Géneros y Sexualidades

ABORTO LEGAL

¿Por qué es importante el aborto legal en medio del COVID-19?

Aunque el debate legislativo sobre la legalización está paralizado por el Coronavirus, el acceso al aborto legal sigue siendo un problema de salud pública.

Celeste Murillo

@rompe_teclas

Viernes 27 de marzo | 00:05

Se estima que en nuestro país se realizan cerca de 450.000 abortos al año. De esos, una gran mayoría se realiza en la clandestinidad. Por ese motivo, representa un riesgo para la salud de las mayoría de las mujeres y personas con capacidad de gestar que deben acceder a la práctica (en sí misma segura) en condiciones de insalubridad.

En Argentina, el debate sobre la legalización se vio frenado por el cierre del Congreso en medio de la pandemia de COVID-19 (ni siquiera se conoce el proyecto que presentaría el presidente Alberto Fernández, según reiterados anuncios). Sin embargo, el acceso al aborto sigue siendo un problema de salud pública.

La coordinadora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, aseguró que está garantizado el acceso a anticonceptivos y al aborto no punible por causales (violación, salud o riesgo de vida de la persona gestante). Así lo informó al diario Página/12: “El acceso a ILE sigue siendo prioritario y es una prestación de urgencia en el marco de la pandemia. También garantizar la entrega de métodos anticonceptivos. Estamos trabajando con cada una de las provincias y además, está disponible el 0800-222-3444 de Salud Sexual, para que las usuarias puedan llamarnos y podamos trabajar de forma conjunta para remover obstáculos para el acceso si hay problemas en algún lugar”.

Sin embargo, no todas las provincias en nuestro país cuentan con un protocolo para garantizar el acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Esto genera obstáculos y demoras que, en un contexto de crisis sanitaria, multiplican las dificultades para las personas que necesitan acceder a abortos seguros.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito difundió en sus redes las recomendaciones para atender sin demoras ni obstáculos las prácticas garantizadas por ley, incluso en el marco de la pandemia.

La salud sexual y reproductiva, empezando por el acceso a medios anticonceptivos, se vuelve indispensable. Es un aspecto integral de la salud de las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar, que garantiza el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (ley promulgada en noviembre de 2002) pero se cumple de forma desigual, según provincia y dependiendo muchas veces de la voluntad de las autoridades de las instituciones de salud.

Según la coordinación de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires, se informa que está garantizado el acceso de anticonceptivos durante la pandemia: “Apostamos a que las mujeres se puedan llevar más de un blíster de los insumos que tengamos cantidad y pronto estamos haciendo una compra grande, con lo cual no tendremos problemas”. Más allá de los límites de la Ciudad, La Izquierda Diario habló con trabajadoras de Centros de Atención Primaria de la Salud de La Matanza, que confirmaron que se mantiene la distribución de anticonceptivos y el acceso a la ILE. En un contexto complejo, la atención de la salud sexual y reproductiva se sostiene con el trabajo indispensable de las profesionales de estos centros. Sin embargo, es muy difícil encontrar información oficial sobre ese y otros distritos del país.

Estas medidas básicas responden a una parte de la salud sexual y reproductiva. Mientras la interrupción voluntaria del embarazo esté criminalizada y la abrumadora mayoría deba realizarse en la clandestinidad, cualquier crisis sanitaria solo representará mayores riesgos para la salud de las mujeres.

Qué pasa cuando el aborto es legal

En los países donde el derecho al aborto está legalizado se atraviesan diferentes situaciones. En algunos lugares, al considerarlo un tema de salud pública se contemplan protocolos especiales, en otros corre el riesgo de verse aún más restringido. En todas partes, los sectores reaccionarios intentan aprovechar la pandemia para obstaculizar este derecho.

“El aborto es una prestación esencial de salud. Los servicios deben organizarse para minimizar las demoras en la atención”, sostiene una guía publicada por el Royal College of Obstetrics and Gynecology (la asociación de especialistas en ginecología y obstetricia) del Reino Unido. Y agrega, “la prioridad es la provisión de atención segura a las mujeres, incluyendo aquellas quienes son casos sospechosos o confirmados de COVID-19”.

La guía, traducida al castellano por la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) dice también que, “durante la pandemia de COVID el acceso a los servicios puede interrumpirse. Para asegurar una atención del aborto segura y efectiva, podría requerirse atención a distancia o la realización de abortos con medicamentos de forma ambulatoria, especialmente en situaciones de aislamiento obligatorio o donde no se pueda acceder a una institución de salud”.

Luego de que la guía fuera publicada el 21 de marzo, se vio durante unas horas un cambio en la medida que regula el aborto legal en el Reino Unido. La disposición fue retirada de la página del Ministerio de Salud unas horas después, por tratarse -según el ministerio- de un error. Sin embargo, parecía una medida lógica en un contexto de aislamiento social preventivo (que podría ser reforzado en los próximos días por el primer ministro Boris Johnson). La medida consistía en permitir que las mujeres pudieran tomar ambas píldoras para realizar un aborto medicamentoso en sus hogares con el asesoramiento necesario.

En el Reino Unido, el método más utilizado es el medicamentoso (o químico), mediante un proceso de dos pasos (tomar dos dosis de píldoras). La ley estipula que el primero debe realizarse en el hospital o clínica y el segundo, si la persona lo desea, se puede realizar en casa.

Hubo críticas a esa marcha atrás, como la del British Pregnancy Advisory Service (Servicio de Asesoramiento sobre el Embarazo), que aseguraron estar pasmados con la medida cuando se espera que se refuerce el aislamiento. “No tiene ningún sentido que el primer ministro haya ordenado que la gente se quede su casa anoche, y que el Departamento de Salud anule una decisión que hubiera permitido a decenas de miles de mujeres acceder a la atención de abortos tempranos de forma legal en su casa, protegiendo su salud, la de sus familias y la de médicos, médicas, enfermeras y todo el personal de salud involucrado”.

La derecha intenta avanzar sobre el aborto legal en Estados Unidos

En Estados Unidos, uno de los nuevos epicentros de la pandemia, el COVID-19 está siendo utilizado por sectores de la derecha conservadora y organizaciones antiderechos como una excusa para restringir o prohibir directamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En Estados Unidos, el derecho al aborto legal está garantizado desde 1973 por el fallo de la Corte Suprema en el caso Roe versus Wade. Pero desde esa misma fecha, las iglesias cristianas y la derecha han intentado restringirlo.

Actualmente, el aborto legal está bajo ataque en varios estados. Y la pandemia se convirtió en la excusa perfecta para avanzar en ese ataque. La semana pasada el estado de Ohio suspendió las intervenciones en hospitales y clínicas relacionadas con abortos legales “no urgentes”. La organización Planned Parenthood señaló que, "el aborto es un procedimiento esencial para el que el tiempo es una cuestión clave", y subraya la recomendación al respecto de la Asociación de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos.

Esta semana lo siguió Texas con una orden ejecutiva de su gobernador Greg Abbott, que prohíbe, “cualquier tipo de aborto que no sea médicamente necesario para preservar la vida o la salud de la madre”. La organización Planned Parenthood de ese estado respondió: "Nuestra prioridad sigue siendo la salud y la seguridad de nuestras pacientes, al mismo tiempo que garantizamos el acceso a medidas urgentes de salud reproductiva durante esta crisis, incluyendo abortos".

Los estados no solo desconocen las recomendaciones de organizaciones de profesionales de la salud, sino que hacen una utilización escandalosa de la crisis sanitaria para obstaculizar el acceso a un derecho. Se espera que estos no sean los últimos estados en anunciar medidas similares. Antes del brote de COVID-19 en Estados Unidos, ya se libraba en el país una batalla por el derecho de las mujeres a decidir. El gobierno de Donald Trump es el primero en varios años en involucrarse directamente en la campaña contra este derecho.







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