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Plan Bolonia: la formación de la “casta universitaria” neoliberal

Hace 10 años las aulas y facultades vibraron al calor de las protestas antibolonia. Como señalábamos en la primera parte de este artículo, con la implantación del Plan Bolonia la "casta universitaria", sus representantes políticos y empresariales (la “troika universitaria”), se propusieron avanzar hacia una universidad neoliberal tendiente a la desmasificación y desdemocratización social y política.

Carlos Muro

Zaragoza | @muro_87

Miércoles 5 de septiembre | 19:14

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La “troika universitaria” pretendía avanzar lo antes posible en la “anglosajonización” desde la implantación de Bolonia y “re adecuar” la universidad (y el sistema educativo en general) a las necesidades del mercado globalizador. Pero la incertidumbre que provocó la crisis del capitalismo y factores endógenos y exógenos nos hacen pensar que no es un proceso ni lineal ni rápido (ni lo ha sido hasta ahora), sino que está (inter) condicionado por los acontecimientos políticos y del régimen político, la lucha entre las clases y la evolución de la crisis económica y el “estado de ánimo” del mercado en general. Con este artículo tan solo pretendemos hacer un escueto enunciado sobre algunos elementos de la "casta universitaria", la relación con los empresarios y los centros de investigación. Necesitaríamos de un estudio profundo para abordar mejor el tema.

La "casta universitaria" con el Plan Bolonia

Una de las características del Plan Bolonia y la Ley Orgánica de Universidades (LOU) -adaptación de la educación superior española al Proceso de Bolonia- durante estos años es que facilitó una mayor subordinación de los consejos sociales universitarios al mercado y a los distintos partidos del régimen político. Los consejos se transformaron en verdaderos “consejos de administración” para atar lo más posible la universidad a las necesidades y disciplina de los empresarios, además de servir de “puertas giratorias” para tecnócratas catedráticos y para empresarios o políticos tipo “Cifuentes”.

En comparación con la aristocracia universitaria de principios del siglo XX, esta reconfiguración neoliberal de las universidades ha desarrollado una "casta universitaria" mil veces más conservadora y dependiente del Estado y de los beneficios empresariales y, por tanto, de las fluctuaciones del mercado y las decisiones políticas del Estado con el propósito de seguir afianzando su privilegiada y minoritaria posición frente a la mayoría de la comunidad universitaria.

A raíz del proceso “bolonizador”, viene bien recordar como la "casta universitaria" de la etapa neoliberal tuvo su “génesis” en el pacto entre “nuevos demócratas” y franquistas del recién instaurado régimen en 1978, permaneciendo la “vieja intelectualidad” franquista –ningún rector ni alto cargo franquista universitario fue juzgado- al mismo tiempo que se integraba una capa de intelectuales a favor de la nueva “democracia” para ricos nacida del consenso del 78. Se podría decir que todo nuevo régimen político –y por tanto de la clase social que lo sustenta- necesita inevitablemente de una capa de intelectuales que lo justifiquen. El plan Bolonia en 2008 provocó un reajuste estrechando los lazos –algunas veces poco claros entre la "casta universitaria" y la clase empresarial- entre el mercado, la casta ya existente y el régimen político.

El comunista italiano Antonio Gramsci escribió que “todo grupo social que surge sobre la base original de una función esencial en el mundo de la producción económica, establece junto a él, orgánicamente, uno o más tipos de intelectuales que le dan homogeneidad no sólo en el campo económico, sino también en el social y en el político. El empresario capitalista crea consigo al técnico de la industria, al docto en economía política, al organizador de una nueva cultura, de un nuevo derecho (…) A su vez, el obrero instituye al organizador sindical, al revolucionario profesional y, también, a organizadores de una nueva cultura, etcétera”. (La formación de los intelectuales. México, Grijalbo, 1967, p. 21). El plan Bolonia, siguiendo esta conceptualización, aportó al fortalecimiento de la “intelectualidad orgánica” del periodo neoliberal.

El 19 de julio de 2002 se da una vuelta de tuerca a la ya de por sí organización endogámica universitaria (y reproductora de nueva casta) y por orden del gobierno y establecido por la LOU se crea la fundación “Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación” (ANECA) dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del que forma parte.

Según su texto original, su objetivo es “convertir la enseñanza universitaria en excelente y adaptarla a las necesidades de las empresas.” Para ello, continúa el texto, “se han analizado y se están analizando, a través de numerosas investigaciones en el mercado de trabajo, cuáles son los requerimientos actuales de las organizaciones empresariales. Las universidades, por su parte, adaptarán sus planes de estudio y métodos de aprendizaje a dicho catálogo de competencia.”

Esta agencia es la encargada de seleccionar quien es parte de “la casta”, es decir, acreditar y calificar la actividad académica e investigadora (por sexenios) y si un profesor es catedrático. En 2017 los criterios se endurecieron brutalmente. No solo se multiplicaron el número de áreas evaluadas (21) sino que prima el número de publicaciones en revistas de impacto y el número de citas sobre la docencia. Si antes el aspirante a catedrático del área de Ciencias, por ejemplo, necesitaba al menos 40 publicaciones en revistas reconocidas internacionalmente, ahora varía entre las 35 que se les exige a los que aspiran a ser catedráticos en Matemáticas y las 50 de los casos de Física o Química, en Ciencias Sociales antes eran 16 artículos o en Derecho ahora son necesarias cuatro monografías, 15 capítulos de libro y 15 artículos, según explica un artículo publicado en el Heraldo de Aragón.

Los criterios se han endurecido tanto que, para ser parte del “selecto club de la casta”, los 23 científicos y científicas que ganaron el premio Nobel en los últimos diez años no pasarían el corte, como comenta otro artículo publicado en El Confidencial.

De esta manera se preserva y profundiza una casta endogámica y privilegiada. Una “casta artificial”, como diría Marx, de la que forman parte todos aquellos cargos burocráticos prescindibles de la universidad, que han servido de base social y de cantera de cuadros políticos de los grandes partidos del régimen político: Rectores, Vicerrectores, Secretarias Generales, Gerentes y miembros del consejo social como representantes del Gobierno de las Comunidades Autónomas, de las cortes de cada territorio, de los ayuntamientos de cada ciudad y de las organizaciones empresariales y de la burocracia sindical, miembros de las comisiones universitarias, presidentes de consejos de gobierno, Decanos de Facultades y vicedecanatos, Directores y subdirectores de Escuelas doctorales, de Departamentos y de Institutos Universitarios de Investigación.

Todos estos cargos han estado acaparados, sobretodo, por el sector de catedráticos, una minoría que no representa más del 15% de los profesores y detenta el poder político e ideológico de las universidades españolas, de lo que se investiga y de lo que no. Por ejemplo, en universidades como en la Rey Juan Carlos hay 116 catedráticos, 457 titulares y 414 asociados. En la Universitat Jaume I: 130 catedráticos, 295 titulares y 110 asociados. En la Universidad de Alicante hay 942 profesores asociados, 209 catedráticos y 535 titulares. En Zaragoza hay 1.178 profesores titulares, 298 catedráticos y 1.935 contratados. Son un sector minoritario que obliga al resto de profesores titulares y asociados a competir y depender de este sistema vasallístico -amparado por el estado- para mejorar su posición.

Como escribió Trotsky en “Literatura y Revolución”, “la parte más relevante e influyente de la intelligentsia vive a cuenta del beneficio industrial, de la renta agraria y del presupuesto del Estado, en situación de subordinación directa o indirecta de las clases capitalistas o del Estado capitalista”. Una evaluación hecha hace 94 años, pero que mantiene toda su vigencia.

Las universidades, los “centros de investigación a bajo coste” de los empresarios

Un Informe de 2015 de la Cámara de Comercio española con el título “Nuevas Formas de Cooperación entre Universidades y Empresas” divulgó los resultados de una encuesta realizada a 74 empresas pertenecientes a los sectores industrial, servicios y nuevas tecnologías. El 58% de ellas reconocía haber tenido algún tipo de colaboración con la universidad a la hora de contratar estudiantes, cubrir plazas de prácticas en la empresa. Casi el 30% de las compañías que han participado en el estudio afirmaron colaborar de manera frecuente con las oficinas de orientación profesional universitarias. Al mismo tiempo, la participación del staff de las empresas en actividades de investigación, docencia o estudios dentro de la universidad es frecuente entre las empresas encuestadas pertenecientes a la industria (64%) y los servicios (52%). Por ejemplo, el 41,3% de las empresas de la muestra ha realizado algún tipo de cooperación para impulsar nuevas empresas a través de la universidad, las llamadas spin offs y startups. Prácticamente el 20% del profesorado de la muestra ha colaborado en las mismas empresas. En materia de investigación, por ejemplo, casi la mitad de ellas afirma tener líneas de colaboración con las universidades en materia de I+D.

¿Cuáles son los mecanismos de colaboración entre las empresas y la universidad? Los Organismos Públicos de Investigación (OPI), como la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y todas las instituciones o centros de investigación que existe en cada universidad. Como explica la Cámara de Comercio, “el grupo de investigación situado en la universidad investiga y desarrolla el prototipo que, posteriormente, pasa a la empresa para su desarrollo y transformación en la versión comercial. El objetivo de esta colaboración es competir en el mercado global, no se circunscribe únicamente al mercado local o nacional”.

Pongamos algunos ejemplos. En el sector de la informática tenemos el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, dirigido por el Ministerio de Educación y Ciencia, la Generalitat de Catalunya y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), junto con empresas como IBM, Intel, GPU y Repsol. O el Instituto de ciencia y tecnología para el desarrollo de mejor software, vinculado a Telefónica.

La producción de fármacos, por su parte, está vinculada a la investigación universitaria controlada por monopolios –de investigación, fabricación y comercio- como Farmaindustria, que es la que elije qué medicamentos se fabrican, cuáles no y a qué precios. “Muchas de las grandes farmacéuticas han cerrado sus investigaciones sobre antibióticos porque curan a la gente y lo que estas empresas quieren es un fármaco que haya que tomar toda la vida. Puede sonar cínico, pero las farmacéuticas no quieren que la gente se cure”, decía en 2009 el Premio Nobel de Química, Thomas Steiz.

También el sector editorial saca tajada: cinco empresas controlan el 85% de la producción editorial de material escolar. En las universidades a distancia como la UNED, el negocio de manuales ha generado un mercado de 20 millones de euros para los catedráticos. Un informe interno elaborado por un grupo de profesores críticos plantea que "un profesor de una universidad presencial puede tener 100 alumnos, así que si hace un manual, se garantiza que vende a lo mejor 50. Tiene que buscar que sirva para otras universidades”.

Cuestionar permanentemente la estructura social y política de la universidad es, en última instancia, cuestionar los intereses de los gobiernos de turno y los intereses de los empresarios y la banca. Como rezaba el lema del mayo francés, “del cuestionamiento de la universidad de clases a la crítica de la sociedad de clases.

Por ello, para transformar la universidad, es necesario un nuevo criterio, radicalmente democrático, para concebir un nuevo tipo de universidad, una red única de universidades públicas y gratuitas financiadas con los impuestos de los más ricos.

La eliminación de toda la “casta universitaria”, de todos los privilegios económicos y políticos por ser del “selecto club”, es el primer paso hacia un modelo en el que todas las decisiones pedagógicas, laborales, políticas, sindicales o culturales sean tomadas por asambleas que representen a todos los sectores de la universidad bajo revocabilidad y sin ostentar ningún tipo de privilegio por ser “representante” (PDI, PAS, personal laboral, estudiantil, sindical o político). De esta manera podremos avanzar a un nuevo tipo de universidad.






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