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Por la reconstrucción, contra Nuño y la reforma educativa se movilizará sección 22

La sección 22 ganada por la CNTE ha lanzado una advertencia al gobierno federal sobre movilizarse por el incumplimiento de demandas, este conflicto estalla a causa de que el SNTE no ha reconocido la toma de nota de dicha sección y por los efectos del sismo del 7 de septiembre.

Martes 31 de octubre

La CNTE anunció realizar posibles movilizaciones en Oaxaca. El ultimátum se dio para el 31 de octubre si es que el gobierno no accede a cumplir con las exigencias hechas en las mesas de negociación, lo que implicaría el cierre de 13 mil escuelas, cierres carreteros, plantones, entre otras medidas de lucha.

La razón de este conflicto es en primer la toma de nota de la sección 22 del SNTE. La cual ha sido desde hace muchos años ganada por la Coordinadora, sin embargo a pesar de haber ganado nuevamente estas elecciones, el sindicato no ha reconocido la nueva dirección de la sección.

En ese sentido se han planteado otras cosas como lo es la bilateralidad en las decisiones educativas, las cuales han sido negadas por el gobierno, especialmente con los espacios perdidos en el Instituto para la Educación del Estado de Oaxaca (IEEPO). Los maestros exigen la salida de los altos funcionarios de esa institución, los cuales son adictos del gobierno federal y a quienes han acusado de hacer mal uso de los fondos, desviándolos al terreno electoral, como lo son Germán Cervantes Ayala, Salvador Heredia y Gabriela Santoscoy.

Exigen también la renuncia de Aurelio Nuño de la SEP, de igual manera se desconocen al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE). También pidieron una nueva mesa de negociación para acompañar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con el fin de fortalecer la instalación de albergues, además de exigir el control de los fondos de reconstrucción de las escuelas dañadas por el terremoto del 7 de septiembre.

Otras demandas vigentes son el reclamo por la abrogación de la reforma educativa, atención a incidencias laborales, justicia por Nochixtlán, cancelación de las órdenes de aprehensión contra dirigentes magisteriales y la descongelación de sus cuentas bancarias.

Las voces reaccionarias

Mientras esto ocurre la presidenta del Consejo Ciudadano para la Mejora de la Calidad de la Educación en Oaxaca, Luisa García Cruz, declaró “que la sección 22 de la CNTE muestra una postura mezquina porque detrás del chantaje de los maestros se encuentra su interés por recolonizar el IEEPO”.

Este tipo de organismos están al servicio de los empresarios y dan voz a su política, como lo ha sido también Mexicanos Primero, propiedad del poderoso Claudio X. Gonzales, quienes buscan la aplicación de la reforma educativa con el fin de que les abra la puerta de la educación pública para lograr introducir sus inversiones.

Son este tipo de asociaciones quienes más presionan al gobierno (a la vez que son cómplices) para que tengan mano dura contra los profesores, o contra cualquier otro movimiento de trabajadores que salga a las calles en busca de sus derechos, ellos son los grandes beneficiarios de programas como “Escuelas al 100” que busca hipotecar las escuelas con bonos de deuda. Por más que se amparen en el discurso del bienestar de los niños, su único interés es incrementar sus ganancias a partir de las privatizaciones.

El desastre como parte del contexto

En ese sentido es que la reforma educativa tiene un fuerte impacto en la degradación de la educación, en primer lugar porque como parte de un gran plan de desmantelamiento de la enseñanza básica, no ha construido nuevas escuelas ni mejor infraestructura para las que ya existen, lo cual no es sólo antipedagógico es además una trampa mortal.

Los pasados terremotos del 7 de septiembre (que afectó principalmente Oaxaca y Chiapas) y del 19 de septiembre (que afectó CDMX, Morelos, partes del Estado de México y Puebla), se demostró que tener aulas llenas es un enorme peligro para los niños.

Precisamente el desastre destapó lo que el Estado trata de ocultar con sus campañas mediáticas, que la reforma educativa no beneficia a los niños, por el contrario además de perjudicar su aprendizaje con el hacinamiento de decenas de ellos en un salón de clases, dando a los profesores cargas absurdas de trabajo con la cual reducen su rendimiento en la enseñanza, los pone en peligro.

Poco tiempo después de los sismos, el gobierno de Peña Nieto declaró que era momento de regresar a la normalidad, que los maestros y alumnos debían volver a las aulas. Sin embargo, los padres de familia y docentes se opusieron a esta medida desatando una ola de críticas contra la administración federal.

El conflicto que se manifiesta hoy en Oaxaca se encuentra íntimamente ligado a esa situación, ya que la urgencia del PRI en el gobierno por imponer la normalidad ha provocado el descontento de miles de maestros y padres de familia. La sección XXII de la CNTE retoma la lucha con esas banderas en conjunción con las demandas anteriores no cumplidas.

Por la reconstrucción inmediata bajo control de los trabajadores y el pueblo

El desastre escolar es nacional, por lo que los maestros y maestras de la Sección XXII no deben quedar aislados. La dirección de la CNTE tiene que hacer un llamado al conjunto de los trabajadores de la educación, así como al resto de las organizaciones obreras y populares, a movilizarse unitariamente.

En primer lugar para exigir juicio y castigo a los empresarios y funcionarios públicos, responsables de la muerte de decenas de niños, maestras y trabajadoras en el Colegio E. Rébsamen de la CDMX, así como de cientos de personas en otros sitios colapsados. A la par, para exigir que la reparación o reconstrucción de las escuelas y viviendas sea inmediata y garantizada por el Estado, bajo supervisión y control de las organizaciones obreras, populares y de damnificados. Con recursos que deberían provenir de la expropiación de los bienes de todas las constructoras involucradas en casos de corrupción; de reducirle los sueldos a los altos funcionarios hasta que ganen lo mismo que una maestra; de impuestos progresivos a las grandes empresas y al negocio de la educación privada; y de no pagar la deuda externa.

No podemos confiar en los partidos y las corruptas instituciones del régimen, que buscan hacer pagar los costos del desastre que ellos mismos provocaron a los damnificados y al pueblo trabajador, para beneficiar con la “reconstrucción” a los dueños de las constructoras, inmobiliarias y otras grandes empresas.






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