Política Chile

ABORTO EN TRES CAUSALES

Polémica: 11 hospitales ligados a la iglesia no podrán realizar objeción de conciencia institucional

Normativa impide que hospitales que reciben aportes estatales se acojan a ese recurso.

Miércoles 7 de febrero

Durante el pasado fin de semana se dio a conocer la nueva normativa del Protocolo de Objeción de Conciencia de la ley de aborto, en donde se estipula que aquellos recintos privados con aporte estatal que entregan prestaciones del Auge/Ges, o donde no hay cobertura de la red pública, y cuyo convenio incluya prácticas ginecológicas y obstétricas no podrán invocar objeción de conciencia institucional.

Esta normativa aplica a 11 hospitales, de los cuales 5 habían interpuesto recursos de objeción de conciencia institucional: Hospital Clínico UC, Hospital San Francisco de Pucón, Hospital Padre Bernabé de la Lucerna (Panguipulli), Hospital Parroquial de San Bernardo y Hospital San José de Puerto Varas, siendo estas instituciones dependientes de la iglesia, quienes históricamente se han opuesto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con sus políticas conservadoras.

Incluso después de dada a conocer la nueva normativa, el obispo Juan González, quien tiene a cargo al Hospital de San Bernardo, ha declarado su descontento, indicando incluso que este protocolo se puede incumplir. Pareciera ser que la iglesia aún piensa tener el poder de hacer cumplir lo que estime conveniente en concordancia con sus políticas y su “proyecto de vida cristiano”.

A pesar de que el nuevo decreto impide que las instituciones se opongan a realizar abortos según lo estipulado por la ley, el personal de salud que realiza el procedimiento sí puede apelar objeción de conciencia, por lo que podrían presentarse objeciones colectivas influenciadas por las direcciones de los establecimientos.

Hospital Clínico UC: Bordeando lo legal.

En el caso del Hospital Clínico de la Universidad Católica, el rector Ignacio Sánchez para el diario La Tercera declaró que a pesar de tener convenios con el Fondo Nacional de Salud, estos NO contemplan prestaciones ginecológicas ni obstétricas, pudiendo acogerse a la objeción sin problemas. Sin embargo el recinto sí recibe subvenciones estatales para distintas prácticas y está adscrito al programa PAD Parto, en el que Fonasa financia el 75% del total de los nacimientos.

Nos encontramos entonces con que a pesar de que el Hospital sí tiene dentro de sus servicios prácticas gineco-obstétricas que incluyen seguimiento del embarazo y reproducción humana, y de que sí reciben aportes estatales en parte de esta área, no estarán incluidos dentro del decreto, cerrando la puerta a las mujeres de ejercer este mínimo derecho dentro de la institución que ellas estimen convenientes.

Al respecto Karla Peralta Díaz, ex Presidenta del Centro de estudiantes de Medicina de la universidad de Antofagasta y militante de Pan y Rosas señaló: “Me parece inaceptable se pongan frenos al aborto en 3 causales, que corresponde a un mínimo derecho ganado por la movilización de miles de mujeres. Peor aún es que centros formadores de médicos, como la PUC, se ponga a la cabeza de estorbar la realización del aborto en Chile, ya que, además de cerrar las puertas a las mujeres, sesga el conocimiento de aquellos que estudian en su escuela de medicina. Esto abre la necesidad de exigir la separación efectiva de la Iglesia y el Estado, así como también una educación gratuita que sea laica y no sexista, para que los conocimientos dejen de estar impregnados de la doble moral conservadora de las Iglesias.

Proyecto 3 causales: Se sigue lejos de alcanzar nuestros derechos.

A pesar de que la nueva resolución implica un avance para poder ejercer esta pequeña victoria de las mujeres, sigue muy distante de la verdadera necesidad: Aborto libre, legal, seguro y gratuito. Hasta ahora la ley sólo despenaliza el aborto para el 3% - 5% de los casos, siendo la población de mujeres más precarizadas las verdaderas afectadas, ya que no poseen los recursos para abortar en una clínica privada o viajar al extranjero a atenderse, realizándose abortos clandestinos que ponen en peligro sus vidas y donde además corren el riesgo de ir a la cárcel.

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.”

La futura ministra de la Mujer y Equidad de Género Isabel Plá, quien declara estar “muy en contra del aborto” ya ha manifestado que respetará la ley y que se enfocará en su implementación, pero esto no asegura nada y además nos deja en claro que no habrán más ganadas de este derecho, quedando lejos las esperanzas de alcanzar el aborto libre.

Pero esto no significa un freno, debemos seguir movilizándonos en las calles, como se hizo para conquistar las mínimas 3 causales, oponiéndonos al nuevo gobierno de derecha que puede poner una retroexcavadora en nuestras victorias.

El aborto libre, legal, seguro y gratuito es posible. La excusa no puede seguir siendo, además de la moral, la falta de recursos. Ya hemos visto como la salud en nuestro país ha caído bajo la lógica del gran mercado, siendo quienes tienen mayor poder adquisitivo, los únicos que realmente tienen acceso a atención de calidad.
Galia Aguilera, ex candidata a diputada por el distrito 3 y militante del Partido de trabajadores revolucionarios nos comenta: “Garantizar el acceso a la salud y distintos tratamientos sólo será posible poniendo a disposición las grandes riquezas del país, que hoy son saqueadas descaradamente por el empresariado nacional y extranjero.

La directiva de la CORFO plantea que el estado no puede hacerse cargo, ya que los “únicos buenos” para hacer inversiones y trabajar los recursos naturales es el gran empresariado, en vez de hacerse cargo de la explotación de un recurso tan cotizado como es el litio. Codelco, quien a pesar de tener una lógica de mercado, ya que sus gerencias ganan millones, es quien más recurso entrega al estado dentro de la minería. Si Codelco lo hace, imagina si fuera replicado en todas las empresas que explotan hoy nuestros recursos.”

Debemos luchar por defender nuestros recursos naturales, no permitir que las grandes empresas sigan saqueando el país, repitiéndose ahora la historia del cobre con el litio, mientras no tenemos los suficientes recursos para asegurar salud, educación, vivienda ni vejez.






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