Política

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Por detenciones en Plaza de Mayo: presentación y convocatoria en Comodoro Py

En la causa que persigue a 22 manifestantes detenidos en una marcha por Santiago Maldonado, las defensas ampliarán la apelación contra los procesamientos dictados por Martínez de Giorgi. Convocan a movilizar afuera del tribunal.

Eric Soñis

CeProDH

Lunes 20 de noviembre | 12:53

El día martes a partir de las 10:00 se ampliarán los fundamentos de la apelación contra los procesamientos que, semanas atrás, dictaminó el juez federal Martínez de Giorgi.

La presentación la realizarán los abogados defensores, varios de ellos integrantes de organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Se hará en Comodoro Py ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora deberá decidir si se continúa con la persecución contra los 22 manifestantes detenidos en la masiva movilización del viernes 1 de septiembre que exigía la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Leé también: Repudian el procesamiento de 22 detenidos en marcha por Santiago Maldonado

Para acompañar la presentación legal, afuera del tribunal se montará un escenario donde funcionará una radio abierta en la que participarán, junto a los organismos de derechos humanos, referentes y organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles.

Una jornada de denuncia contra una causa armada

Las pruebas sobre las que se construye esta causa judicial son las actas de detención de la Policía y el material fílmico. Las primeras demostraron ser en su mayoría falsas al consignar hechos, causas, lugares y horarios de detención erróneos e imprecisos. A una joven de 18 años, por ejemplo, le reprochan incitar a la violencia, arrojar bombas molotov y agredir a personal policial, pero la única prueba en su contra es un video de su detención rodeada por más 10 policías.

El material fílmico aportado a la causa fue producido exclusivamente por la Policía de la Ciudad. La fuerza represiva de Larreta, integrada por agentes que cumplieron funciones durante la dictadura militar, fue la encargada de elaborar la prueba con la que se dictaron los 22 procesamientos.

Además, el contenido de ese material fílmico fue producido en forma secreta por la Policía y solo pudo ser constatado por los abogados defensores luego de que el juez dictará los procesamientos.

Sobre estos elementos y en una causa de esta magnitud, que busca sentar un reaccionario precedente judicial contra la protesta social, Martínez de Giorgi se alinea con los objetivos represivos de Cambiemos.

Recordemos que se trata del mismo juez que había ordenado la detención de Hebe de Bonafini y luego instó a que los cuerpos legislativos investiguen y sancionen a los diputados que se manifestaron en Plaza de Mayo repudiando el intento de detención, como el caso de Nicolás del Caño y Myriam Bregman del PTS en el Frente de Izquierda.

Gobierno y poder judicial, unidos para criminalizar la protesta social

Los procesados fueron detenidos en el marco de un enorme despliegue represivo por parte de la Policía de la Ciudad en Plaza de Mayo, donde 250.000 personas exigieron la aparición con vida de Santiago Maldonado al cumplirse el primer mes de su desaparición.

Alejandrina Barry del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) recuerda que “para ese entonces, el gobierno nacional y sus medios adictos ya llevaban adelante un plan de negación del crimen de Estado ante la desaparición de Santiago Maldonado. Como parte de ese plan buscaron deslegitimar a la familia de Santiago y a los miles que exigíamos su aparición, por eso con la represión y las detenciones en Plaza de Mayo el gobierno intentó ocultar la masiva marcha por Santiago”.

Ya armada la causa y con los procesamientos dictados, el juez Martínez de Giorgi y el gobierno nacional buscan un fallo aleccionador para imponer graves delitos contra la protesta social. A su vez, buscan avalar operativos policiales ilegales, donde primero se hacen las detenciones y luego se arman los hechos, se buscan los delitos y se inventan las pruebas.

“En momentos en que el gobierno y sus aliados preparan un brutal ataque contra el pueblo trabajador y los sectores populares, tenemos la obligación de enfrentar este salto en la criminalización de la protesta. Quieren imponer un grave antecedente y un aval a la represión ilegal contra la bronca popular ante ajuste del gobierno”, señaló Alejandrina Barry.

Para repudiar esta causa ilegal y en defensa de la protesta social, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) convoca a Comodoro Py este martes a las 10:00 horas.








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