaba en el mismo lugar, fueron desvinculados de su trabajo unilateralmente. Esta situación ayudó a visibilizar las condiciones precarias que los guardaparques sufren a diario en las áreas protegidas de la provincia y para exigir su reincorporación a la reserva, además de fortalecer los intentos de agrupación de estos trabajadores estatales.

Andrei Chtcherbine comenzó a trabajar en la Reserva Natural del Pilar en el año 2010, ya recibido como Guardaparque de la Fundación Perito Moreno. La reserva es municipal y pertenece a la jurisdicción de Pilar, aunque para el trabajo fue seleccionado por la ONG Patrimonio Natural que logró declarar el sitio como reserva y tiene el manejo del predio. Según Andrei, fueron los miembros de esta ONG los encargados de seleccionar a los guardaparques y de asignarles un horario y las condiciones del trabajo: quince días seguidos de permanencia en la reserva y quince días seguidos de descanso. El sueldo de ese entonces eran $ 1.500 pesos por mes, el de menor valor para un empleado municipal. Según el guardaparques, esta situación de maltrato laboral es responsabilidad Gabriel Lagomarsino, subsecretario de participación ciudadana del Municipio de Pilar, y de las autoridades de la ONG Patrimonio Natural, las señoras Marina Lemos y Graciela Capodoglio.

Andrei fue despedido a fines de marzo, sin previo aviso. En el telegrama de despido que recibió ni siquiera le reconocen los ocho años que lleva de trabajo en la reserva, ya que durante todo ese tiempo figuró como “empleado temporal”. Una costumbre muy arraigada en los municipios que atenta directamente contra el bienestar y los derechos de los trabajadores estatales.

La situación de trabajo en la reserva

Además de la precaria situación laboral, Andrei explica que “en cuanto al manejo de la reserva, los Guardaparques siempre quedamos afuera: el convenio entre la ONG y el municipio para el manejo de la reserva es básico, pero en definitiva sirvió para que éste delegara toda la administración del lugar en la ONG. El equipo que toma las decisiones está formado por ocho o diez voluntarios que vienen a la reserva un par de veces al mes, y algunos otros pocos que vienen al lugar eventualmente, pero tienen asambleas periódicas en las cuales deciden sobre la reserva. A estas asambleas los guardaparques no podemos asistir. Se nos dejó afuera de toda toma de decisión, al punto de no dejarnos participar del armado final del plan de manejo, del plan operativo anual, de no dejarnos hacer carteles, ni folletos”.

La reserva por mucho tiempo sufrió de la falta de condiciones adecuadas para los visitantes y de precariedad en las instalaciones para los guardaparques, desde no contar con puentes y caminos para recorrerla, hasta tener que lidiar con los caballos y vacas que los vecinos soltaban para que entraran a pastar al área protegida, y la falta de baños y equipamiento para sus trabajadores, que debieron arreglárselas para cumplir con sus labores por mucho tiempo sin los elementos necesarios. Desde el municipio y la ONG, siempre se adujo que no se contaba con presupuesto, pero la realidad es que los visitantes debían cruzar las áreas inundadas utilizando ramas y vigas que suponían un peligro para ellos.

Despedidos sin consideración

Andrei también denuncia que su compañera Melina fue removida de su trabajo en la reserva por haber sido madre: “Se sacó a una compañera por haber tenido familia, argumentando que ella no podía cumplir con las guardias nocturnas –siendo que ella no fue contratada para trabajar de noche y, no menos importante, estas guardias son ilegales porque no hay ninguna ley laboral que avale un trabajo de 24 horas por quince días consecutivos, mucho menos sin ningún pago de horas extra y por el sueldo mínimo. En última instancia yo fui padre y nadie me planteó lo mismo, sólo a ella por ser mujer y madre. Esta es una situación de discriminación y de violencia de género, y ya estamos haciendo las denuncias correspondientes”.

Por haber denunciado este hecho, Andrei fue despedido de forma unilateral por la municipalidad. Incluso se le prohibió que su familia concurriera a la reserva para visitarlo. “Por reclamar por esa injusticia yo fui amenazado y ahora desvinculado de la reserva por Gabriel Lagomarsino, el subsecretario de Participación Ciudadana, área del cual ahora depende la reserva. De hecho Lagomarsino me dijo que no quería que Melina, mi pareja, exguardaparque de la reserva, o nuestra hija vinieran a la reserva a verme, siendo la misma un lugar público y apto para niños”.

Cuando se conoció este hecho, rápidamente surgieron las primeras reacciones de solidaridad de los compañeros y compañeras de estos guardaparques y de muchos visitantes de la reserva que conocen el trabajo que ellos realizaron allí. En la plataforma Change circula una petición exigiendo a la municipalidad de Pilar la reincoporación inmediata de Andrei a su lugar de trabajo. También varios medios locales se hicieron eco del tema.

La precariedad laboral bajo el discurso de “lo natural”

El interés del Estado en las áreas protegidas municipales es ciclotímico. Usualmente sólo recuerdan su existencia cuando el gobierno intenta promocionar alguna medida de maquillaje que lo haga ver como interesado en el bienestar común, para rápidamente olvidarse de todo lo que prometió. La reserva de Pilar no escapa a esta situación. Al poco tiempo de haber asumido Macri, el Poder Ejecutivo anunciaba en febrero de 2016 la “nueva ley de humedales” , justamente en esta reserva. Ya en junio del mismo año, Pino Solanas denunciaba que el propio gobierno estaba trabando su tratamiento .

Pilar es un municipio que sufre las consecuencias de las inundaciones, agravadas por los rellenos de los humedales naturales gracias a la desbocada habilitación para construir countries sobre las cuencas de los ríos del partido.

En este sentido, las malas condiciones de trabajo, el maltrato y las desvinculaciones injustificadas de los guardaparques no son hechos aislados, sino que son emergentes de un modo de hacer las cosas de quienes tienen el poder de imponer su idea de “desarrollo” al resto, desconociendo los ritmos y modos de la Naturaleza y los territorios. Esta violencia real es acompañada por una narrativa que relata las consecuencias del modelo de desarrollo como “catástrofes naturales”, y que disfraza a las condiciones de precariedad laboral como algo intrínseco a la vocación de trabajo en áreas naturales o rurales.

Facundo González Díaz, miembro del colectivo Guardaparques bonaerenses en lucha explica que como a nivel provincial no existe para todos los distritos la figura del “guardaparques”. Cada municipio se rige por su propia lógica y eso repercute en que cada trabajador estará sujeto a contratos de trabajo diferentes que no siempre se adecúan a las particularidades de la profesión. Algunos municipios otorgan mejores condiciones de trabajo, pero otros, como en el municipio de Pilar los guardaparques deben soportar condiciones laborales bastante precarias. Además de no reconocer la particular labor de los guardaparques, se hace abuso de la forma “voluntariado” para realizar tareas sin remunerar y tampoco se respetan los concursos para la obtención de puestos. González agrega que en la provincia la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), que es la institución que tiene a su cargo las áreas protegidas provinciales, fomenta la contratación de los guardaparques bajo la forma de monotributistas, que para colmo cobran por su labor con meses de retraso.

Vale aclarar que hoy en día casi la totalidad del personal que se desempeña como guardaparques en la provincia tiene estudios de formación en la materia. Por ejemplo, la Tecnicatura Superior en Guardaparque del Instituto Perito Moreno requiere de una inversión de aproximadamente 100 mil pesos y 3 años de estudios.

Como lo resume Andrei: “Pareciera que nuestra explotación se sigue naturalizando porque, o bien “trabajamos de lo que nos gusta”, o porque “somos guardaparques y sabíamos lo que nos esperaba”. Se supone que tenemos que ser rudos y bancarnos cualquier cosa, estar sin bañarnos diez días, vigilar una reserva de 150 hectáreas día y noche, ir al baño químico por años, vivir en un cuartito sin ventanas. Yo lo hice, pero les aseguro que no me siento rudo, sólo un poco tonto”.

Las condiciones precarias de trabajo y los riesgos implícitos de este tipo particular de ocupación hacen que resulte imperioso que los guardaparques logren unirse para exigir del Estado una norma que regule su trabajo, para todos los municipios de la Provincia. El caso de la Reserva de Pilar no es el único, pero sí podría ser el último si el cuerpo de guardaparques provincial logra unirse para que su profesión obtenga el reconocimiento y la sanción del marco normativo correcto de parte del Estado y las ONG que gestionan en las áreas protegidas bajo su jurisdicción.








Temas relacionados

Precarización laboral   /    Ecología y medioambiente   /    Provincia de Buenos Aires   /    Sociedad   /    Mundo Obrero

Comentarios

DEJAR COMENTARIO