Géneros y Sexualidades

SOCIEDAD

¿Plata para educación sexual o escuelas para el Vaticano?

A casi un año de la masiva marcha del 3J por Ni una Menos, la educación sexual en las escuelas, sigue siendo materia pendiente. Tanto el PRO como el FPV, de la mano de la Iglesia, obstaculizan la aplicación de la Ley de Educación Sexual. Mientras tanto, cientos de mujeres mueren por abortos clandestinos.

Marilina Arias

Docente CABA Miembro del Consejo Directivo de Ademys

Julieta Azcarate

Congresal de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)

Miércoles 1ro de junio de 2016 | Edición del día

En el año 2006 se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, con un espíritu progresivo. Impulsando el diálogo entre docentes, alumnos y las familias, esta ley promueve la educación sexual integral a lo largo de todos los espacios educativos, desde el nivel inicial hasta la finalización de la escuela secundaria.

Sin embargo, a pesar de su sanción hace ya ocho años, en la mayoría de las escuelas públicas de todo el país no se ha llegado a implementar.

En el 2014 el Gobierno de la CABA destinó para esta ley apenas un 0,001% de su presupuesto. ¿Cómo podrían ser suficientes los recursos para su implementación con un presupuesto tan miserable? No hay capacitación en servicio para los docentes, ni una política unificada para el conjunto de las escuelas públicas, sumado a la pobre o nula formación en los institutos de formación docente.

Queda en la voluntad de cada escuela y cada docente enseñar educación sexual a sus alumnos, con la decisión y el tiempo de realizar cursos de formación para obtener algunas herramientas.

Estado e Iglesia, un matrimonio bien avenido

Existe un enorme obstáculo para la implementación de la ley: la injerencia de la Iglesia en el Estado y la educación pública. Durante los 12 años de gobierno K, se mantuvieron buenas relaciones con la Iglesia. Con el gobierno de Macri, el Papa estuvo reticente a tener gestos políticos de acercamiento: se manifestó en contra de los despidos y a favor de la movilización de las centrales sindicales el 29 de marzo. Sin embargo, envió una carta para el 25 de Mayo al actual presidente donde expresa su apoyo.

Por su parte, Macri, no escatima gestos para ganarse la simpatía del Vaticano: a principios de esta semana lanzó el Decreto 711/2016, en el que la Jefatura de Gabinete de la Nación decide el otorgamiento de un aporte financiero de más de 16 millones de pesos para implementar en algunas escuelas porteñas el programa Red Mundial de “Scholas Ocurrentes”, una especie de catequecis encubierta para estudiantes secundarios, medida que profundiza la violación del principio de laicicidad de la educación pública.

¿Qué presupuesto va a destinar el gobierno para la ESI si está más dispuesto a financiar los programas de la Iglesia que garantizar la educación sexual en las escuelas? Estos millones podría invertirlos en construir más escuelas, en infraestructura, en programas y capacitaciones en servicio para las y los docentes sobre educación sexual integral. En lugar de destinar millones a subsidiar la educación privada religiosa, y continuar ajustando a la educación, con el presupuesto más bajo de la historia, y cientos de despidos en programas educativos.

Con la cantidad de dinero que se destina a mantener a curas y obispos, que además se exime de impuestos a las propiedades de la Iglesia, podrían financiarse programas como el de Salud Sexual y Reproductiva, que el macrismo también avanzó en desmantelar.

Desde el kirchnerismo al macrismo

Hace años que la Iglesia mantiene su lugar privilegiado en la educación pública. La obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica en Salta, Tucumán y Catamarca, así como la derogación del artículo 8 de la ley 1420, que establecía la laicidad de la educación pública (aunque con ciertas limitaciones), sancionada por el FPV, el PRO y la UCR, a propuesta de Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta y miembro del Opus Dei, son ejemplos de esto.

En Tucumán, el peso de la Iglesia y “su educación” se manifiesta de forma brutal en casos como el de Belén, la joven que está presa por haber tenido un aborto espontáneo en un hospital público, donde el equipo médico violando la confidencialidad, con el apoyo de la policía y la Justicia, y con el visto bueno del ex gobernador Alperovich y el actual gobernador del FPV Manzur (ex ministro de Salud de CFK), le armaron una causa y la condenaron recientemente a 8 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. En esta provincia, esta triada contra las mujeres se expresa en la negación al derecho a la Salud Sexual y Procreación responsable, tal como lo establece la ley 25673 a la que Tucumán no adhiere.

Mientras tanto, miles de mujeres siguen sin acceder a métodos anticonceptivos, sin conocer cómo cuidarse; miles de mujeres siguen muriendo por abortos clandestinos. Un derecho al que Cristina se opuso, y cuyo proyecto del Ley será presentado este año por sexta vez en el Congreso por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
Por su parte, Macri demostró su agenda en materia de género a pocos meses de asumir, avanzando en la conquista del protocolo de aplicación del derecho al aborto no punible en CABA, gracias a lo cual entraría en vigencia un protocolo reaccionario (resolución 1252/12) para su atención en los hospitales de la Ciudad.

Desde la banca de Patricio del Corro, legislador por el PTS en el Frente de Izqueirda, se ha promovido una declaración que repudia y rechaza este fallo de los jueces Hugo Ricardo Zuleta y Esteban Centanaro y se presentó un Proyecto de ley por el derecho al aborto no punible con amplio apoyo.

A un año del 3J “nos sobran los motivos”

Desde la banca de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, diputados por el PTS en el FIT y las legislaturas provinciales, se presentó hace una año el proyecto de Ley de Emergencia contra la Violencia hacia las mujeres. Lamentablemente, no sólo no se ha tratado ninguno de estos proyectos que apuntan a mejorar la situación de las mujeres demostrando la voluntad de los bloques políticos mayoritarios, sino que además con el cambio de Gobierno, los presupuestos continúan ajustándose. Este 2016 el presupuesto para el Consejo Nacional de la Mujer encargado de aplicar la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, es tan sólo el 0,0055 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer.

A casi un año de la marcha en la que miles gritaron Ni una Menos, miles volverán a movilizarse. Porque sigue muriendo por femicidios una mujer cada 30 horas; porque mueren 300 mujeres por abortos clandestinos al año; porque se reciben entre 3 y 4 denuncias diarias por desaparición por trata, y la Ley de Educación Sexual no se implementa en las escuelas. El Estado, sus gobiernos e instituciones como la justicia y las fuerzas represivas, así como la Iglesia, junto a los grandes medios de comunicación continúan demostrando su voluntad por mantener la opresión de las mujeres. Ellas este 3 de junio volverán a demostrar su voluntad de hacer visible esa opresión al grito de: “Ni Una Menos. Si tocan a una, nos organizamos miles”.








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