Política

Policías metropolitanos a juicio por tirar con balas de plomo

Tres policías de la Metropolitana, a juicio por el violento desalojo de la Sala Alberdi.

María del Carmen Verdú

militante de CORREPI en el ENA

Miércoles 15 de octubre de 2014 | Edición del día

Foto: Redeco

Por primera vez desde que se creara la Policía Metropolitana, tres de sus integrantes irán a juicio oral por triple homicidio agravado por haber sido cometido por integrantes de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa. Se trata de los oficiales mayores Gabriel Pereira de la Rosa y Miguel Antonio Ledesma, de la DOEM (División de Operaciones Especiales Metropolitanas), que, en la tarde y noche del 12 de marzo de 2013, dirigieron los grupos de combate de los que salieron los disparos con proyectiles de plomo que hirieron a Germán De Los Santos (DTL!) y Esteban Ruffa (AnRed), comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) que cubrían el operativo que intentó desalojar a la Asamblea de la Sala Alberdi en el centro Cultural General San Martín. También hubo un tercer herido, Mario C. Fumaroni, integrante de una biblioteca popular.

Los dos comunicadores se constituyeron como querellantes, promoviendo la acción penal contra funcionarios del GCBA y la policía Metropolitana y Federal, con patrocinio de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional). Tanto ellos, desde la querella, como la fiscalía, reclamaron por más de un año y medio que la jueza Wilma López, del Juzgado de Instrucción nº 38, indagara a los policías que fueron identificados como quienes portaban y dispararon escopetas Mossberg calibre 12/70 con munición de guerra contra los manifestantes y la prensa.
La jueza López intentó, a mediados de año, desligarse de la causa, remitiéndola a otro juzgado, con el argumento de que el ataque criminal debía ser investigado en conjunto con los restantes incidentes de la jornada. Poco antes de la feria judicial de invierno, la Cámara Criminal, con voto de los jueces Gustavo Alfredo Bruzzone, Mirta López González y María Laura Garrigós de Rébori, dio la razón a los querellantes y la fiscalía, y ordenó a la jueza de instrucción continuar con la investigación.

Así, la jueza debió ordenar la detención e indagatoria de los tres funcionarios policiales, y dictó luego su procesamiento y prisión preventiva. No resulta detalle menor que, ante esa circunstancia, los policías Acosta y Ledesma designaron, para ejercer su defensa, a los abogados del estudio Garcia Labat Musso Righi, hoy dirigido por el hijo y la esposa del ex Procurador General Esteban Righi y María José Labat, esposa del ministro de seguridad porteño Guillermo Montenegro. Es el mismo estudio al que José Pedraza convocó para defender a su sicario Favale después del crimen de Mariano Ferreyra, y que ha tenido como clientes a De Vido y su mujer; al matrimonio Kichner; al jefe del SMATA José Rodríguez y al propio Montenegro. El tercer imputado, Pereyra de la Rosa, eligió al abogado Juan Martín Cerolini, que fuera defensor del cura torturador Von Wernick y suele asistir a conocidos barras bravas de los principales clubes de fútbol.

La semana pasada, la Sala V de la Cámara Criminal debió intervenir nuevamente, esta vez a raíz de la apelación interpuesta por las defensas contra los procesamientos. Si bien unos días antes, como es habitual cuando el imputado lleva uniforme, se había otorgado la excarcelación, previo pago de una abultada fianza, a los tres policías, los camaristas confirmaron el procesamiento, abriendo así el camino hacia el juicio oral.
Los jueces concluyeron, después de revisar las constancias de la causa, que está probado que las heridas de Fumaroni, Ruffa y De Los Santos fueron efectuadas con postas de plomo; que los únicos que portaban armas apropiadas para disparar ese tipo de proyectil eran los imputados, y que el hecho de utilizar contra personas en una manifestación munición letal es suficiente prueba de la intención homicida. Destacaron, también, “la absoluta informalidad con que recibieron el armamento y lo devolvieron”, motivo por el que ordenaron a las autoridades de la Policía Metropolitana que “confeccionen de manera urgente un protocolo para la reserva de armas vinculadas a hechos de estas características, así como también una regulación estricta en la entrega y devolución del armamento y municiones”.

También se confirmó el inicio de una nueva causa, por el delito de acopio y tenencia de munición, contra el oficial mayor Pereira de la Rosa, en cuyo domicilio se secuestró un imponente arsenal, con armas cortas y largas, chalecos antibala y centenares de proyectiles de todo tipo, incluyendo muchos de uso prohibido aun para fuerzas de seguridad, que el hoy policía metropolitano trató de justificar diciendo que “le sobraron” de cuando revistaba en el GE1 (Grupo Especial del Cuerpo de Guardia de Infantería) de la policía federal. Vale señalar que también Ledesma proviene de lso grupos especiales de la PFA, mientras que Acosta revistó por 10 años en el bonaerense Grupo Halcón.

Finalmente, los camaristas recogieron la denuncia efectuada por la querella en la audiencia en cuanto a la identidad de lo ocurrido en este caso con otras represiones protagonizadas por la fuerza policial municipal. Dijeron los jueces: “No puede dejar de remarcarse, como lo hizo la Dra. Verdú, la similitud que se advierte entre lo investigado en estas actuaciones y el caso (…) en el que se investigaron los homicidios y lesiones que tuvieron lugar durante el desalojo de los terrenos del Parque Indoamericano”.

Mientras la querella sigue exigiendo que se investigue la participación de los comisarios Carnero y Calviño de la Policía Federal, que garantizaron, como en el Indoamericano y el Borda, el perímetro de contención, y contra los funcionarios del GCBA -Mauricio Macri, Guillermo Montenegro y Hernán Lombardi- que dirigieron el operativo, la Metropolitana deberá responder, más temprano que tarde, y por primera vez, por la tentativa de homicidio calificado de los trabajadores de prensa.







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